La Justicia da la razón a una entidad opaca e imputa a una interventora por las subvenciones de Colau

La historia se repite. La Audiencia de Barcelona ha dado la razón, de nuevo, a la entidad opaca Asociación por la Transparencia y, en contra del criterio del juez instructor y de la Fiscalía, ha ordenado imputar a una interventora del Ayuntamiento de Barcelona por las subvenciones a entidades sociales otorgadas durante el mandato de Ada Colau.

En un auto, adelantado por El Periódico y al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona atienden el recurso de la Asociación por la Transparencia y corrigen la decisión del juez instructor, que había rechazado imputar a la interventora tras su declaración como testigo. Lo mismo ocurrió hace unos meses, cuando los mismos magistrados ordenaron reabrir la causa cerrada por el juez instructor.

Pese a reconocer que el recurso de la entidad opaca -cuya única actividad conocida en Barcelona es interponer acciones legales contra la exalcaldesa- “adolece de falta de claridad”, los magistrados deciden estimarlo.

La interventora ahora imputada forma parte del área de Derechos Sociales que respaldó la concesión de ayudas y, en su declaración como testigo de abril de 2022 respaldó la legalidad de las ayudas a la PAH y a otras entidades sociales. La Asociación por la Transparencia pidió imputarla, junto a una batería de diligencias para alagar el caso, pero el instructor lo descartó.

La Audiencia corrige ahora su decisión y rebate las explicaciones dadas por la interventora en su declaración como testigo. Según la “interpretación” de la interventora para avalar las ayudas, aducen los togados, “se podrían otorgar de forma directa todas las subvenciones” en vez de abrir un concurso.

Es más, los magistrados señalan que la interventora “en artículos doctrinales se ha pronunciado en términos que no parecen encajar con la actuación que ella misma tuvo” cuando respaldó las subvenciones, otorgadas de forma directa por el consistorio de Colau siguiendo el mismo procedimiento empleado por el anterior gobierno de Xavier Trias.

No se quedan aquí los magistrados. La resolución también ordena a las entidades sociales que recibieron los fondos (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la Alianza contra la Pobreza Energética, entre otras), que justifiquen las subvenciones.

En una dura argumentación contra Colau, los jueces exponen que varios exconcejales del equipo de gobierno de los comuns “tenían vínculos con las entidades que recibieron el dinero” porque habían trabajado en ellas antes de entrar en política, por lo que saber el destino de las subvenciones “puede aportar información relevante para valorar si, al concederse las subvenciones, quienes las concedían eran conscientes de estar dando un uso desviado de fondos públicos”.

“Como mera hipótesis -remachan los togados- podría resultar que quienes concedían las subvenciones sabían que estaban facilitando el pago de retribuciones a sus compañeros o excompañeros en vez de destinar el dinero a finalidades adecuadas para un ayuntamiento”. Una frase nada halagüeña para el objetivo de Colau de que se archive el caso, tal y como ha ocurrido con el resto de las querellas que se han interpuesto contra ella.

En suma, si este lunes la exalcaldesa recibió el respaldo del Tribunal de Cuentas a las subvenciones, este miércoles la causa penal abierta por las mismas ayudas le ha traído malas noticias, pues tiene pocos visos de cerrarse.