La caja B de Rita Barberá: “Cantidades redondas” en negro de las “mismas empresas” para el “fraude electoral”

El fiscal anticorrupción hizo un retrato al óleo de la caja B del PP de Rita Barberá durante su exposición del informe de conclusiones. Se trata de la penúltima sesión del juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' en el que Alfonso Grau, ex vicealcalde, y María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, figuran como los principales acusados, junto con José Salinas y Juan Eduardo Santón, exresponsables de dos fundaciones municipales. El fiscal Fernando Maldonado detalló los mecanismos usados por el PP de València para hinchar su caja B: la “maquinaria” del “fraude electoral” para “contrarrestar el efecto de los restantes partido políticos” en la oposición durante las elecciones municipales de 2007 y 2011. “Partía con una ventaja económica”, dijo en referencia al PP ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.

El representante de la Fiscalía Anticorrupción afirmó que el dinero en negro que ingresó el equipo de Barberá “se multiplicó exponencialmente”, a pesar de que según dijeron “los jefes del PP” durante la fase de instrucción, “no es posible que el grupo municipal maneje dinero en metálico”. Por el contrario, el PP de València “era titular de dos cuentas corrientes”.

En la cuenta del Banco Sabadell, la acusada María del Carmen García Fuster “hacía y deshacía” mientras que Alfonso Grau, coordinador de las campañas, era el “hombre fuerte del PP en aquel entonces” y “acumulaba cargos”. “Era la cueva de Alí Babá”, afirmó a modo de resumen. Grau, según la acusación popular, “está en el centro de todas las operativas corruptas”. Y, según la acusación pública, era la “piedra angular” del entramado corrupto popular. Anticorrupción consideró “indudable” que el PP de València “cometió fraude electoral”.

En las elecciones de 2007, el tinglado en B se montó en torno al entramado empresarial de Laterne, propiedad del fallecido empresario Vicente Sáez. A pesar de que el contrato entre el PP y Laterne era de 150.000 euros, la empresa llegó a gastar 2,5 millones de euros. ¿Quién aportó la diferencia? “Desde luego, no fue el PP”, aseguró el fiscal.

Varias fundaciones municipales, creadas y financiadas con dinero público del Ayuntamiento de València, hincharon a Laterne. Sólo entre agosto de 2006 y enero de 2008, la empresa ingresó siete transferencias de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau por un monto total de 600.000 euros. A pesar de que ya no hay rastro de los contratos ni de los supuestos trabajos realizados. Se trataba, recordó el fiscal, de “fundaciones dominadas por el PP”.

La segunda línea de ingresos fueron los pagos de empresas contratistas a favor de Laterne (“gracias a Grau”) sin contrato ni justificación: Pavasal puso 90.000 euros; Lubasa, 200.000 euros; FCC, 200.000 euros; Nou Litoral, 360.000 euros. “Es un dato objetivo que ninguno de los empresarios aportó en fase de instrucción ningún dato que justifique el trabajo realizado”, apostilló el fiscal.

Enrique Lozano, letrado de la acusación popular que ejerce Compromís, recordó que una de las empresas que aportó fondos en B, Sociedad de Agricultores de la Vega, fue adjudicataria de contratos municipales que suman 105 millones de euros. De “casi cualquier obra en València” se encargan las empresas que abonaron las campañas electorales del PP de Rita Barberá, destacó.

Otra de las operaciones sospechosas de la caja B fue la creación de PMC, una “sociedad fantasma” de Laterne constituida en 2007 cuando el grupo empresarial incurrió en impagos a sus trabajadores (tal como confirmaron varios testigos).

Los “principales empresarios de València”, según el fiscal, “le dan dinero” —150.000 euros por cabeza— que luego Laterne usa para “pagar la campaña del PP”. Una operación en la que, según la instrucción, estuvo implicado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, abogado de García Fuster y uno de los principales investigados del 'caso Azud'. “Parece hasta chusco que se aporten 150.000 euros y no se reclame nada”, dijo el letrado de la acusación popular.

A la Fiscalía Anticorrupción también le llamó la atención que “los mismos empresarios” (todos ellos contratistas del Ayuntamiento de València) “no reclaman el dinero” aportado a una sociedad que hacía aguas. “Los empresarios pueden ser cualquier cosa, pero tontos no son”, dijo el fiscal Maldonado, quien destacó que en todas las operaciones que afloraron en las pesquisas del 'caso Taula' las cantidades son “siempre redondas”. El PP también usó el supuesto dinero en metálico que manejaba en su sede (“350.000 euros en billetes de 500 euros”, entre otros).

En las elecciones de 2011, la operativa fue “esencialmente la misma pero más sencilla”, a través del grupo Trasgos, contratado por 170.000 euros pero que a su vez subcontrató a otra agencia por 185.000 euros. “En este caso Grau hace lo mismo, recurrimos a empresas que han colaborado en 2007 y aparecen prácticamente las mismas”, dijo el fiscal.

El representante de Anticorrupción destacó de nuevo los “100.000 euros redondos” aportados por Secopsa o “una cantidad muy curiosa” de FCC: 49.997 euros, “tres euros menos de 50.000”. “Todo esto sirvió para pagar la campaña electoral del PP”, reiteró Fernando Maldonado.

Las acusaciones reservaron un apartado en sus informes de conclusiones a la declaración del testigo clave de la causa, el exasesor popular Jesús Gordillo. El hombre, según el fiscal, mantuvo el perfil de los “malos declarantes” que “le echan toda la culpa a la Guardia Civil”.

Anticorrupción no se creyó “ni las presiones ni las amenazas” que expuso durante el juicio y de las que no dijo nada al juez instructor cuando ratificó su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado. “Todo lo que dijo en la fase de instrucción se comprobó y ha resultado cierto”, aseveró el fiscal. La declaración de Gordillo fue un compendio de “mentiras contradictorias” y “un tanto vergonzante”, según el letrado de la acusación popular.

El fiscal también dudó de la versión de la defensa de Maria del Carmen García Fuster, quien dijo que una histórica militante del PP, Conchita García Lliberós, realizó una donación de 100.000 euros al partido. “Hemos comprobado que la donante está fallecida”, dijo el fiscal anticorrupción. Se trata de la segunda persona fallecida vinculada al trasiego de dinero para las campañas que aflora en el juicio, después de que Jesús Gordillo le echara toda la culpa al empresario finado Vicente Sáez.

Corbín lamenta la “deriva incontrolada” de la Fiscalía

José María Corbín, letrado de García Fuster, abogó en su informe por la prescripción del presunto delito de cohecho del que está acusada su clienta. A pesar de que inicialmente lo fue por un presunto delito de blanqueo de capitales, no sería hasta el auto de procedimiento abreviado cuando se le imputó el cohecho.

El abogado sostuvo que la “recolección” de los presuntos “donativos” se produjo un año antes del proceso electoral. La acusada, según su defensa, “iba disponiendo de los donativos según las necesidades del momento” para el funcionamiento del grupo municipal, del que era secretaria.

“Dentro de las posibilidades de probar ya no queda ni el señor Gordillo como arma probatoria, estamos hablando de un dinero imaginario”, afirmó Corbín. El letrado adjudicó a la Fiscalía Anticorrupción una “deriva incontrolada” y “cierta desesperación” a la hora de acusar a García Fuster, de la que dijo que era “personal eventual” del Ayuntamiento de València.

“El sometimiento durante ocho años a un procedimiento de estas características conlleva consecuencias para las personas de difícil reparación”, concluyó Corbín, quien pidió la absolución de su clienta.