Primero fueron los políticos y líderes sociales. Después el jefe de los Mossos d'Esquadra. Los siguientes en sentarse en el banquillo tenían que ser la treintena de exaltos cargos del Govern, funcionarios y empresarios encausados por los preparativos del referéndum del 1-O, pero la causa permanece encallada en la Audiencia de Barcelona desde hace meses. El inicio del desbloqueo llegará con el nuevo año.
El motivo del retraso que lleva este juicio –la primera investigación a los preparativos del referéndum, que arrancó el juzgado de instrucción 13 de Barcelona a principios de 2017 a raíz de la palabrería del exjuez Santiago Vidal– es la multiplicación de causas que afectan al proceso soberanista. En concreto, la investigación sobre los gastos exteriores del procés, que además de un procedimiento contable ante el Tribunal de Cuentas está siendo investigado por el juzgado de instrucción 18 de Barcelona.
Uno de los encausados en los tres procesos, el exsecretario de Exteriores Aleix Villatoro, actual director del Consejo Catalán del Deporte, alegó que se le investiga por hechos conexos y que por lo tanto la investigación del juzgado 18 debía acumularse a la del juzgado 13, por la que ya está procesado. En primera instancia la magistrada del juzgado 13 dijo que no era competente para resolver la cuestión, pero la Audiencia de Barcelona atendió el recurso de la defensa de Villatoro, que ejerce el penalista Ramon Setó, y ha ordenado la celebración de una vista para resolver la controversia.
Finalmente será el próximo martes 11 de enero cuando la Audiencia de Barcelona celebre la vista sobre la cuestión. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre si deben acumularse ambas investigaciones, pero sí apoya la petición de la defensa y cree que es el juzgado 13 el competente para decidirlo.
Se trata de la última controversia de una causa que apenas ha avanzado desde que hace un año llegara a la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, el tribunal que juzgará el caso. Por si no fuera suficiente con el volumen del sumario –55 cajas y 37.609 folios– en un año la causa ha abordado trámites que han retrasado la presentación del escrito de acusación de la Fiscalía, todavía pendiente.
El primer parón que sufrió la causa fue en enero de hace un año, cuando la Fiscalía descubrió que faltaban algunos documentos –que pudieron ser recuperados en la Audiencia Nacional. En primavera la Fiscalía pidió que volvieran a declarar algunos procesados por desobediencia aunque la Audiencia de Barcelona había descartado este delito porque los investigados no eran cargos públicos. Su comparecencia ante la jueza se saldó con el silencio. Como no hay dos sin tres, la causa ha vuelto a frenarse para dirimir la cuestión de la duplicidad de causas del procés.
El paso del tiempo ha hecho que la mayoría de los procesados, que ocuparon puestos clave en la sala de máquinas del Govern de Carles Puigdemont, bien hayan abandonado la política o bien hayan sido recolocados en otros puestos. Es el caso del propio Villatoro, o también del exsecretario de Comunicación del Govern Antoni Molons, ahora gerente de la empresa de medios de la Diputación de Barcelona. Los 17 procesados por malversación depositaron hace ya dos años una fianza de 5,8 millones.
Sí siguen en sus cargos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, procesados por desobediencia en relación al anuncio del 1-O, aunque por poco tiempo después del pacto para renovar las cúpulas de los medios públicos alcanzado por PSC, ERC y Junts a finales de año.
Salvadó, Jové y Garriga, pendientes del TSJC
Por los mismos hechos pero ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) esperan juicio tres exaltos cargos de la vicepresidencia que ocupaba Oriol Junqueras, los ahora diputados republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
La instructora de la causa de Jové y Salvadó, la magistrada Maria Eugènia Alegret, les dejó a un paso de juicio, acusados de los delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos y desobediencia el pasado mes de abril. La Fiscalía Superior de Catalunya tenía que presentar los escritos de acusación y las penas que les pide, pero el procedimiento se detuvo para completar algunos trámites y porque Garriga fue nombrada consellera y por lo tanto aforada, lo que abría la puerta a que su causa se uniera a la de Jové y Salvadó.
Este mes de diciembre, la Fiscalía propuso al TSJC nombrar un juez instructor distinto para la causa de Garriga, lo que la dejaría fuera del banquillo del juicio de Jové y Salvadó. Además el fiscal precisó que el único delito por el que se investigara a Garriga fuera el de desobediencia, que no conlleva penas de cárcel, pese a que fue procesada por la magistrada del juzgado 13 por malversación cuando no era aforada. El motivo fue que la jueza de la causa de Jové y Salvadó descartó que los gastos destinados al acondicionamiento del centro de atención telefónica del 1-O, por los que también estaba procesada Garriga, constituyeran un delito de malversación