Estrasburgo pregunta a España por la vulneración de derechos políticos que denunciaron Sànchez y Turull

Las primeras denuncias de los independentistas catalanes contra el Estado por el tratamiento judicial al procés ya están en marcha. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha empezado a analizar las demandas de los exdiputados de Junts Jordi Sànchez y Jordi Turull por el veto del juez Llarena a excarcelarles para someterse a la investidura en 2018. Los magistrados europeos dan ahora hasta septiembre de plazo a España para que responda a las iniciativas formuladas por el secretario general de Junts y su antecesor.

Los servicios jurídicos del Estado deberán argumentar que los dos exparlamentarios no vieron mermados sus derechos políticos ni sufrieron una detención arbitraria por la negativa del Supremo a dejarles salir de prisión para hacer campaña o presentarse a la investidura; ni tampoco por su suspensión como diputados previo al juicio; ni por los 21 meses que el Tribunal Constitucional tardó en resolver uno de sus recursos de amparo.

Lo decidido este mes de mayo es el procedimiento habitual del TEDH: tras un examen preliminar de la demanda, los magistrados europeos dan trámite al Estado demandado antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Según fuentes del TEDH citadas por la agencia EFE, la petición de información suele desembocar en una admisión a trámite de la demanda, aunque no lo presupone al 100%.

El TEDH es la instancia europea ante la que los presos indultados del procés tienen las esperanzas puestas para que se acojan sus denuncias de vulneración de derechos fundamentales que una mayoría de jueces del Supremo y el Constitucional han desestimado.

Las demandas independentistas ante Estrasburgo se han ido sucediendo a medida que se agotaron las instancias internas en España. El caso que ahora ha admitido Estrasburgo no versa sobre la gran demanda por el conjunto de la causa del procés que todos los condenados impulsaron hace meses, sino específicamente sobre una vulneración de derechos políticos denunciada por Turull y Sànchez (Junts).

Se trata de unas de las cuestiones que Estrasburgo suele tener en cuenta de entre el amplio abanico de vulneraciones de derechos denunciadas por los independentistas. El TEDH suele fijarse en especial en las cuestiones relativas a la competencia de los tribunales –lo que estudiará en la demanda principal relativa a la causa del Supremo– y al impedimento para ejercer derechos políticos de cargos electos.

Es esta segunda cuestión la que denuncian las demandas de Turull y Sànchez. En el primer trimestre de 2018, el juez Llarena rechazó excarcelar a Sànchez para que pudiera someterse a la investidura en el Parlament. También denegó dejar libre a Turull para su segunda sesión de investidura después de que en la primera no obtuviera los apoyos necesarios para ser president. Entre ambas sesiones, el juez procesó a Turull por rebelión y ordenó su ingreso en prisión el 23 de marzo.

En sus preguntas a la Abogacía del Estado, responsable de la defensa de España ante el TEDH, el tribunal solicita que los servicios jurídicos estatales responden a las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales efectuadas por Turull y Sànchez relativas a la afectación a su derecho de participación política de su prisión preventiva y la negativa del juez Llarena a dejarles someter a su investidura.

También reclama el TEDH que el Estado se pronuncie sobre los 21 meses que llegó a pasar el recurso de Sànchez en la mesa del Constitucional y que para el exlíder de Junts vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, así como sobre la falta de imparcialidad de dos magistrados denunciada por ambos políticos.