El presidente del PP de Toledo, Arturo García-Tizón, se ha referido a la Comisión de Investigación de la Diputación provincial que está dirimiendo si el uso que él mismo como presidente de la institución hizo de los pisos de la calle Cardenal Cisneros estuvo dentro de la legalidad, ante lo que ha asegurado que podría haber hecho uso de esos pisos de manera “permanente” y aún así hubiera actuado “dentro de la legalidad”.
Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa, donde ha insistido que no había ningún motivo para crear esta Comisión. “Era una vivienda de Presidencia usada por el presidente, como por otros presidentes anteriores”, ha enfatizado.
Acusa a Ciudadanos de propiciar un “juicio político”
Acusa a Ciudadanos de propiciar un “juicio político”Sobre este asunto, ha lamentado que la Presidencia de esta Comisión, ostentada por el diputado de C's, Antonio López, haya reclamado el pasado lunes que este mismo jueves a las 12.00 horas el Grupo Popular tendría que presentar sus conclusiones para debatirlas el 8 de marzo. “Choca que se marque un plazo de 72 horas pero que luego la Comisión disponga de cinco para estudiar esa conclusiones”, ha criticado.
En todo caso, ha subrayado que el fin de esta Comisión por parte de C's “era solo propiciar un juicio político sobre la actuación del anterior equipo de Gobierno para justificar lo injustificable, que era el fraude electoral de Antonio López” al apoyar al PSOE para gobernar la institución.
El PP acude a los tribunales para denunciar “falta de información”
El PP acude a los tribunales para denunciar “falta de información”Además, Arturo García-Tizón, ha anunciado que el Grupo Popular en la Diputación de Toledo ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el equipo de Gobierno de la institución provincial porque, según ha dicho, hasta en seis ocasiones no ha facilitado información sobre las contrataciones realizadas desde el mes de julio, cuando el PSOE tomó posesión al frente de la entidad.
“No ha sido facilitada la información, por lo que se está vulnerando el derecho de participación política que recoge el artículo 23 de la Constitución”, ha lamentado. En esta línea, se ha preguntado si el equipo de Gobierno oculta algo al denegar esta información, al tiempo que ha afirmado que se teme que “detrás de esta falta de respuesta lo que hay realmente es una contratación sectaria y partidista de personas vinculadas con el actual equipo de Gobierno de la Diputación”.