“Nunca pensé que esto me ocurriría a mí”. Roser (pide no revelar su apellido), 61 años, no sabe dónde vivirá a partir de octubre. Siempre había mirado a través de la distancia del televisor, desde su domicilio en Andorra la Vella, los problemas derivados del acceso a la vivienda en las grandes ciudades. El pasado junio el propietario de su domicilio le comunicó que le rescindía el contrato.
“Tampoco me preocupé en exceso, me supo mal pero pensé que ya encontraría otra cosa”, explica por teléfono. “Hasta que vi cómo se han puesto los precios”.
Acceder a una vivienda se ha convertido en una pesadilla para buena parte de los andorranos. Un boom especulativo ha disparado los precios en pocos años, en un pequeño país de 84.000 habitantes en el que alquilar un piso nunca había supuesto un problema.
“Estamos ante una epidemia inmobiliaria”, afirma Cerni Escalé, el líder de la oposición en Andorra. “Algunos ciudadanos se están yendo del país porque no se pueden permitir vivir aquí”, añade.
Solo entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023, el precio de venta de los inmuebles aumentó un 12,8%. Si se tiene en cuenta el precio de pisos, viviendas unifamiliares y edificios el aumento acumulado en un año supera el 18%. Se calcula que, en los últimos seis años, se han invertido más de 1.000 millones de euros en inmuebles por parte de capital extranjero.
Para frenar la subida de precios, el Govern d’Andorra decretó a principios de mes una moratoria que prohíbe temporalmente a los extranjeros comprar casas en el Principado. La idea es mantener esta suspensión hasta que se apruebe un tributo específico para este tipo de inversiones y que destine ese dinero a construir viviendas con alquileres asequibles.
El jefe del Govern, Xavier Espot, advirtió que la moratoria era una medida “temporal” pensada para evitar que, mientras se negocia cómo será ese impuesto, haya un efecto llamada que haga aumentar todavía más el número de operaciones inmobiliarias. “El acceso a la vivienda es el reto más importante que tenemos”, señaló en una entrevista en la COPE en julio.
A finales de 2019, el Govern también congeló los precios de todos los alquileres, en una medida que iba a ser temporal pero que se ha mantenido hasta hoy debido a la pandemia (la intención del Ejecutivo es descongelarlo paulatinamente).
La norma, sin embargo, preveía que se podía rescindir un contrato si se acreditaba que el inmueble necesitaba reformarse. Bajo esa excusa se han expulsado a numerosos vecinos como Roser.
Viviendas vacías y poca oferta
La situación es paradójica. Nunca se había construido tanto en Andorra y nunca había habido tantos problemas para acceder a una vivienda. A su vez, se calcula que hay unos 3.000 pisos vacíos de inversores extranjeros. En el país se construye y se vende, pero hay poca oferta de alquiler a pesar de que el 70% de sus residentes vive en este régimen.
Un dato sobre los alquileres ilustra la subida que han experimentado a pesar de la congelación: en los contratos que se vieron afectados por la congelación de precios de 2019, el metro cuadrado oscila entre los 8 y los 10 euros. En los contratos de pisos nuevos o reformados —que no están afectados por la medida— la media es ya de 19 euros el metro cuadrado. Prácticamente un aumento del 100%.
En un país que vive en gran parte de la construcción y de los servicios, los salarios actuales –el sueldo mediano son 1.939 euros al mes– son insuficientes para los pocos inmuebles disponibles.
Roser, por ejemplo, explica que ella gana poco más de 2.000 euros al mes. “Siempre había tenido suficiente con ese salario y puedo ayudar a mi hijo que estudia en Barcelona”. Los pocos pisos que encuentra ahora en Andorra superan los 1.200 euros cuando hasta ahora pagaba 720.
Conxita Marsol, ministra de Presidencia y de Vivienda del Govern d’Andorra, cree que la congelación en su día fue buena, pero dice que tal vez ha contribuido a que haya bajado la oferta de pisos de alquiler. “En su día fue positiva, pero es cierto que con el tiempo se ha convertido en una medida un poco perversa”.
La ministra, sin embargo, señala que lo que ocurre en Andorra es un fenómeno comparable al de otras grandes ciudades europeas. “Cada vez viene más gente, algunos con gran capacidad económica y quieren comprar aquí y quedarse por nuestro estilo de vida, nuestra seguridad y nuestra sanidad”, explica.
En solo 10 años, el Principado ha visto como su población ha aumentado un 20%: de 69.966 habitantes en 2013 a los 83.990 en 2023.
Escalé, el líder de la oposición, describe una especie de “tormenta perfecta” que ha llevado a la situación actual: los salarios no suben en una economía muy focalizada en los servicios, hay poca oferta de pisos en alquiler y lo que se construye está pensado para turistas o extranjeros, no para residentes. “Es una crisis de poder adquisitivo vinculada a la inversión extranjera”, resume.
El perfil del inversor también ha cambiado. “Ahora nos encontramos con extranjeros que buscan rentabilidad muy rápido, en lugar del residente que compraba un edificio y lo destinaba a alquileres”, abunda la ministra de Vivienda, que afirma que su departamento trabaja para buscar soluciones a la falta de oferta.
“La gente de mi generación se está planteando irse”, sostiene Damià Sinfreu, payés y electricista de 33 años. Explica que el Principado está mutando a una velocidad de vértigo: “Estamos pasando de la Andorra en la que podías comprar cosas a buen precio a la Andorra del lujo”, sostiene. “Parece que nos estamos convirtiendo en un Mónaco o un Luxemburgo, pero con salarios bajos”.
La falta de alquileres asequibles también afecta a la falta de mano de obra en el país. “Solo tenemos a 200 personas en el paro y hay 2.000 ofertas de trabajo”, ilustra Marsol.
Un problema que se extiende por los Pirineos
La dificultad de acceder a un alquiler asequible se extiende por distintas localidades de los Pirineos. La Seu d’Urgell, a pocos kilómetros de Andorra, también ha acusado una subida de los alquileres ante el éxodo de algunos andorranos, que quieren seguir trabajando en el país pero han optado por mudarse a localidades catalanas cerca de la frontera. Este municipio, de apenas 12.000 habitantes, se encuentra ahora en el índice de zonas tensionadas que ha elaborado la Generalitat.
El propio jefe de Gobierno de Andorra afirmó que había que “dignificar” el hecho de vivir fuera de Andorra si uno no se lo podía permitir, en unas declaraciones que enojaron al alcalde de la Seu, que respondió que no querían una “llegada masiva de personas” que alteraran el mercado habitacional del municipio.
“Es evidente que lo que ocurre en Andorra tiene un efecto contagio en localidades que quedan a pocos kilómetros de aquí”, opina el líder de la oposición andorrano. “Creo que nosotros tenemos que ser los responsables de los efectos de nuestro desarrollo económico en las regiones vecinas”.
Otras zonas de los Pirineos, como la Cerdanya o el Pallars, también están viendo cómo los habitantes de las zonas no encuentran un alquiler digno que les permita quedarse en las localidades donde nacieron. El pasado junio se crearon en estas comarcas de montaña sectoriales del sindicato de inquilinos para movilizar y asesorar a la población.
“Muchos vecinos de la Cerdanya estamos buscando piso en el Berguedà porque aquí no nos lo podemos permitir”, explica Nathan García, del sindicato de inquilinos de la Cerdanya. “El mismo problema lo tienen los jubilados o parejas que se han separado, no solo nos afecta a los jóvenes”.
La idea de abandonar el lugar donde siempre ha vivido también sobrevuela a Roser, que asegura que intentará lo posible para quedarse en Andorra. “Yo de aquí no me quiero ir”, explica. “Todavía no me cabe en la cabeza que alguien como yo, que ha trabajado aquí toda su vida, no pueda encontrar un lugar para vivir en Andorra”.