El colectivo de repobladores ‘Fraguas Revive’ ha lanzado una encuesta dirigida a la sociedad, tanto de esta zona de la provincia de Guadalajara como de todo el país, para conocer la opinión ciudadana sobre el proyecto que llevan a cabo en este monte público del término municipal de Monasterio, en el Parque Natural de la Sierra Norte. Actualmente, esta zona, declarada como “Despoblado” está pendiente de desalojo y demolición parcial por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en ejecución de la sentencia judicial que condenó a seis de los repobladores. Actualmente, permanecen allí una docena de personas que defienden los trabajos de repoblación realizados.
En la encuesta, el colectivo plantea preguntas para conocer cómo percibe la sociedad la labor que allí desarrollan o puntuaciones sobre su trabajo en la zona, desde “muy negativo” hasta “muy positivo”. También plantean a la gente si conocía la zona antes de que se repoblara o los procedimientos judiciales de la Junta por este caso.
Asimismo, quieren recabar la opinión sobre si el Gobierno de Castilla-La Mancha debería permitir la repoblación del monte público y preguntan sobre si los pueblos abandonados deben ser considerados Monte Público sin poder habitarse o sería mejor repoblarlos. Y sobre el papel de la Administración regional, preguntan si el Ejecutivo ha tenido un papel activo en la conservación del Patrimonio Rural en general y el de Fraguas en particular.
Por último, el colectivo interpela sobre “otros intereses” del Gobierno regional en el derribo y demolición de Fraguas, como la caza, la explotación forestal, la protección del patrimonio o la conservación medioambiental. Y también, en el caso de que se debiera repoblar, la pregunta es si el proceso deberían llevarlo a cabo empresas inmobiliarias, movimientos sociales de repoblación rural o el propio Estado.
‘Fraguas Revive’ está actualmente a la espera de una posible orden de demolición de sus construcciones, en ejecución de la sentencia de 2018, después de que se suspendiera la prevista en marzo, que se inició de oficio por parte de la Administración. El Gobierno castellanomanchego sigue recabando información sobre la zona a través de sus agentes medioambientales y, en paralelo, se ha iniciado otro procedimiento judicial debido a la continuación de las construcciones. Desde el colectivo siguen denunciando el “acoso” de la Administración autonómica y pidiendo que no haya demolición porque afectará al patrimonio de la zona.