El exconseller del PP Rafael Blasco vuelve al banquillo en su tercer juicio por corrupción con la multinacional Indra como partícipe a título lucrativo

El exconseller Rafael Blasco, condenado en dos ocasiones por corrupción (la última con un polémico pacto con la Fiscalía Anticorrupción), se sienta este miércoles por tercera vez en el banquillo de los acusados. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga la pieza quinta del caso Blasco, correspondiente a los contratos informáticos que la Conselleria de Inmigración y Solidaridad adjudicó a dos multinacionales que luego subcontrataron los trabajos a las firmas pantalla del presunto testaferro del exconseller, el empresario Augusto César Tauroni.

El Ministerio Fiscal solicita para el expolítico del PP y el empresario una pena de dos años y ocho meses de prisión, una multa de 400.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público durante una década como presuntos autores de un delito continuado de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación administrativa y fraude a la Administración.

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular, pide para Blasco y para la secretaria general administrativa Agustina Sanjuán una pena de cinco años de prisión, 350.000 euros de multa y 16 años de inhabilitación para empleo y cargo público por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y tráfico de influencias. En el caso de Tauroni piden las mismas penas e inhabilitación para poder obtener subvenciones y ayudas públicas.

La quinta pieza del caso agrupa los contratos informáticos que el exconseller dio a su presunto testaferro con una mecánica muy simple que permitía que Tauroni no figurara en ningún caso como adjudicatario. Así, Blasco “se concertó” con Tauroni para que sus empresas ejecutaran buena parte de los servicios informáticos adjudicados, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. La presunta trama utilizó la misma técnica con los contratos de la Conselleria de Sanitat cuando Blasco estuvo al frente de ese departamento, tal como desveló este diario.

El entonces conseller dio instrucciones a la secretaria general administrativa, Agustina Sanjuán, para que los trabajos de los concursos públicos fuesen “finalmente realizados” por las firmas de Tauroni. Los responsables de la conselleria buscaron empresas interpuestas (Fujitsu España Services SAU e Indra Sistemas SA) para que luego subcontrataran los servicios con Dinamiz-e, una empresa propiedad de Tauroni que no disponía del código de Patrimonio necesario para poder optar a la adjudicación.

En otros contratos de menor cuantía, los acusados optaron por el procedimiento negociado sin publicidad. Los pliegos fueron diseñados por Javier Murcia, jefe de informática para el que Anticorrupción pide una pena de 18 meses de prisión, “de acuerdo con las instrucciones impartidas” por Tauroni, que prefería no aparecer vinculado a los contratos por las noticias en la prensa que daban cuenta de su estrecha relación con el entonces conseller 'popular'. Sanjuán y Murcia reconocieron los hechos en la fase de instrucción, por lo que la Fiscalía les reconoce la circunstancia atenuante de la confesión.

El empresario negoció con la Administración las condiciones económicas de las adjudicaciones y propuso a las empresas, “bien de forma directa o a través de sus comerciales”, que iban a figurar negro sobre blanco en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. El presunto testaferro de Blasco usó la mercantil Dinamiz-e que había comprado anteriormente a Adolfo Soler Sempere, acusado en el caso y huido a Bolivia. En 2011, tras un embargo de la Agencia Tributaria, Tauroni utilizó otras empresas que no estaban a su nombre pero sobre las que tenía el dominio, según la Fiscalía. Los trabajadores de Dinamiz-e simplemente pasaron a engrosar las nuevas firmas limpias. 

El primer contrato, firmado en 2008 para el servicio informático del Portal del Ciudadano, fue adjudicado a Fujitsu España Services SAU por un importe de 449.604,98 euros. La empresa adjudicataria suscribió un contrato con Dinamiz-e para subcontratar los trabajos, embolsándose Fujitsu el 7% de los fondos públicos. “Los trabajos contratados fueron realizados íntegramente por trabajadores de Dinamiz-e, sin que conste que el personal de la empresa adjudicataria del contrato realizase labor alguna”, sostiene el fiscal Jesús Carrasco.

La misma mecánica se siguió con el contrato para el desarrollo del Portal del Inmigrante, adjudicado a Indra Sistemas SA por 642.273 euros. Idénticamente, Dinamiz-e asumió el trabajo tras ser subcontratada por la multinacional, que ganó 202.489,61 euros. Y así hasta un total de ocho expedientes de contratación que siguieron la misma operativa en la que Tauroni nunca aparecía en primera fila a lo largo del periodo en que Rafael Blasco fue conseller del ramo.

El fiscal anticorrupción también pide responsabilidades civiles como partícipes a título lucrativo a Indra Sistemas SA (202.489,61 euros) y a Fujitsu España Services SAU (69.536,02 euros) para resarcir a la Generalitat Valenciana. Para los acusados solicita una responsabilidad civil, a abonar a la Generalitat conjunta y solidariamente, de 280.363,12 euros por los daños y perjuicios ocasionados al erario autonómico.

“Una de las tramas de corrupción más inmorales”

La Coordinadora Valenciana de ONGD ha reclamado que los bienes recuperados se destinen a la cooperación internacional, “que era el propósito que tenían los fondos que robó la trama”. Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, se ha referido al juicio por la pieza quinta: “Después de la sentencia sumamente decepcionante e indignante con la que se saldó el último juicio por el Caso Blasco queremos que se haga justicia de una vez por todas, para que las penas sean proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos por una de las tramas de corrupción más inmorales que hemos sufrido en la Comunitat Valenciana”.