Cuando Marta (nombre ficticio) recibió la noticia, entró en shock. “Iba a las revisiones sola, porque había pandemia. Y me dijeron que el bebé venía mal, que tenía un cromosoma de más. Yo tenía clara mi decisión de interrumpir el embarazo, pero una y otra vez que me hacían dudar”, explica a este diario.
A pesar de que ya había insistido en el Hospital de León en que si el niño tenía malformaciones no quería continuar con el embarazo, su ginecólogo le llamó para ofrecerle hablar con un genetista o con un pediatra sobre cómo sería ese bebé si cambiaba de idea. Marta asegura que no se sintió “presionada”, pero sí recuerda que estaba “emocionalmente destrozada”. “No me sentí presionada, pero yo les decía: 'ya os he dicho que no quiero tenerlo'' y esa llamada no me gustó”, expone.
El 10% de los abortos de Castilla y León fueron embarazos deseados que tuvieron que interrumpirse por el grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, por anomalías graves o incompatibles con la vida o por enfermedad grave del feto. Estas mujeres se sienten desprotegidas y vulnerables en un sistema que no les garantiza la intervención en sus hospitales públicos. “Te echan del sistema”, protesta Cristina Romero, de la asociación A Contracor, que apoya a las mujeres que sufren este y otro tipo de pérdidas gestacionales.
Tienes la sensación de que eso es una fábrica: pumpum, fuera y la siguiente
En Castilla y León solo hay dos hospitales públicos que realicen interrupciones del embarazo: el comarcal de Miranda de Ebro atiende interrupciones quirúrgicas y farmacológicas desde hace diez años, y el HUBU (Burgos) cumple este mes un año de interrupciones farmacológicas (hasta la semana 9 de gestación). Para todo lo demás, las mujeres acuden a las únicas cuatro clínicas privadas que tienen autorización de Sanidad para realizar abortos.
“Un miniparto sin llevarte el premio a casa”
“Te despiertas, vomitas y a casa. Tienes la sensación de que eso es una fábrica: pumpum, fuera y la siguiente”, lamenta Elsa (nombre ficticio), que tuvo que interrumpir su embarazo en la semana 12. Marta tiene todavía grabadas las palabras del médico que le atendió en la clínica: “Lo que me trastornó fue cómo me trataron: me sentí reñida porque me dijeron que no estaba de 19 semanas como decía mi ginecólogo, sino de 20 y me hicieron volver días más tarde. Además, el ginecólogo me dijo que era como un ”miniparto“ pero sin ”llevarte el premio a casa“. no sabía ni qué responderle”.
Marta vivió un proceso muy complicado, con unos resultados de la amniocentésis que fueron negativos para la Sanidad pública y positivos para la privada, por lo que tuvo que esperar dos semanas más hasta que los resultados definitivos confirmaron la malformación y ella pudo, por fin, ejercer su derecho. “Todos los días miraba la app de Sacyl esperando los resultados mientras crecía dentro de mí y notaba sus patadas. Fue un infierno”, recuerda con emoción esos meses de 2021.
Me dijeron que la psicóloga del hospital era para otras cosas
Elsa lamenta que los servicios sean objetores de conciencia en bloque: “El mismo ginecólogo que te dice que el feto tiene una malformación incompatible con la vida te dice que no te puede operar. Te sientes desbordada y no sabes ni lo que te están contando... Quieres terminar lo antes posible”.
Además, la Junta de Castilla y León solo ha financiado el 57% de las intervenciones en 2021, según informa Sanidad en su último informe. De los 258 abortos por riesgo para la mujer o el feto, solo tres se realizaron en un centro hospitalario público. Tampoco hay un protocolo de atención psicológica (ni recursos) para atender a estas mujeres si lo necesitan. En Burgos, solo dos de los 35 abortos clínicos fueron realizados en un hospital público en 2021, año en el que solo realizaba interrupciones el Hospital de Miranda de Ebro.
Marta asegura que la trabajadora social que llevó su caso se portó “súper bien”. Ella intentó que le viera un psicólogo de la Sanidad Pública pero le dijeron que la psicóloga del hospital era para “otras cosas”; y Marta tuvo que recurrir al servicio privado. “A las tres o cuatro semanas de la interrupción tenía revisión en mi centro de especialidades y la médica me preguntó, sin mirarme siquiera, por mi última regla para saber de cuántas semanas estaba. La enfermera tuvo que avisarla y entonces la médica levantó la mirada de la pantalla. Y se acabó. Nadie más volvió a preocuparse por mí”, lamenta esta joven leonesa.
Sin seguimiento psicológico
Tampoco hubo un seguimiento para Elsa, que lamenta que desde la clínica tampoco hubiera respeto por su duelo y cómo nadie le ofreció ver el cuerpo de su hijo. “En ningún momento nos ofrecieron apoyo psicológico. La clínica de reproducción asistida con la que habíamos estado me llamó cinco meses después por si necesitaba ayuda psicológica, imagino que pagando”, afirma esta mujer, que decidió ir a una clínica de Valladolid porque las de Salamanca no la convencieron.
“La clínica e Valladolid dista mucho de ser un hospital, pero era mejor que otras, que tenían pocas garantías sanitarias y te pedían el dinero en efectivo”, agrega. Una de cada diez interrupciones controladas por Sanidad se realizan fuera de Castilla y León. Además, las mujeres no pueden ejercer su derecho al aborto en Zamora, Segovia, Ávila, Soria ni Palencia porque no hay ni hospitales ni clínicas disponibles. Es otra de las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres, que tienen la sensación de que acuden.
Es algo que no olvidas nunca pero aprendes a vivir con ello
Un profesional del Servicio de Ginecología del Hospital de Miranda de Ebro —que prefiere mantener el anonimato— defiende el trabajo psicológico que se hace desde el centro. “Están en shock. Muchas de ellas no reaccionan, solo se dejan llevar. Están arropadas en el hospital: les ponemos una mariposa en la puerta, les damos una cajita con recuerdos... el problema viene cuando están en casa y se ven solas. Muchas piden ayuda psicológica entones, quieran o no continuar con este tipo de embarazos”, explica. Además, los psicólogos realizan después un seguimiento tras el alta.
Elsa recuerda que tuvo que llevar ella los papeles a la gerencia de área y que en la clínica la hicieron una nueva ecografía. “Son trámites que no debería haber.
Marta disfruta ahora con su pequeña, aunque todavía “los fantasmas vuelven”. “Es algo que no olvidas nunca pero aprendes a vivir con ello”, asegura. Aunque no sepan de dónde sacan la fuerza y las haya defraudado el sistema público, ellas tiran para adelante como pueden. Por ellas y por los suyos; por lo que han perdido y lo que ganarán en el futuro, al que miran con la esperanza de que cada vez menos mujeres tengan que vivir lo que ellas pasaron.
Cristina Romero, que tuvo que interrumpir dos embarazos por motivos clínicos, no se muestra a favor de que el médico proponga escuchar el latido fetal o una ecografía 4D. “Nosotras vemos que [en la propuesta de Vox] hay una intencionalidad de intentar que la mujer cambie de opinión. Una cosa es que la mujer solicite escuchar el latido, porque a lo mejor le sirve en el proceso de duelo, pero no que el médico dé pie”, reprocha. En la primera ecografía que se realiza en obstetricia (en embarazadas que quieren continuar) ya se ofrece de forma habitual escuchar el latido si todo va bien.
Ante una interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres no van a obstetricia, sino que pasan por el asistente social y, una vez han pasado los tres días de plazo, se la cita en ginecología. Nadie te ofrece escuchar el latido porque la decisión ya es “dura de por sí”. “La mayor parte de las mujeres no toman esa decisión a la ligera”, explican fuentes de especialistas en Ginecología, que además explican que una ecografía 4D a las 6 u 8 semanas puede tener consecuencias para el embrión si al final la mujer cambia de opinión tras la prueba. “Este señor [el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox] ha hablado por hablar. No ha hablado con ningún ginecólogo que le haya asesorado. Además, sabemos que esto va en contra de toda moralidad”, expone este especialista.