Las investigaciones sobre el espionaje a dirigentes independentistas siguen, con dificultades y trabas, en los juzgados de Barcelona. El Gobierno ha recibido la tercera petición de un juez instructor de la capital catalana para que desclasifique datos sobre la “compra” del programa espía Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y su “posible utilización” contra el exeurodiputado de ERC, Jordi Solé.
La Justicia rechazó asumir en una sola macrocausa la investigación sobre el espionaje a las decenas de independentistas que llevó a cabo el CNI, lo que ha provocado que media docena de juzgados de Barcelona investiguen en paralelo las sucesivas denuncias dirigidas tanto contra la empresa israelí que vende el 'software' espía, NSO Group, como contra el centro de inteligencia.
Los resultados hasta ahora han sido escasos y las pesquisas están lejos de lograr un esclarecimiento completo de los hechos, con la excepción de la causa que afecta al expresident de la Generalitat Pere Aragonès, a quien el CNI ya admitió haber espiado. Su procedimiento es el único en el que permanece imputado un antiguo cargo gubernamental, la exdirectora del centro Paz Esteban, quien cesó del cargo en 2022 para intentar contener el enfado de los independentistas. El caso que no ha tenido más consecuencias políticas pero ha dejado al descubierto las carencias en el control del CNI.
Según el informe del laboratorio forense privado Citizen Lab, que corroboró la infección con Pegasus en el móvil de 65 independentistas de todos los partidos y entidades sociales, las infecciones en el móvil de Solé se produjeron el 11 y 27 de junio de 2020, poco antes de asumir el escaño de Oriol Junqueras, y por lo tanto, formalmente, sin el blindaje legal de la inmunidad que tienen todos los eurodiputados.
En el caso de Solé, la jueza que investiga su espionaje ha solicitado varias medidas de investigación, además del suplicatorio al Gobierno para desclasificar datos reservados. La magistrada, que también indaga en el espionaje al abogado de ERC, Andreu Van den Eynde, ha decidido investigar a la empresa NSO Group por revelación de secretos y le ha requerido varios datos sobre la venta y uso del 'software' espía.
La jueza sigue así la línea de otros magistrados de Barcelona, que sin embargo se han topado con la nula colaboración de la empresa: de las sucesivas peticiones cursadas tanto a Israel como a Luxemburgo, donde NSO tiene su filial europea, los jueces no han recibido respuestas aclaratorias sobre la venta del programa Pegasus al CNI ni del destino de los servidores donde se almacenaron los datos captados de los móviles intervenidos. Al silencio de Israel y Luxemburgo se debe sumar al de Irlanda, donde permanecerían varios servidores infiltrados.
La vía de investigar a la empresa vendedora no ha sido fructífera, pero tampoco ha cosechado grandes éxitos la colaboración del Gobierno que han solicitado tres jueces de Barcelona. Consultado por elDiario.es, el Ministerio de Justicia ha declinado precisar si el Gobierno ha acordado ya la desclasificación de documentos solicitada por la magistrada sobre el espionaje a Solé, quien no repitió en las listas de las pasadas elecciones europeas del mes de junio y ahora trabaja en el sector privado.
El Ejecutivo contestó de forma opuesta a los dos suplicatorios anteriores. El Gobierno sí aceptó desclasificar documentos sobre el espionaje a Aragonès, pero muy lejos del volumen de información requerido por el juez para determinar el total de información extraída y cuánto costó a las arcas públicas la compra de Pegasus (un dato que todavía se desconoce).
El Gobierno solo desclasificó, en parte (los documentos contenían numerosas partes censuradas) los tres autos del Tribunal Supremo que acordaron el espionaje a Aragonès. Eso sí, en las resoluciones se ocultaron de forma expresa los fragmentos que pudieran “conducir al conocimiento de medios o procedimientos del CNI”. Fue el mismo argumento que empleó el Ejecutivo para negarse a proporcionar al magistrado información sobre quién decidió en el CNI la compra de Pegasus y dónde se almacenaron los datos del espionaje a Aragonès. Según el Gobierno, proporcionar estos extremos podría poner en peligro a las fuentes del CNI.
En cambio, el Gobierno había rechazado la primera petición de una juez de Barcelona para retirar el secreto a la información. El pasado mes de julio, el Ejecutivo negó que el CNI hubiera espiado a los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba, también eurodiputada esta legislatura, al no formar parte de la lista de 18 nombres que Esteban reconoció haber espiado con aval del Tribunal Supremo . En consecuencia, rehusó desclasificar documentación sobre la compra del 'software' maligno israelí. La negativa del Gobierno ha sido en parte desmentida por los Mossos, que tras analizar pericialmente los teléfonos de Jové y Riba sí han hallado indicios de infección.