La operación contra el referéndum ordenada por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, será recordada no solo entre las filas independentistas. Tras los registros y detenciones de este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado que Ramírez Sunyer ha imputado a “una veintena de personas” en su causa, sin precisar el número alegando el secreto de sumario que mantiene el juez desde hace siete meses.
Ramírez Sunyer empezó a investigar el referéndum en febrero de este año a partir de una denuncia de VOX y del abogado Miguel Durán contra el exsenador de ERC Santiago Vidal por las polémicas conferencias del exjuez, que aseguró que el Govern disponía de una partida “camuflada” de 400 millones para organizar la votación.
En febrero, Ramírez Sunyer imputó por un presunto delito de revelación y otro de delito informático al propio Vidal y al secretario de Hacienda, Lluís Salvadó –uno de los detenidos este miércoles– y el asesor del Govern y exmagistrado del Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer.
Este miércoles, a través del TSJC, Ramírez Sunyer ha comunicado que la causa se ha ampliado a los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, este últimos penado con hasta ocho años de cárcel. El secreto de sumario impide precisar cuántos de los detenidos de este miércoles están imputados por estos delitos, y cuantas personas de la “veintena” de imputados no han sido detenidas este miércoles.
Se da la circunstancia que son los mismos tres delitos por los que, en paralelo a la investigación de Ramírez Sunyer, la magistrada del TSJC Mercedes Armas investiga a Carles Puigdemont y todos los miembros del Govern a partir de una querella de la Fiscalía tras la aprobación de la ley del referéndum hace diez días.
Esta circunstancia –la investigación de dos juzgados por los mismos hechos (el referéndum) y los mismos presuntos delitos– ha hecho que fuentes judiciales valoraran este miércoles que el juez Ramírez Sunyer se tiene que inhibir a favor de Armas.
A falta que el juez del 13 levante el secreto de sumario, que lleva en vigor desde que empezó la causa, la principal diferencia entre la investigación de Ramírez Sunyer y Armas es la espectacularidad de las medidas ordenadas por cada uno de los magistrados.
Así, mientras Armas se ha limitado a aceptar la querella de la Fiscalía y tan solo ha aceptado dos de las seis medidas cautelares reclamadas por el ministerio público (prohibir a los medios que difundan la publicidad oficial del 1-O y ordenar a la Guardia Civil el cierre de webs de JxSí y de la Generalitat para apuntar voluntarios para el 1-O), Ramírez Sunyer ha ordenado el despliegue de la macrooperación de este miércoles, la más contundente hasta ahora para impedir el 1-O.
Además, Ramírez Sunyer ha ordenado la operación de este miércoles de oficio, sin pedir informe a la Fiscalía, que, no obstante, no se ha opuesto a los registros y detenciones ordenadas por el juez. Y cabe recordar que el juez no ha llamado a declarar a lo largo de siete meses como imputados ni a Vidal, ni a Salvadó ni a Viver Pi–Sunyer, pese a estar investigados desde febrero.
Desde antes del verano, también por orden de Ramírez Súnyer, la Guardia Civil ha estado siguiendo los pasos de todas las iniciativas vinculadas a celebrar el referéndum de independencia. El magistrado también mandó a la Guardia Civil acudir al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para recabar la factura de un mitin de JxSí a favor del referéndum.
Asimismo, los agentes tomaron declaración el pasado mes de julio a varios cargos de la Generalitat, entre ellos el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, e interrogaron también a trabajadores de varios departamentos, y al coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, el exdiputado del PSC Joan Ignasi Elena.