Carlos Mazón ofreció en 2019, siendo presidente de la Diputación de Alicante, “ayuda” a los afectados de la DANA que azotó la comarca de la Vega Baja para sufragar con fondos públicos “gastos jurídicos” destinados “cualquier acción judicial”. Lo dijo en un pleno de la institución provincial celebrado el 2 de octubre de 2019, tras la DANA acaecida entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019 que dejó tres fallecidos, más de 200.000 afectados y pérdidas de, al menos, 1.500 millones de euros.
Las catastróficas precipitaciones llegaron a superar los 500 litros por metro cuadrado en Orihuela y los 300 en prácticamente toda la Vega Baja. En aquella época, Mazón presidía la Diputación de Alicante y usó la institución provincial para arremeter contra el Gobierno central, escudándose en que los regantes de la comarca planteaban “dudas sobre alguna responsabilidad de carácter judicial que pudiera haber acarreado la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura” (CHS).
En ese mismo pleno de la Diputación, Carlos Mazón criticó que el comisionado de aguas de la CHS, un alto funcionario, llegara supuestamente “tres horas” tarde a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi). Mazón, el pasado 29 de octubre, jornada de la catastrófica DANA que ha causado más de 200 fallecidos, acudió con un llamativo retraso al Cecopi. De hecho, tal como ha informado elDiario.es, las dudas de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el retraso de Mazón, que alargó una comida, propiciaron que la alerta masiva a los móviles se enviara a las 20.11, cuando cientos de personas ya estaban atrapadas.
Tras la DANA del 29 de octubre, las consecuencias judiciales empiezan a planear sobre las cabezas de los responsables de la gestión de la respuesta a la catástrofe, especialmente en referencia a la consellera Pradas y a su equipo de Emergencias y al president Carlos Mazón. De hecho, existe un antecedente: dos exalcaldes de Finestrat, una localidad de la comarca alicantina de la Marina Baixa, fueron condenados por un delito de homicidio por imprudencia tras una riada que azotó el municipio y en la que falleció un matrimonio británico.
En 2019, el entonces presidente de la Diputación de Alicante expresó su “apoyo” a “cualquier gasto jurídico” de los regantes y agricultores que quisieran “poner en marcha, porque ellos libremente lo hacen así, cualquier acción judicial y solicitan una ayuda a la Diputación [de Alicante] para cumplimentar, para ayudar, para sufragar, para echar una mano en esos gastos jurídicos”. “La Diputación está abierta”, dijo Mazón.
“Y mi predisposición para ayudar en eso es absoluta”, abundó el actual presidente de la Generalitat Valenciana, quien matizó a un diputado provincial del PSPV-PSOE: “No estamos hablando, como usted comprenderá, de desviar la labor diaria de los servicios jurídicos de la Diputación, que tienen que atender a la Diputación y a los ayuntamientos”.
Acto seguido, detalló: “Si un ayuntamiento pide a los servicios jurídicos de la Diputación un asesoramiento, lo va a tener”. “Es más, lo reafirmo hoy aquí: cualquier ayuda para los gastos jurídicos que necesiten los regantes va a tener mi total predisposición, desde el principio hasta el final”. Hasta 17 comunidades de regantes de la Vega Baja denunciaron al presidente de la CHS, Mario Urrea, y a sus antecesores en el cargo desde 2014, por los presuntos delitos de imprudencia temeraria con resultados de muerte y estragos. Las diligencias fueron finalmente archivadas.
La preparación de la respuesta a la emergencia de la DANA de 2019 fue manifiestamente mejor que la de este pasado 29 de octubre. La Generalitat Valenciana, con el socialista Ximo Puig de presidente, convocó el Cecopi dos días antes —el 11 de septiembre de 2019—, la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue activada el 12 de septiembre y las clases se suspendieron preventivamente.
En 2019, “se tenía la previsión de la DANA”
El apoyo de Mazón a las posibles denuncias por la DANA de 2019 en la Vega Baja contrasta de plano con su papel en la respuesta a la catástrofe de 2024, en la que a pesar de ostentar el mando único real, el presidente autonómico ha dejado sobre el papel a su consellera de Justicia e Interior con la responsabilidad jurídica de la desastrosa gestión.
En la misma intervención del pleno de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón planteaba las “dudas” sobre la gestión previa a la DANA por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. Se trata de un argumentario que se vuelve en contra de Mazón como un bumerán: “Aquí hay dudas como que seis días antes ya se sabía que venía una DANA”, afirmó en 2019.
De hecho, el entonces presidente de la Diputación de Alicante también pidió a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura que dieran explicaciones “a los regantes y a la sociedad y a los alcaldes y a los concejales” de los municipios afectados. “Durante seis días antes, sin un metro y medio de agua, sin estar cayendo la que estaba cayendo, no se actuó y se tenía la previsión de la DANA ya”, exclamaba Mazón, quien también apostilló que no acusaba ni criminalizaba “a nadie”.
“Aquí lo que queremos saber es por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido”, concluyó. Una afirmación más vigente que nunca.