González Cussac, experto en el CNI: “No entiendo que el Gobierno reconozca la vulnerabilidad de sus teléfonos”

José Luis González Cussac es catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València (UV). También es uno de los mayores expertos en España sobre el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de coordinador universitario del Convenio Marco de Colaboración entre el servicio secreto y la UV para la organización de jornadas y conferencias de ámbito académico en materias como espionaje o geopolítica. Es la llamada cultura de inteligencia, una suerte de aperturismo de los servicios españoles a ciertos ámbitos de la sociedad en los que, de paso, pescan (reclutan) a posibles candidatos...

González Cussac (Valencia, 1960) dirige el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la UV y el Master Oficial en Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos de la misma universidad. Autor de numerosos manuales y artículos académicos, el catedrático es uno de los mejores conocedores de la cultura de inteligencia y ha participado en varias comisiones ministeriales y de asesoramiento parlamentario en materia de procesos de reforma de la legislación penal y penitenciaria en España y América Latina.

En esta entrevista con elDiario.es repasa el escándalo del espionaje con la aplicación israelí Pegasus a los teléfonos de independentistas catalanes y de varios miembros del Gobierno, empezando por su presidente. El catedrático también explica la legislación a la que está sujeto el CNI y desglosa las propuestas de mejora de los servicios españoles. Por extraño que pueda parecer, José Luis González Cussac no luce gabardina ni gafas de sol como los espías de las películas (además lleva años sin fumar). Tan sólo es un académico fascinado por el mundo de los servicios de inteligencia, que conoce de cerca. O eso dice.

¿Cómo es posible que sólo en un tercio de los teléfonos espiados a independentistas catalanes cuenten con el aval de un auto del Tribunal Supremo?

Siempre resulta un tanto difícil de comprender que a un informe de una universidad extranjera [el Instituto Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto] le hayamos dado tanta credibilidad sin poner en cuestión su fiabilidad. Partimos de que ese informe es verdad pero realmente no lo hemos contrastado lo suficiente. Aquí hay un tema básicamente político. Se le ha dado una trascendencia que puede o no puede tener pero realmente no lo sabemos. Partiendo de que hay 60 personas, por lo que se dice, el servicio español asegura que hay un tercio aproximadamente que sí lo hicieron ellos. Lo hacen en un contexto determinado: entre el 2017 y la publicación de la sentencia en octubre del 2019 con todos los problemas que se generan de orden público fundamentalmente en Catalunya. Ahí reconocen, parece ser, que se hacen.

¿Las otras intervenciones, qué organismo podría haberlas hecho?

Las alternativas son que las hayan hecho otros organismos del Estado, que también pueden solicitar esa información legalmente (o lo pueden haber hecho ilegalmente, claro) o que lo haya hecho un organismo extranjero o alguien que tenga la capacidad de tener esta herramienta, si es verdad lo que dice Canadá [el Instituto Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto]. Esto es por descarte lógico: ¿quién puede haber sido? Si nosotros no hemos sido, eso es lo que parece que dicen, pueden haber sido otros organismos policiales, no sólo [el Ministerio del] Interior. Puede haber sido la policía autonómica catalana la que pueda haber hecho esas escuchas, si es con Pegasus o no, u otros servicios extranjeros. Porque les puede interesar en un momento dado qué está pasando en España. A unos porque, según su visión estratégica, una desestabilización de España les puede poner en peligro y a otros porque, simplemente, pueden azuzar esa desestabilización al interesarles debilitar un país que tenga su importancia en la Unión Europea. Evidentemente, candidatos no faltan para tener intereses en entrar en una cuestión española que llegó a ser crítica y que puede tener una repercusión en otros países de la UE por temas territoriales que tampoco están cerrados. Es evidente que puede haber intereses de otros servicios extranjeros. Estamos hablando siempre por probabilidades, por descartes o por interpretación. 

¿Puede chirriar constitucionalmente que se autoricen escuchas a cargos aforados?

El CNI interviene no para usar penalmente una información sino para saber qué está pasando. Primero quiero tener información de cuáles son los movimientos que se están dando en este tema en concreto, no quiero averiguar delitos, quiero saber qué está pasando para poder informar al Gobierno y que pueda tener escenarios y ver hacia dónde está evolucionando una determinada cuestión. El objetivo de un servicio de inteligencia es anticiparse, en el sentido de que el Gobierno tenga la posibilidad de que no le sorprenda nada. En ese contexto podríamos discutir pero, claro, estamos siempre en unas líneas muy difusas porque no hay una autorización clara legal.

El objetivo de un servicio de inteligencia es anticiparse

El Reino Unido en el conflicto de Irlanda del Norte hacía inteligencia respecto a familiares, amigos o compañeros de alguien que era sospechoso de participar en el IRA. Para hacer inteligencia muchas veces no se hace directamente sobre una persona porque estemos sospechando que está haciendo algo mal. Hay mucha jurisprudencia y está al límite con periodistas en Europa en el yihadismo. Tal periodista está haciendo una entrevista con alguien allegado al yihadismo y lo que hago es intervenir el teléfono o vigilar o poner cualquier tipo de dispositivo al periodista; esto ha dado lugar a bastante debate. Pero mi objetivo es hacer inteligencia, yo no quiero otra cosa.

Esta persona puede tener conversaciones con otros que nos puede dar información. Esto está claro pero por otro lado hay que ponderar, porque el impacto en la intimidad de los ciudadanos es brutal. Ya no es que nos graben la conversación, es que la intromisión que llevan estos programas informáticos es total: si mi teléfono es objeto de inteligencia se van a enterar de toda mi vida privada y de parte de todas las personas con las que tengo relaciones. Desde el punto de vista del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones es lo que hay que ponderar porque, si no, llegaríamos al Estado de la vigilancia, al gran Leviatán que lo controlaría todo.

¿Sobre quién recae la responsabilidad de que los teléfonos de todo un presidente del Gobierno y de varios ministros hayan sido intervenidos?

A los miembros del Consejo de Ministros, altos cargos, responsables de organismos militares y de Defensa y otras altas autoridades del Estado que manejan información sensible, el terminal que se les entrega, sobre todo el teléfono, está preparado por el Centro Criptológico Nacional. Es decir, tiene un sistema de cifrado autóctono. Piden que se use solamente ese teléfono para hablar de temas oficiales. El seguimiento, mantenimiento y revisiones del teléfono dependen de la secretaría general de Presidencia del Gobierno desde que ese órgano se creó por el presidente Adolfo Suárez. Realmente es una competencia compartida: el terminal lo da el Centro Criptológico Nacional pero el seguimiento al día lo hace la secretaría general de Presidencia.

¿Cómo de grave es?

Durante la época en que se barajaba el tema de los indultos, apareció el primer teléfono de un miembro del Gobierno presuntamente hackeado, fue el del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Reconocerlo públicamente es un juicio de oportunidad, nadie lo había hecho excepto en algún caso porque era para denunciar o jugar políticamente con otro país; recuerdo el caso de Angela Merkel supuestamente con los servicios norteamericanos. Fuera de esos casos, nadie reconoce abiertamente una vulnerabilidad o una debilidad así. Eso no quiere decir que no existan, claro que existen. En esto todos juegan a intentar obtener información confidencial, que ahí es donde está el jugo para la geopolítica. Es sorprendente que reconozcan que han tenido esa debilidad públicamente, no entiendo por qué. No entiendo por qué reconoces que teléfonos tan importantes han sido objeto de una vulnerabilidad tan grande. Porque estás reconociendo abiertamente un fallo de tu sistema de seguridad a alto nivel. No entiendo qué beneficio tiene ese reconocimiento, no le encuentro sentido y, además, no hay antecedentes en el ámbito internacional.

¿Cómo valora la actuación de la ministra de Defensa?

Ella es la máxima responsable del servicio de inteligencia. Dos cuestiones. Creo que la adscripción del CNI al Ministerio de Defensa es incorrecta. El servicio de inteligencia tiene que estar adscrito a Presidencia, no a Defensa que tiene sus fuentes de inteligencia militar (el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, además de todas las unidades que hacen inteligencia táctica operativa). Pero el CNI realmente a quien asesora y le da el producto es a Presidencia, que es quien va a tomar las grandes decisiones. Que esté en Defensa distorsiona.

En segundo lugar, creo que la ministra Margarita Robles ha intentado poner un poco de orden institucional. Yo soy funcionario desde hace 35 años, a mí no me gusta que se sospeche de que casi 4.000 funcionarios públicos viven continuamente en el delito, no me parece serio en un país como España. Es algo totalmente insultante e injustificado. Creo que ella ha hecho una defensa institucional del CNI porque debe de tener, supongo, la información y porque, además, lo primero que tienes que decir es que un organismo público trabaja cumpliendo la ley.

La ministra de Defensa es la única que ha estado a la altura institucional

En mi opinión, el Gobierno ha estado muy desafortunado en no haber dado un paso para decir que lo primero es que el servicio español trabaja en la legalidad, la que sea, nos guste más o menos. Si vemos que hay alguna duda acerca de esta cuestión, se organiza una investigación, por supuesto, pero como toca organizarla. La ministra de Defensa es la única que ha estado a la altura institucional.

Quizá el problema también sea que el instituto Citizen Lab de la Universidad de Toronto sea el máximo especialista mundial en Pegasus.

Habrá que ver cómo han hecho ellos ese examen de tantos terminales, en cuánto tiempo lo han hecho y contrastarlo. Y puede ser que sea cierto que se ha usado Pegasus. Pero de ahí a pensar que el CNI es el responsable y que lo ha hecho ilegalmente yo creo que hay un salto. Primero, vamos a ver la fiabilidad y luego vamos a ver nuestros servicios, que presumimos que, como cualquier otro organismo público español, actúa dentro de la ley. Si hay alguna duda vamos a investigarlo tranquilamente.

En una reciente entrevista en TV3 dijo que los diputados que forman parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso pueden ir más allá. ¿Qué más pueden hacer?

Lo que quería decir es que en esa comisión, los integrantes pueden pedir al servicio que les muestren y les expliquen cualquier actuación, no sólo para hacer un control de legalidad, sino también de la eficacia y la eficiencia. Y esto es lo que no han hecho. Evidentemente, hay que matizar que el servicio no les puede dar, o no debe dar, información precisa y completa de fuentes pero sí explicar si a estas personas se les ha hecho un seguimiento y por qué. En este caso parece que se enseñaron los autos del magistrado, esto se puede mostrar. Quería insistir en que, para controlar algo, hay que saber qué es lo que se quiere controlar. Esta comisión es insólito que no haya estado constituida en esta legislatura. El trasfondo es la falta mínima de consenso y de funcionamiento institucional que estamos teniendo.

Controlar no es malo. El propio servicio de inteligencia tiene interés en estar controlado para saber que está haciendo lo que toca, como cualquier otro organismo quiere ser eficiente y eficaz. No va por su cuenta. Ellos hacen lo que les pide el Gobierno dentro de la legalidad, es su tabla de objetivos sobre los que tiene que hacer inteligencia.

El propio servicio de inteligencia tiene interés en estar controlado para saber que están haciendo lo que toca

Esa comisión es la que tiene que controlar. Y no lo ha hecho prácticamente desde el principio, cuando se constituye. En 2004 es el acuerdo que amplía la posibilidad de que integrantes del Grupo Mixto entren. En efecto, por el problema grave de posibles conexiones entre uno de los partidos de la izquierda abertzale y la organización terrorista ETA, esa es la razón histórica de que se excluya. Una vez superado eso deberíamos llegar a establecer un consenso entre los diferentes grupos. En España estamos planteando un dilema curioso: tener acceso al Estado por partidos que quieren, en cierta medida, desintegrar al Estado. Eso no está en la ley pero tendríamos que llegar a un acuerdo político porque, si no, parece hasta cómico.

¿No es algo opaca una comisión en la que diputados elegidos democráticamente tienen ciertas restricciones?

Si llega a la comisión el secretario o la secretaria de Estado y le preguntan cuatro cosas, cuentan lo que les preguntan. No se ha generado esa cultura. Esa comisión ha venido funcionando cuando había un escándalo que salía en los medios de comunicación. O los atentados de Barcelona y de Cambrils y las supuestas relaciones con el imán de Ripoll, el escándalo con los vuelos secretos de la CIA... Siempre ha actuado después de algo que ha llamado la atención a la opinión pública. Pero no ha trabajado apenas en ese seguimiento, por lo menos anual, del presupuesto, de en qué se ha gastado, qué se ha hecho fuera, dónde se está fuera o qué resultados se han obtenido. Es lo que en otros países sí que se hace y, cuando hay un problema concreto, se genera una comisión específica para que analice ese problema. Pero aquí no, sólo es una comisión de seguimiento ordinaria, como la de Justicia o de Presupuestos, sólo se reúne o trabaja un poco cuando hay algo extraordinario como un atentado o una operación supuestamente de cobertura de los vuelos secretos de la CIA. El seguimiento del servicio lo tienes que hacer regularmente.

En este caso ha trascendido el contenido o, al menos, una parte.

Algunas cosas parece ser que sí que se han revelado. Los diputados pueden exigir que les muestren o le expliquen todo, lo que no pueden es reproducir o grabar. Pero sí que tiene acceso a todo. Esto es importante: puedes pedir pero tienes que saber qué estás pidiendo. Ahí lo ves y puedes estar todo el tiempo que quieras viéndolo pero no reproducirlo luego porque estarías sacando evidentemente una información clasificada

Pero también tenemos mucha incultura en este país por temas de secreto de sumario, que muchas veces se conocen en pleno secreto sumarial. Tiene una doble consecuencia. Una que puede ser penal, pero eso habría que investigarlo. Y otra que, sobre todo, acentúa la desconfianza en esa comisión. El buen funcionamiento de esa comisión va a hacerlo como si tenemos el secreto con un periodista o con un abogado o con el médico. Yo al médico le cuento todo pero eso queda entre los dos, ni mi familia puede saber cuál es el contenido de nuestra relación, igual que un abogado. Esa comisión desempeña bien su función de control si todos sabemos que no va a salir nada de lo que pase. En la medida en que empiece a salir pueden empezar a existir dudas o que otros colegas de la comisión intenten tapar información o bloquearla, o que el servicio se cierre más porque tema que haya una salida de información clasificada. Pensemos también que cuando hablamos de información clasificada, en algunos casos, estamos hablando de personas y de fuentes humanas que pueden ponerse evidentemente en peligro. Hay muchas cuestiones que se mantienen en secreto por razones de seguridad. 

¿Cómo están regulados los servicios secretos en la legislación española?

Hay que partir de que hay una cobertura en la Constitución, el artículo 105.b, que dice que toda la actuación de las administraciones en España es pública, excepto en lo que atañe a Seguridad y Defensa, averiguación de delitos y la intimidad de las personas. La regulación es la clásica de la Ley de Secretos Oficiales, con la reforma de noviembre de 1978. Esa es la que, digamos, se refiere a lo que jurídicamente llamamos garantía del secreto, es decir, la parte administrativa. Toda la técnica de clasificación y desclasificación, que en realidad es un proceso muy burocrático que determina todas las personas que tienen acceso, las comprobaciones de lo que tienen acceso, lo que tiene que estar bajo ese secreto o los niveles de secreto. Tenemos la carencia de no disponer de una desclasificación automática por transcurso del tiempo en función del grado de secreto, que es lo que tienen el resto de países. En España la única manera de desclasificar es por acto. Es decir, el órgano competente, el mismo que tiene la capacidad para clasificar, tiene la capacidad para desclasificar.

Luego están las dos leyes del CNI, que este viernes se cumplían los 20 años. La ley que regula las funciones del CNI y su estructura básica y la Ley Orgánica 2/2002 del 6 de mayo, que regula la autorización judicial cuando las actividades afectan al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio. Y luego está la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que también tiene afectación, además de otras leyes de referencia que afectan, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con protección de datos. Los archivos clasificados, a su vez, tienen un régimen de control particular de la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Y antes de la refundación del 2002, cómo funcionaba?

Antes no existía nada. En el modelo español, el CNI no tiene capacidad de detener ni funciones policiales ni interviene para obtener información que pueda utilizar en un proceso penal. Esa es la diferencia con la Policía. Sólo lo hace para inteligencia. Lo que hacía el Cesid antes no se sabe, porque como tampoco tenía funciones policiales, tampoco iba por la Ley de Enjuiciamiento Criminal al juez de turno. Sí que actuaban sin cobertura prácticamente judicial. Y lo que hace la Ley Orgánica 2/2002 es obligarles a todo este proceso que se crea del magistrado del Tribunal Supremo.

¿Específicamente, qué papel tiene el magistrado del Tribunal Supremo encargado del CNI, Pablo Lucas Murillo de la Cueva?

Cuando jurídicamente hablamos de control judicial hay tres fases: el control anterior (la autorización), el seguimiento y el resultado. Lo que dice la ley orgánica es solamente la autorización previa, exigida en el artículo 18 de la Constitución y en la jurisprudencia europea (hay otros países que en su Constitución no exigen una autorización judicial, por tanto, lo puede hacer un fiscal o lo que llaman autoridades independientes). El estándar de intervención judicial en el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa es menor que el que tenemos en España. Pero no es un control completo sino que es la autorización previa. Por tanto, el juez cuando se lo solicita el CNI entiende que hará una valoración, si es necesario aplicará, se supone, el canon del [Tribunal] Constitucional, que es el del tribunal europeo: una adopción con una finalidad constitucionalmente legítima, que sea necesaria y que sea proporcional. Pero no es un control completo, es la autorización judicial previa. A partir de ahí, cómo se ejecuta y qué ocurre con los resultados, queda en manos del CNI.

El estándar de intervención judicial en el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa es menor que el que tenemos en España

¿Y la actuación de los servicios españoles en el extranjero?

Todo el mundo suele distinguir entre la inteligencia en el interior y en el exterior. En el exterior te pueden contestar que se someten a las reglas del país que actúan. ¿Qué significa esto? ¿Que si el servicio español quiere interceptar una conversación, por ejemplo, en suelo francés va a someterse a la autorización de la autoridad competente en Francia? Es absurdo; entonces obviamente cuando actúas fuera lo haces sin esas coberturas legales. Las coberturas legales habitualmente rigen las actuaciones de los servicios en su territorio.

Cuando un servicio de inteligencia actúa fuera, normalmente hay dos maneras: la que se llama directa, es decir, comunicando al servicio de ese país que tienes ese interés y vas a actuar ahí, limpiamente y transparentemente, que yo creo que es como actuaba el servicio español en Francia (los franceses [en el caso de la lucha antiterrorista] lo sabían e incluso al final apoyaban). Otra manera son las actuaciones clandestinas, cuando no dices al servicio del otro país que tus agentes están actuando. En Francia, no es exactamente que les estés diciendo qué es lo que estás haciendo pero les has dicho que estás actuando, con tus agentes y fuentes de información. Supongo que a la inversa ocurre lo mismo.

Llama la atención el cambio de paradigma entre las fuentes humanas y las infinitas posibilidades de espionaje con programas como Pegasus.

Totalmente. Pero también es paralelo a la imagen que tenemos de los policías de noche con el bocadillo haciendo un seguimiento... Ahora casi todas las investigaciones muchas veces te salen por los soportes electrónicos, la recuperación de llamadas o los registros en ordenadores y teléfonos. Esto en los servicios de inteligencia también pasa pero se supone que sigue teniendo una gran importancia la gestión de las fuentes humanas. Independientemente de los medios de captación de información a través de interceptación de comunicaciones o de grabaciones por micrófonos, cuya explotación obviamente puede ser muy importante, en paralelo le siguen dando mucha importancia a explotar directamente las fuentes humanas, que no necesariamente es alguien tuyo, formado y preparado e introducido en un ámbito. Hay otras fórmulas: conseguir a alguien que está dentro o fuera que te dé la información, bien porque le pagas al llegar a algún tipo de acuerdo, porque sabes que ha hecho algo que está mal y le dices que le puedes denunciar o lo puedes, digamos, chantajear, bien por patriotismo o por ideología de esa persona, que quiere colaborar. Por eso es tan importante la información que se maneja en fuentes humanas.

El CNI sigue dando mucha importancia a la explotación directa de fuentes humanas

Es muy importante que tengamos claro que el servicio español no persigue delitos. Aunque te pinchen un teléfono o entren en tu casa, no están buscando nada para de ahí obtener una prueba para llevarla a un juicio, están para hacer inteligencia. Esa diferencia es lo que justifica, si se hace bien, el diferente régimen jurídico que tiene, más laxo en el caso del CNI que en el de la Policía. La justificación para mí está ahí. La Policía, si interviene o tiene un infiltrado, es para encontrar una evidencia para armar una pretensión punitiva mientras que el servicio de inteligencia, en el modelo español y en otros, no, genera información para analizarla y darle un buen informe sobre un tema al que se lo encarga, que es el Gobierno.

El CNI, al menos según la Estrategia de Seguridad Nacional, parece que se dedica a temas de terrorismo, crimen organizado o inteligencia económica.

Y desinformación, pandemias, cambio climático... Todo eso lo hace un servicio. Pero un matiz. El Gobierno no sólo obtiene información de inteligencia del CNI. La obtiene de otros muchos servidores abiertos. La particularidad de un servicio de inteligencia es que es secreto y, por tanto, también los medios que tiene para obtener información y analizarla. En caso de una pandemia o una crisis económica tiene al Ministerio de Hacienda o al Banco de España. Pero en la parte competitiva —por ejemplo cuando se hablaba de acompañar o de proteger a una empresa española en un concurso internacional en un contrato muy importante, no cabe duda de que ahí compites, aunque seas aliado en otras cuestiones— los servicios de inteligencia intentan apoyar a la empresa de su país. Es algo que Snowden dejó muy claro: que se utiliza para inteligencia económica. A veces, para obtener información del seguimiento de ese contrato, puedes justificar una intervención. No están buscando un delito, están intentando que esa empresa pueda ganar ese contrato.

Por otro lado, los servicios de inteligencia también hacen contrainteligencia. Quizás muchos de los problemas que estamos viendo estos días en España, probablemente, pasan por personas que han tenidos bastante relevancia pública en estos ámbitos y que han dejado caer la posible intervención, apoyo o contactos con servicios extranjeros. Siempre que aparece un servicio extranjero de inteligencia merodeando en un asunto interno de un país ahí salta inmediatamente la contrainteligencia para frenar la injerencia extranjera en un asunto interno. Tenemos que tener presentes las posibilidades que hay de pedir una intervención telefónica. 

¿En el caso del contraespionaje, puede llegar a judicializarse?

Lo que pasa es que cualquier servicio de inteligencia, con este modelo, tiene un conflicto jurídico. Yo, en mis actividades totalmente legales y con autorización, veo que se están cometiendo delitos. Todos los funcionarios tenemos la obligación de denunciar pero al mismo tiempo cuando la denuncia se produce y judicializas esa observación puedes destapar tu operación y chocar con tu verdadera función. Muchas veces no se hace esa transferencia a la Policía o a la Fiscalía de posibles delitos porque, si no, destaparían las fuentes de información que tienen. Hay que pensar también cómo se trabaja en ese mundo.

Claro, en materia de contrainteligencia hay juicios en ocasiones pero, normalmente, si miras el contexto occidental lo que hay son expulsiones. Hay casos de juicios. En España no, pero ha habido en Reino Unido, en Alemania o en Francia y también detenciones por traición y espionaje.

¿Cómo es sociológicamente el servicio secreto español?

Hay bastantes publicaciones que te dicen ya unos datos: actualmente solamente son un tercio largo los que tienen origen en las Fuerzas Armadas. Luego están los que tiene origen en cuerpos de Policía y el resto, prácticamente el 50% o más, son de origen totalmente civil. Todo esto, cada vez, ha bajado más la procedencia militar y se ha ido abriendo, precisamente por el cambio de la idea de seguridad y defensa que ha dejado, al abandonar el escenario de la Guerra Fría, en el que el temor en Occidente era el conflicto militar con la URSS. Lógicamente, como la principal amenaza era de origen militar, la primera línea de combate (como se decían los funcionarios de los servicios de inteligencia) era de origen militar. A medida que las amenazas se empiezan a diversificar y empiezan a aparecer otras nuevas que requieren capacidades de comprensión y análisis completamente diferentes, empiezan a entrar cada vez más especialistas en lenguas, por ejemplo. En el caso español, porque en otros países esto ya había pasado quizá un poco antes.

Parece un negociado multidisciplinar.

Hay que ver las diferentes funciones dentro de un servicio. Hay una diferencia a veces muy rígida, que no siempre es exactamente así, entre los que obtienen la información y los que la analizan. Aparte de la logística de un servicio. Hay muchas formas de obtener información: desde el que busca en fuentes abiertas, experto en herramientas de búsqueda, que puede haber estudiado documentación, archivística o historia hasta el que necesita entrar en una vivienda y lo que necesita es ser un buen cerrajero. Luego está todo lo que rodea a la información que se obtiene por satélite, fotografía y tecnología que requiere unas capacidades.

En un servicio secreto hay desde el que busca en fuentes abiertas hasta el que entra en una vivienda y lo que necesita es ser un buen cerrajero

El otro gran perfil es el analista. Esto en realidad, en muchos escenarios, no es tan nítido. El analista también tiene su red de fuentes humanas y genera su propia información. Trabajan en unas estructuras de equipo horizontales y verticales para ir generando esa información. En la medida en que empiezas a tener necesidades de comprender otros idiomas (porque tu amenaza se ha ido a Irak, Afganistán o Irán) necesitas conocer primero esas lenguas para poder manejarte. Necesitas politólogos, especialistas en relaciones internacionales o historiadores que sepan analizar y contextualizar esa información. Si estás hablando de determinadas personas que las tienes que lanzar en lugares hostiles en el mundo, ahí sí es donde podemos encontrar orígenes de personas que viene de las Fuerzas Armadas o policiales porque tienen un entrenamiento. Estoy pensando en el Sahel que es evidente que es una fuente de peligro muy alto para la seguridad española. Ese perfil debe ser de alguien que sepa sobrevivir e incluso defenderse en esos escenarios hostiles. Ha cambiado muchísimo el perfil básico del analista, que es lo que más hay en un servicio de inteligencia. 

En la historia de los servicios secretos españoles pasa como con los organismo policiales, que transitaron de un régimen dictatorial a uno democrático sin demasiados peajes.

A los servicios de inteligencia españoles les pasa un poco como a casi todo el país. Entran en una noche oscura del tiempo, que es la dictadura franquista, un país autártico. Ahí lo que hay, que lo desclasificó Margarita Robles siendo ya ministra de Defensa y competente en el CNI, es la Sección Cuarta, de la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Defensa y antisubversiva. El origen próximo del servicio secreto español es en el franquismo y es lo que se llama académicamente una policía secreta, un servicio que lo que básicamente quiere es que no haya subversión interna para mantenerse. Después empieza a haber una cierta apertura a finales del franquismo. Luego estaba el tema de la inteligencia militar, básicamente armamentística, que esa es otra competencia.

El general Emilio Alonso Manglano coge un servicio muy doméstico y de pronto acaba de presidente del Club de Berna, que es el club más relevante del servicio de inteligencia europeo. En apenas unos años le da una transformación en el sentido de inteligencia exterior, se abre incluso en la Unión Soviética, despliega las antenas por muchos lugares que interesan a España. Es realmente cuando se ponen las bases de un servicio de inteligencia moderno.

El origen próximo del servicio secreto español es el franquismo y básicamente lo que quiere es que no haya subversión interna para mantenerse

Usted es uno de los máximos especialistas académicos en temas de inteligencia. ¿Qué mejoraría del CNI?

Le daría más recursos. Si miras lo que se dice que tiene el presupuesto del servicio español y el número de funcionarios, comparado con otros de nuestro entorno, gastamos muy poco dinero en el servicio de inteligencia para el papel que tiene España en el mundo. Está infradotado competitivamente, es muy eficiente comparativamente a otros teniendo en cuenta las reglas presupuestarias. Esto pasa también en otras partes de la administración pública española: con menos recursos que los que tienen otros países, mantenemos un cierto nivel de competencia pero es complicado.

Gastamos muy poco dinero en el servicio de inteligencia para el papel que tiene España en el mundo

¿Y en su adscripción orgánica?

La adscribiría necesariamente a Presidencia. Le daría al ministro o ministra de la Presidencia o a la vicepresidencia primera el control y seguimiento diario. Hay muchos temas que prácticamente deben de tener un seguimiento diario.

¿Se podría mejorar el control judicial de las actuaciones del CNI?

El control judicial a mi modo de ver habría que ampliarlo para que fuera un verdadero control. No sólo la autorización previa sino que el magistrado pudiera tener la posibilidad de seguir todo el proceso de captación de la información. Y no lo reduciría sólo a un magistrado en todo el territorio español. Primero, por razones casi operativas, porque cada vez ese magistrado va a atener que estar haciendo autorizaciones en todas partes del territorio español. Ni por razones operativas de que tiene que estar muchas veces, como aquel que dice, 24 horas. Podemos pensar que pueden ser magistrados muy previsibles. Al menos abriría un pequeño grupo de magistrados que fueran turnándose y que incluso por turno les correspondiera. Esto no quiere decir que tenga que haber una veintena, pero cinco, seis o siete magistrados en España. Y luego extendería lo que hoy es autorización a un control verdaderamente judicial durante y después de las interceptaciones telefónicas.

¿Y la comisión del Congreso?

Intentaría dotar de más claridad legal a la comisión parlamentaria. Para mí es la más importante, obligaría a hacer un control semestral del servicio, de eficiencia y eficacia del sistema.

¿Por último, en materia de desclasificación de documentación, qué se podría mejorar?

Por supuesto, hay que reformar la Ley de Secretos Oficiales, utilizar una escala de grados de clasificación más acorde con los organismos internacionales para homologarla con otros países de nuestro entorno. E introduciría la desclasificación de la información por el transcurso del tiempo. Dejando siempre una opción al presidente del Gobierno de prórrogas, sobre todo en casos que afectan a relaciones diplomáticas. Eso da bastante tranquilidad a los propios funcionarios del servicio y borra cualquier tentación de excesos de celo. Y a los ciudadanos nos da la oportunidad de comprender mejor determinados sucesos cuando tenemos esa parte del mosaico, que cuando es información clasificada no tenemos, y nos permite reconstruir alguna situación o conflicto histórico con otro país. En definitiva, nos permite también ver cuáles son nuestros aciertos y nuestros errores y, por tanto, poder mejorar como Estado.