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Aragonès culmina en La Palma la normalización de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una reunión con el líder del PSC, Salvador Illa.

Arturo Puente

11 de marzo de 2022 22:28 h

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Han pasado más de cuatro años desde octubre de 2017 y el procés está hoy más que enterrado, pero en la política catalana aún quedan algunos gestos y tabúes como vestigios de aquella época. Uno de ellos es la ausencia del president de la Generalitat en las cumbres ordinarias de presidentes autonómicos, una costumbre iniciada por Carles Puigdemont y que, hasta la semana pasada, Pere Aragonès mantenía como muestra de disconformidad con las reglas del foro. Pero eso cambiará este domingo, cuando el president acudirá a la Conferencia de Presidentes de La Palma, lo que supondrá una culminación de la vuelta a la normalidad de las relaciones entre la Generalitat, el Gobierno central y el resto de administraciones autonómicas.

El paso de Aragonès había sido largamente meditado por su equipo. El republicano había rebajado varios grados la hostilidad hacia ese foro e incluso había enviado a la consellera Laura Vilagrà a participar en la reunión preparatoria. Sin embargo, desde ERC ponían condiciones, en forma de puntos en el orden del día, para que se abordasen cuestiones económicas o debates que la parte catalana considera de calado. “Se trata de una foto sin contenido político”, se quejaban desde el Govern, y describían una dinámica en la que los presidentes autonómicos intervenían por turno durante unos minutos hasta que finalmente tomaba la palabra el presidente del Gobierno, que acaba por dar cuenta de las decisiones. “No es un formato práctico ni pensado para llegar a acuerdos”, sostenían.

Pero esta semana el president de la Generalitat ha acabado aceptando acudir a la reunión de presidentes que se celebrará el domingo en La Palma, después de que el Gobierno le garantizase un cambio en el orden del día para tratar sobre la crisis de los refugiados, que debe coordinarse entre comunidades, además de analizar los posibles perjuicios económicos derivados del conflicto bélico en Ucrania. En el Ejecutivo catalán subrayan que se trata de un gesto excepcional, dada la situación en Ucrania. Pero la decisión ha llegado en medio de una vuelta a la sintonía con el Gobierno, tras un acuerdo esta misma semana para desbloquear la Ley de Vivienda en el Congreso y mientras los equipos allanan los primeros acuerdos en la mesa de diálogo, tal como avanzó Nació Digital.

Aragonès ya ha avisado que su presencia en La Palma se limitará a la reunión de trabajo con los presidentes, por lo que no acudirá al saludo con el rey ni a los actos protocolarios. Con todo, el jefe del Govern ya rompió el hielo el año pasado y se dejó ver saludando a Felipe VI y cenando en su misma mesa, una fotografía que Quim Torra había tratado de evitar, no siempre con éxito. También Torra había acudido a algunas reuniones de presidentes, pero siempre de forma telemática y en sesiones monográficas sobre la pandemia.

Un camino abierto que permite ahora a Aragonès culminar la normalización de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno, que ahora se encuentran con regularidad tanto en los órganos bilaterales como en los foros multilaterales entre comunidades. O al menos en la mayoría, porque la negociación de la financiación ha quedado como uno de los últimos tabúes que el Govern continúa sin romper. El pasado mes de enero la Generalitat, por mano del conseller de Economía, Jaume Giró, rechazó la propuesta del Ministerio de Hacienda, si bien la administración catalana no se quedó en la negativa y devolvió un documento marcando sus prioridades.

Giró modula su estrategia ante Madrid y, hasta el momento, no ha optado por dejar ninguna silla vacía. Por su parte, el PSC también suscribió su propia propuesta sobre financiación. En los próximos meses este será el campo de batalla tanto para el Govern como para la oposición. El Gobierno cuenta además con que será un debate en el que la Generalitat participará por su propio beneficio. Por el momento, la primera propuesta de Hacienda dejaría a Catalunya con peor financiación.

Mientras tanto, en el escenario interno catalán, también ERC y el PSC han acercado posturas, tras unos meses iniciales de legislatura dándose la espalda. El líder socialista, Salvador Illa, había pedido una y otra vez a Aragonès que acudiera a La Palma, tanto en declaraciones a los medios como, el pasado miércoles, en la sesión de control. Pero también le había transmitido el mismo mensaje en privado. La idea de Illa es que Catalunya debe incorporarse de pleno a todos los foros autonómicos y no dejar en ningún caso la silla vacía. “Nadie hubiera entendido que el president no hubiera estado en la cumbre con todos los presidentes para estar en un acto de ERC”, afirmó el socialista este viernes, en una entrevista en RTVE.

ERC y PSC se acercan

El clima entre Aragonès e Illa comenzó de forma tormentosa tras las elecciones del 14 de febrero del año pasado, con un empate a escaños entre ellos que costó tres meses que Aragonès convirtiera en una investidura con la suma de los votos independentistas. Illa cargó sin miramientos durante ese tiempo pero, una vez el Govern estuvo formado, tendió la mano al independentista para llegar a pactos “beneficiosos para Catalunya”. Así ha ocurrido con la renovación de los organismos que necesitan mayorías reforzadas, como el consejo de gobierno de TV3 y Catalunya Ràdio, recién elegido; el Síndic de Greuges; el Consejo de Garantías Estutarias o la Sindicatura de Cuentas, entre otros.

Hay más cuestiones que están en la lista de pendientes y en las que el Govern y el PSC quieren poder entenderse. Una de las centrales es el consenso sobre el catalán, que en los últimos meses se ha agrietado por las sentencias del TSJ catalán sobre el 25% de castellano en la escuela. En el último encuentro entre Aragonès e Illa, hace un mes, ambos constataron la voluntad de llegar a un acuerdo sobre la lengua. El PSC se sumó además al Pacto Nacional por la Lengua y está al tanto de la elaboración del nuevo decreto del Ejecutivo en materia de lenguas vehiculares en la educación. La voluntad de ambas partes es blindar este acuerdo de otras disputas políticas.

Más difícil será alcanzar un acuerdo sobre la ley electoral catalana, una tarea pendiente que el Parlament lleva arrastrando 40 años. En esta legislatura los partidos han mostrado voluntad de retomar la discusión sobre esta materia comenzando por las cuestiones menos divisivas y dejando el rompecabezas del reparto de escaños para el final. Algunas voces incluso hablan de la posibilidad de no tocar el actual sistema electoral para poder tener al menos una ley propia, algo que los partidos que obtienen poca representación en las zonas más despobladas, como el PSC, preferirían evitar.

No menos importante para los socialistas es la mesa de partidos catalanes, que quieren que Aragonès convoque como ya hizo Torra en la legislatura pasada. El PSC repite que forma parte del mismo acuerdo de investidura de Pedro Sánchez por el que se aceptó la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, pero hasta el momento el president se ha negado a convocarla, alegando que no tiene razón de ser. Sin embargo, los socialistas aseguran que han notado un cambio de tono en esta cuestión, lo cual ven como otro síntoma positivo de que la vuelta a la normalidad constitucional en Catalunya es irreversible.

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