Una conversación con Neus Roig solo permite una aproximación a la vastedad de una injusticia repetida sistemáticamente durante décadas y que, como viene siendo habitual, tiene rostro de mujer. Esta doctora en Ciencias Humanas y Sociales es, posiblemente, la persona que más sabe sobre bebés robados en España. Su tesis, ‘La búsqueda biológica. La detención ilegal de recién nacidos y la usurpación de su identidad en España (1938-1996)’, pionera en este campo, da buena cuenta de ello. Roig visitó el pasado jueves la Universidad de Alicante en un seminario multidisciplinar organizado por el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de menores, que preside Roig, en colaboración con la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Generalitat Valenciana, integrada también por la Universitat de Valencia y la Jaume I de Castellón. Una vastedad que arroja una cifra estimativa. Se calcula que el número de bebés robados asciende a 300.000 en España, 3.000 en la Comunidad Valenciana.
Esta antropóloga tarraconense defiende en su investigación que el origen teórico de las sustracciones de bebés se remonta a la Inquisición española. “La Iglesia empezó en esa época a marcar a la madre soltera cuando decidió quitarle los hijos que pasaban a manos de orfanatos o instituciones de caridad”, afirma. Más adelante, la Inquisición desaparece y comienza el auge del fascismo europeo, como respuesta, entiende Roig, a “una especie de rebelión a la situación moderna que se estaba instaurando en el continente”.
Con el ascenso de Hitler al poder, los nazis crean la institución Lebensborn “donde las madres rubias, guapas y de demostrada raza aria por parte de padre, acudían voluntariamente a prestarse a quedar embarazadas de altos cargos de las SS para potenciar la raza aria alemana”. En esta organización, los niños estaban con la madre hasta los tres años cuando pasaban a la adopción. Después, las madres podían volver a quedarse embarazadas “y producir otro niño ario” o podían cobrar una cantidad por haber entregado a su hijo en adopción. El robo literal de bebés, recuerda Neus Roig, se produce ya en la Segunda Guerra Mundial a familias de Polonia o Suecia donde si hacía falta, se mataba a los padres.
En cambio, el origen práctico de las desapariciones forzosas de menores en España se empieza a registrar cuando estalla la Guerra Civil. Antes de que finalice, el psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera empezaría a poner en práctica todo el conocimiento adquirido en los Lebensborn con las presas republicanas, especialmente en la cárcel de Málaga y después en la cárcel de Ventas en Madrid. “Este psiquiatra establece que la madre republicana es próxima al animalismo y tiene un gen rojo que lo transmite a su progenie de la cual no se puede extirpar –explica la doctora Reig sobre el bautizado como doctor Mengele español- , pero si esos niños son apartados de la madre antes de los tres años, con educación adecuada se puede minimizar el gen rojo y conseguir que el niño sea apto para poder vivir en una España católica, apostólica y romana”.
Neus Roig insiste durante la entrevista en no olvidar “la parte emocional de las víctimas”. Muchas de ellas forman parte de las 426 personas que dan forma a su tesis doctoral entre médicos, matronas, forenses, funcionarios del Registro Civil y víctimas. Estas últimas, añade “están muy mal y no pueden estar de ninguna otra manera porque el estado español no les ayuda absolutamente en nada”.
Pone ejemplos. Como el de una madre que le comunican que el bebé que acaba de tener ha muerto. Le dicen desde el hospital que no le dejan verlo en base a la Ley del Registro Civil de 1958, vigente hasta 2011, por la que se niega el derecho de los padres a ver al hijo que muere durante el parto o hasta 24 horas después. Si fuera cierto, que el bebé murió, “no les permiten hacer un duelo”. “Pero al descubrir con el paso del tiempo que este bebé no está registrado ni se ha cumplido con el protocolo que tiene que hacer el hospital de generar el legajo de aborto, llevar el documento al Registro Civil y pedir la autorización de sepultura y que este bebé esté enterrado, esa madre, esa familia, entra en un proceso que podríamos llamar de tortura psicológica”. A esta misma conclusión llegó el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en 2013.
¿Justicia?
Las víctimas han recurrido a la Justicia y la respuesta, en la inmensa mayoría de los casos, ha sido la misma: “no hay caso”. Se estima que en la última década se han archivado 2.000 denuncias; y de momento solo hay un imputado, el doctor Vela acusado de los delitos de detención ilegal, suposición de parto, detención ilegal y falsedad en documento público. El primer juicio por un bebé robado de España tendrá lugar los días 26 y 27 de junio. La denunciante, Inés Madrigal, cree que puede que ni se presente. “Y si lo hace no creo que vaya a decir nada. Solo espero que sea positivo para el resto de casos y para que no prescriba”, afirma a este medio.
La que entonces creía que era su madre biológica, Inés Pérez, confesó a Madrigal en 2010 que en 1969 el doctor Eduardo Vela le entregó a la niña en el Sanatorio San Ramón de Madrid con la connivencia del sacerdote Félix Sánchez. Las trabas judiciales llevaron a Pérez a autoinculparse y ser declarada imputada con la intención de testificar contra el doctor Vela, de 85 años, en 2013 cuando este negó los hechos.
Neus Roig reconoce que pese los tirones de oreja a España –el último, en noviembre de 2017 cuando Bruselas reclamó “medidas urgentes” para resolver todos los casos de bebés robados- sí que se han resuelto al margen de la justicia. “Tengo información concreta de casos que se han resuelto previo retirar la denuncia judicial”, asevera. “Les han dicho ‘si usted quiere saber su hijo, o su madre, dónde está, retire la denuncia’ y de esta forma se han hecho reencuentros en España, a puerta cerrada”. Estas afirmaciones asegura que las tiene “constatadas”. “No voy a dar nombres porque son informantes de la tesis pero esto es así”, concluye.
Soluciones
Esta investigadora cree que la solución para restituir estos atentados contra los derechos humanos pasa primero “por voluntad y después por ”cambiar las leyes“; ”también es vital crear un banco de ADN nacional “como han hecho en Argentina” para cruzar los datos de las víctimas “para que los reencuentros sean fáciles”; o que “cuando se hace una exhumación y no se determina la identidad, que no se paralice como hasta ahora y se continúe hasta el final”. Esa es la idea del Observatorio de las Desapariciones Forzosas de Menores que preside, llegar hasta el final de tantos y tantos casos. Recuerda que nacieron con la finalidad “de ayudar a las asociaciones que a su vez ayuden a las víctimas”. El siguiente paso en el que está este equipo de trabajo es el de “involucrar a la universidad para que con sus conocimientos se pueda demostrar que esto pasó”.