Todos los casos de corrupción de la era Rita Barberá: campañas electorales en B, agua y mordidas de basuras y alcantarillas
Rita Barberá gobernó la ciudad de València entre 1991 y 2015. Un largo periodo en que varias tramas de corrupción salpicaron su gestión en servicios esenciales como el agua, el alcantarillado o el tratamiento de basuras. Tras las elecciones municipales de 2015, en las que la izquierda le arrebató la vara de mando, y a raíz de su imputación en el 'caso Taula', Barberá pasó al grupo mixto en el Senado aferrándose al escaño (y al aforamiento) y abandonó el PP, que la repudió de plano en un gesto inédito que trastocó la relación de la exalcaldesa con su partido hasta su muerte el 23 de noviembre de 2016 en el hotel Villa Real de Madrid a causa de una cirrosis hepática que derivó en un fallo multiorgánico.
La traumática salida del PP fue su peor momento político desde que en 1989 dimitiera como presidenta del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes por las tensiones internas en la derecha valenciana. En aquella ocasión, según recuerda el polémico Carles Recio en una hagiografía, Rita Barberá afirmó: “Entendemos que sólo hay una forma de estar en política y es la de la dignidad en el ejercicio de los cargos que nos entregaron en su día (...). La dignidad en la representación política implica apoyo y plenitud y estos conceptos no tienen precio, pues la representación se ostenta plenamente o no se ostenta”.
La actual primera edil de València, la popular María José Catalá, nombró a Barberá alcaldesa honoraria de la ciudad y bautizó con su nombre uno de los puentes que cruzan el antiguo cauce del río Turia. Todo ello a pesar de que la era de Rita Barberá ha dejado un reguero de casos de corrupción, en algunos casos sentenciados y en otros en fase de instrucción o pendientes de sentencia.
Las diversas tramas afectan a las campañas electorales del PP para las elecciones municipales de 2007 y 2011; al 'caso Emarsa' de saqueo de la depuradora de Pinedo, o a las mordidas a su cuñado investigadas en el 'caso Azud' y relativas a la planta de basuras de Quart de Poblet o al contrato del saneamiento, entre otras adjudicaciones bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.
El 'caso Emarsa': un saqueo de 23,6 millones
La mayor trama de corrupción que salpicó a la gestión de Barberá al frente del Ayuntamiento de València fue el 'caso Emarsa', que propició el descomunal saqueo de la depuradora de Pinedo.
El Tribunal Supremo confirmó en 2020 las condenas a los 24 acusados a penas de entre nueve meses y 12 años y medio de prisión por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad.
La sentencia cifra en 23,6 millones de euros el dinero público robado. El alto tribunal también avaló las condenas, en una pieza separada del 'caso Emarsa', por delitos contra la Hacienda Pública por fraude del IVA. Los acusados cumplen sus condenas en diversas penitenciarías españolas.
Esteban Cuesta, exgerente de la depuradora de Pinedo y uno de los principales saqueadores, reconoció haber regalado a Barberá un bolso de la marca Loewe, valorado en 990 euros y pagado por la empresa pública. La entonces alcaldesa respondió al regalo, adquirido en 2007 en la tienda de la marca de lujo en la calle del Marqués de Dos Aguas de Valencia, con un 'saluda' en el que agradecía el “obsequio tan bonito que ha tenido la amabilidad de enviarle”, según el diario Levante-EMV.
La 'caja B' del PP de València
Dos personas del núcleo duro de Barberá —el ex vicealcalde Alfonso Grau y la secretaria del grupo municipal Mari Carmen García Fuster— se sentaron recientemente en el banquillo de los acusados por la supuesta financiación en B de las campañas para las elecciones municipales de 2007 y 2011. Grau y García Fuster, además de dos responsables de fundaciones municipales, están a la espera de la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.
Se trata de la pieza separada A del 'caso Taula', relativa a la financiación del PP de València. La causa se deshinchó tras el sobreseimiento de la investigación para medio centenar de concejales y asesores de Rita Barberá, tras los polémicos autos dictados por la sección cuarta de la Audiencia de València, por la rama del 'pitufeo'.
El fiscal anticorrupción detalló durante el juicio la “maquinaria” del “fraude electoral” presuntamente cometido por el PP de València para “contrarrestar el efecto de los restantes partidos políticos” en la oposición durante las elecciones municipales de 2007 y 2011.
El coste en la campaña del PP en 2007 “podría haber superado los dos millones de euros”, según declaró uno de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Las mordidas del 'caso Azud'
La defensa de Maria Carmen García Fuster en el 'caso Taula' la ejerció el letrado José María Corbin. El abogado es uno de los principales investigados en el 'caso Azud'. La UCO sospecha que Corbín cobró varias comisiones presuntamente ilícitas por parte de contratistas del Ayuntamiento de València mientras su cuñada era alcaldesa.
Acciona, adjudicataria del saneamiento, pagó una presunta mordida de 1,8 millones de euros al letrado por supuestos trabajos de asesoría jurídica. Además, la empresa de José Manuel Entrecanales agasajó con regalos navideños a la alcaldesa popular. Unos presentes (juegos de maleta, monederos y otros complementos de Louis Vuitton, además de vino, valorados en 5.131 euros) que los investigadores de la UCO vinculan a la presunta comisión que cobró Corbín.
Louis Vuitton se convirtió en la marca fetiche de Barberá, que también recibió un bolso por parte de la trama del 'caso Gürtel', adquirido por su delegado en València, Álvaro Pérez 'El Bigotes'.
El despacho de Corbín pasó de defender a proxenetas y narcos a asesorar a contratistas de primera fila del Ayuntamiento de València, tales como Acciona. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude, en funciones de auxilio judicial a la jueza instructora, concluyó que el contrato del saneamiento supuso un perjuicio económico de, al menos, 11,2 millones de euros.
La instrucción del 'caso Azud' también detectó presuntas mordidas a Corbín por parte de la UTE Los Hornillos, encargada de la planta de basuras de Quart de Poblet. La UCO sospecha que el cuñado de Barberá se habría embolsado una presunta comisión de hasta 2,2 millones de euros, parte de la cual habría cobrado en metálico. Precisamente cuando la UTE consiguió la adjudicación, Corbín contrató una caja de seguridad en la oficina de Bankia en la calle del Pintor Sorolla de València.
Los investigadores de la UCO pudieron recuperar mensajes SMS —borrados del terminal telefónico intervenido a Jose María Corbin— intercambiados con Jorge Bellver, entonces concejal de Urbanismo y actual alto cargo del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón, y con Cristóbal Grau, jefe de gabinete de la alcaldesa María José Catalá, entre otros cargos populares.
La Intervención General de la Administración del Estado también ha reseñado presuntas irregularidades en tres adjudicaciones municipales a la constructora Cleop, investigada en el 'caso Azud' y en el 'caso Taula'.
Tanto Corbín como tres sobrinas de Rita Barberá figuran como investigados en la causa.
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