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Don Quijote contra Ada Colau: primer juicio por las estatuas humanas de La Rambla de Barcelona

Estatuas humanas de La Rambla, entre ellas el Quijote, protestan en el Ayuntamiento en una foto de archivo

Las esperas en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Barcelona son más largas que en La Rambla. El actor Walter San Joaquín aguarda a que el auxilio judicial le llame. Ha presentado una demanda pionera: esta estatua humana (su papel es el entrañable Don Quijote) del icónico paseo barcelonés alega que es un falso autónomo y quiere que la Justicia le reconozca una relación laboral con el consistorio.

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San Joaquín se convirtió en Don Quijote en 2005. Su primera representación fue en Pamplona, durante los Sanfermines. Como el personaje histórico de Miguel de Cervantes, el Don Quijote de San Joaquín ha viajado mucho. Madrid, La Mancha o incluso Gibraltar son algunos de los lugares donde San Joaquín llevó su personaje antes de llegar a Barcelona.

A diferencia de lo que ocurre en la mejor obra escrita en castellano, el actor no quiere que su personaje muera en la capital catalana. Pero San Joaquín sí comparte con el protagonista de Cervantes su lucha contra unos molinos. En este caso, la burocracia de la administración.

Según la tesis de San Joaquín y de su letrado, Xavier Asensio, la normativa aprobada en 2019 por el Ayuntamiento enmascara bajo la concesión de licencias a las estatuas lo que en realidad es una relación laboral. “La ordenanza es una pantalla y un vestuario que esconde un régimen laboral en condición de dependencia”, asevera a la salida del juicio el actor. “Es un abuso”, apostilla.

La petición concreta de su demanda es que se le reconozca una relación laboral con el Ayuntamiento, si bien el actor no pide indemnización alguna. Por el contrario, el consistorio rechaza que exista relación laboral. La cuestión ya está en manos de la jueza, que este miércoles ha escuchado los argumentos de ambas partes.

El letrado del consistorio ha comparado las licencias que el consistorio otorga a las estatuas humanas de La Rambla con las que se dan a los quioscos. Es decir, se trata de un permiso para realizar una actividad en el espacio público, pero en ningún caso nada relacionado con el ámbito laboral. Por ello el abogado del Ayuntamiento ha considerado que el pleito debía resolverse en la vía Contencioso-Administrativa pero no en los juzgados de lo Social.

A criterio del consistorio, no hay relación laboral alguna ya que no existe remuneración por parte del Ayuntamiento (los artistas reciben la voluntad de los transeúntes, no un sueldo del consistorio, al que además deben abonar una tasa). El consistorio además, según la tesis municipal, tampoco controla el horario de trabajo ni la forma (el personaje) en la que lo desarrollan los actores.

“No somos como un quiosco”, replica San Joaquín, quien alega que el consistorio, para darles la licencia, sí les impone varias condiciones, como por ejemplo que no pueden poner un cartel con una cantidad concreta, sino que deben dejar que los turistas y locales les den la voluntad. “Somos trabajadores y no le puedo poner precio a mi obra”, lamenta.

En el trasfondo de este pleito concreto está la desaparición de La Rambla de antes. Pintores y floristas van cada vez a menos, y las pajarerías directamente tendrán que cerrar todas. Las estatuas humanas se ubican desde hace años en la parte baja del paseo, ahora en obras. San Joaquín cree que la reforma de La Rambla no hará sino ahondar en la “privatización” del espacio público y en el beneficio de las grandes cadenas que ya controlan los nuevos quioscos de comida, en detrimento de los artistas de base.

Los testigos que han depuesto en la vista (dos estatuas humanas de La Rambla) nada han variado las tesis iniciales de las partes. Ambos han confirmado que no es necesario avisar al consistorio si un día se falta al trabajo por enfermedad o cualquier otra razón, aunque sí deben hacerlo cuando van a ausentarse más de una semana o quince días. También han corroborado que, al margen de la tasa, no abonan ninguna parte de sus ingresos al consistorio.

La magistrada ha instado a los letrados a presentar por escrito sus conclusiones. Todavía le quedaban por celebrar diez juicios este miércoles.

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