“No corresponde a la Abogacía del Estado, en cuanto órgano de la propia Administración General del Estado, manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto”. Así ha despachado la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, el informe que el Tribunal Supremo le pidió sobre el indulto a los presos del procés. El organismo rechaza efectuar un pronunciamiento explícito a favor o en contra de la medida de gracia, y se limita a constatar que los líderes independentistas ya abonaron una fianza de 4,1 millones de euros ante el Tribunal de Cuentas para afrontar su eventual multa por los gastos públicos del referéndum del 1-O.
El de la Abogacía del Estado era uno de los informes necesarios para avanzar en los trámites del indulto que estaba pendiente desde el pasado 26 de enero, fecha en la que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, solicitó el dictamen. La Abogacía respondió que, antes de emitir su informe, el Tribunal de Cuentas debía certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.
El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. Quince días después, la abogada del Estado Rosa María Seoane, que en el juicio del procés pidió condenar a los líderes soberanistas por sedición y malversación, firma un informe que no da pistas sobre cuál será el posicionamiento final del Gobierno sobre la medida de gracia.
Argumenta Seoane que, al formar parte de la Administración General del Estado, si la Abogacía se pronunciara a favor o en contra del indulto “se podría entender que se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que sólo al Gobierno compete”. Por este motivo, y pese a que en el juicio acusó por sedición, Seoane sostiene que su informe, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso elDiario.es, debe versar únicamente sobre el dinero malversado, pues fue el delito por el que inicialmente la Abogacía del Estado pidió personarse en la causa.
Como el Tribunal de Cuentas ya ha certificado el dinero depositado por los cuatro condenados por malversación –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa–, la abogada del Estado concluye que la fianza “constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública”. En otras palabras, que los condenados devolverán el dinero malversado, una cantidad que el Supremo no fijó ni obligó a devolver a los condenados como responsabilidad civil, sino que dejó su concreción al Tribunal de Cuentas.
Una vez emitida la valoración de la Abogacía del Estado, el Supremo tendrá que realizar su informe preceptivo –aunque no vinculante para el Gobierno– sobre el indulto a los presos del procés. Sobre la mesa del tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena están, además del informe de la Abogacía del Estado, el de la Fiscalía, que arremetió con dureza contra el indulto y acusó al Gobierno de pretender concederlos “por conveniencia política” debido al apoyo de ERC en el Congreso; y el de las cárceles catalanas, que expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto Después será el turno del Ministerio de Justicia, que será el encargado de elevar al Consejo de Ministros la propuesta definitiva sobre el indulto a los presos del 1-O.