Más imputados y un “perito en Derecho”: la entidad fantasma que denunció a Colau intenta alargar el caso
La Asociación por la Transparencia sigue sin tener actividad conocida en Barcelona más allá de acusar en los juzgados a Ada Colau. La entidad fantasma que denunció a la entonces alcaldesa por las subvenciones a entidades sociales prosigue su intento de alargar la causa, archivada una vez y cuya instrucción ya está casi terminada, con la propuesta de más imputaciones y la remisión al juzgado de un dictamen de un “perito en Derecho” que ha sido fulminado por el juez.
La entidad, que ya intentó sin éxito hace unos meses que el juez imputara a los exconcejales de Barcelona y diputados en el Congreso esta legislatura Jaume Asens y Gerardo Pisarello, ha propuesto ahora investigar a la interventora del área de Derechos Sociales que respaldó la concesión de ayudas. El instructor lo ha descartado.
El abogado de la Asociación por la Transparencia, el granadino Ernesto Osuna, fundamentó su petición para imputar a la funcionaria porque, a su juicio, así lo había acordado la Audiencia de Barcelona el pasado mes de noviembre al reabrir la causa archivada por el instructor.
“Nada más lejos de la realidad”, replica el juez en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. El instructor recuerda que en ningún momento los magistrados ordenaron tomar declaración como investigada a la interventora que avaló las subvenciones a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).
Si la Audiencia de Barcelona hubiera coincidido con la “opinión subjetiva” de la Asociación por la Transparencia, ahonda el instructor, habría ordenado la investigación de la interventora. “Pero no lo ha hecho”, apostilla el magistrado Ignacio Sánchez, que recuerda que la funcionaria ya prestó una extensa declaración como testigo y que su jefe, el interventor general del Ayuntamiento, avaló su actuación.
Tanto el juez como el fiscal anticorrupción encuentran “sorprendente” el hecho de que la Asociación por la Transparencia pretenda acusar al mismo tiempo a la interventora delegada que supervisó las ayudas –dejando fuera del caso a su jefe–, y a Colau, quien precisamente delegó la competencia de concesión de las subvenciones al área de Derechos Sociales. “Parece que los delegados serían de la misma responsabilidad que la delegante”, resume gráficamente el fiscal Luis García Cantón.
El hecho de que la Audiencia de Barcelona no descartara que otras personas pudieran resultar investigadas “no puede convertirse en patente de corso para lanzarse a la búsqueda de posibles responsables sobre los que no recae ni la más mínima sospecha real al no existir el más leve indicio contra ellos”, afea el fiscal a la Asociación por la Transparencia.
La promovida por la Asociación por la Transparencia es una de las cuatro causas abiertas que Colau tiene en los juzgados tras una inédita oleada de querellas contra la entonces alcaldesa y su equipo por parte de rivales políticos, fondos buitre y grandes empresas. De todas las denuncias, ninguna ha llegado a juicio. Todas se han archivado o siguen en instrucción por ahora.
El “perito en Derecho”
No es la primera vez que la Asociación por la Transparencia propone diligencias y documentación que luego el juez rechaza al resultar innecesarias. La entidad pidió el pasado mes de abril todas las subvenciones concedidas por el consistorio entre 2014 y 2021 y buscar la “colaboración de la policía judicial” en el análisis de los expedientes, pero se topó con la negativa del magistrado y el fiscal al considerar la solicitud una “causa general” prospectiva contra Colau.
Mismo portazo ha recibido ahora la pretensión de la Asociación por la Transparencia de incorporar a la causa como informe pericial de expertos un dictamen de parte, elaborado por un “perito en Derecho”, que señalaba a la exalcaldesa.
La pretensión de la entidad querellante ha causado de nuevo sorpresa en el juez y el fiscal del caso. “No son admisibles las periciales en Derecho, el cual debemos conocer y manejar todos los operadores jurídicos”, recuerda el instructor, que tilda el dictamen de “una opinión subjetiva más”.
Más allá va el fiscal, quien considera “innecesaria y procesalmente inadmisible” una prueba pericial sobre Derecho de subvenciones. “El valor jurídico que merece es nulo”, apostilla el delegado de Anticorrupción.
El fiscal ya se mostró partidario de dar carpetazo del caso al constatar que la causa judicial instada por la Asociación por la Transparencia era idéntica a la investigación que él mismo llevó a cabo sobre las mismas subvenciones y que terminó archivada.
En su último escrito, el representante de Anticorrupción recuerda que la jurisprudencia del Supremo considera que si un alcalde delega funciones en alguna competencia –como así hizo Colau con la concesión de subvenciones–, las “consecuencias” las pasan a asumir las personas a las que se delegaron las funciones. Por el contrario, la Asociación por la Transparencia entiende que Colau es responsable como máxima autoridad del consistorio, aunque no participara en ningún trámite de la concesión de ayudas.
De la documentación que obra en la causa, concluye el fiscal, “queda acreditado” que Colau delegó la aprobación de los convenios de subvenciones con las entidades. “Ello permite concluir que no podemos realizar atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición que una persona ostente, por muy alta que sea”, agrega el fiscal, abriendo así la puerta a volver a apoyar el archivo del caso cuando lo soliciten los letrados de la alcaldesa, Olga Tubau y Àlex Solà.
El plazo de instrucción del caso, por ahora, se ha alargado hasta el 29 de diciembre, toda vez que se da por descontado que la Asociación por la Transparencia recurrirá ante la Audiencia de Barcelona los rechazos del juez instructor a sus pretensiones. Aunque sea para no perder la costumbre.
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