Con los parias de la DANA

A la espera de que la autoridad autonómica (militar…, por defecto!) presente su Plan de reconstrucción económica y social, el Estado sigue desplegando sus recursos legislativos, materiales y humanos para atender, no sin dificultades, a todos los damnificados por la tragedia.

Según diversas estimaciones, la población afectada en su actividad o sus bienes alcanzaría la cifra aproximada de 600.000 personas, lo que supone algo más de la quinta parte del censo total de la provincia de Valencia, de los que el 23,3% son menores de 16 años y el 26,7% mayores de 64, correspondiendo el bloque central a personas en edad laboral.

Si en una colaboración anterior (El escudo social contra la DANA) analizaba la regulación legal y cobertura real de las medidas destinadas a paliar el impacto de las inundaciones sobre el empleo y la actividad económica (ERTEs, prohibición de despidos, créditos ICO a las empresas y prestaciones a los autónomos por cese de actividad…) se trataría ahora de identificar los perfiles y dimensiones de los colectivos más vulnerables para evaluar, seguidamente, el alcance y límites de la acción protectora del Estado.

Población en riesgo de pobreza y exclusión

Según el último informe de la sección española de la European Anti-PovertyNetwork, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE correspondiente a 2023, el 29,6% de la población de la Comunidad Valenciana se considera en situación potencial de riesgo de pobreza y/o exclusión social, porcentaje que se reduce al 10,7% si consideramos sólo a la población en situación real de pobreza severa, la que sobrevive con ingresos inferiores al 40% de la renta nacional mediana, es decir, con menos de 611 euros mensuales por unidad de consumo.

Se trata de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, integrados por personas y grupos familiares afectados, en mayor o menor grado, por los diferentes factores de desigualdad y exclusión: precariedad laboral, paro de larga duración, emigración irregular, déficit habitacional, marginación social, etc.

El citado Informe demuestra que en ausencia de las transferencias sociales y la acción protectora del Estado impulsada en los últimos años por el gobierno progresista (revalorización de las pensiones, aumento del salario mínimo, IMV, topes al coste de la luz y el gas, etc.) la tasa de pobreza severa crecería hasta el 31,5% de la población valenciana.

Con todo, son los colectivos vulnerables los que más duramente han sufrido el impacto diferencial de la DANA y requieren ahora de una mayor y mejor protección social para evitar que se cronifique, o incluso agrave, su situación de pobreza y exclusión.

Medidas específicas de protección

El primer paquete de ayudas sociales para estos colectivos se incluyó en el Real-Decreto Ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se establecía un incremento automático del 15% para las pensiones no contributivas (invalidez, jubilación…) y el Ingreso Mínimo Vital. En los municipios afectados por la DANA son 10.500 los perceptores de dichas pensiones y 23.400 los hogares beneficiarios del IMV (en los que viven 69.500 personas), cuya cuantía oscilaba hasta el pasado mes de octubre entre los 497 y los 814 euros mensuales.

Se ha fijado también una subida adicional del 30% al complemento de ayuda a la infancia (CAPI, equivalente a 150 euros/mes) asociado al IMV que, en la zona de referencia, perciben 10.350 hogares vulnerables en los que viven 30.000 menores.

Por otra parte, ante la imposibilidad total o parcial de prestar servicios en el ámbito del empleo doméstico y de los cuidados, se reconoce expresamente la aplicabilidad a las trabajadoras de este sector (17.389 de alta en la Seguridad Social en la provincia de Valencia) del régimen especial de prestación por desempleo previsto para los casos de fuerza mayor, con una cuantía salarial equivalente al 70% de su base reguladora, sin necesidad de período de carencia previo ni posterior consumo de períodos cotizados.

Expansión y límites del escudo social

Aunque las 110 medidas de protección y ayudas extraordinarias desplegadas hasta ahora, con un presupuesto total de 14.400 millones de euros, tratan de cubrir las necesidades generadas por la DANA y avalan la función protectora del Estado, presentan también límites y contradicciones que resulta necesario resolver.

La más dramática, sin duda, es la que afecta a las personas migrantes en situación irregular de las zonas afectadas que, por carecer de permiso de residencia y empadronamiento administrativo, no pueden acceder a las ayudas en materia de vivienda, empleo y seguridad social pese a ser, paradójicamente, quienes más lo necesitan, quedando atrapados en una espiral de precariedad de la que no saben cómo ni cuándo van a poder salir, mientras sufren en ocasiones el acoso provocado por los bulos xenófobos de la extrema derecha.

Es por ello que desde las organizaciones sociales (CC.OO, Oxfam, Coordinadora Valenciana de ONGD) se ha planteado a la Secretaría de Estado de Migraciones la adopción de medidas urgentes para paliar dicho déficit de cobertura.

Lo que se propone, con carácter de urgencia, es acelerar la renovación o prórroga automática de las autorizaciones de residencia y permisos de trabajo ya vigentes y, sobre todo, conceder ahora una autorización administrativa provisional a los emigrantes irregulares residentes en los municipios afectados con anterioridad al 29 de octubre pasado, en aplicación de la Disposición Adicional 1.4 del actual reglamento de extranjería -a la espera de la aplicación integral del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que lo renueva y amplia- con objeto de regularizar su situación y facilitar el acceso a las prestaciones y ayudas a que tuvieran derecho.

Se trata, en definitiva, de proteger también a los que, estando entre nosotros, lo han perdido todo…, aunque apenas tuvieran nada!