Ser condenado a cuatro años por fraude fiscal no es obstáculo para trabajar como representante de la administración pública al más alto nivel. Carlos Fabra seguirá en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón, una entidad pública dominada por el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana, en representación de la Cámara de Comercio provincial.
Fabra, que dice no tener dinero para pagar la multa impuesta por los jueces por defraudar al fisco, tampoco dejará, ni le forzarán a ello, su cargo de secretario general de la Cámara. Allí cobra 90.000 euros al año. Por cada reunión del consejo de administración de Port Castelló, 300. Según su gabinete de prensa, Port Castelló ha celebrado 8 reuniones anuales de media en los últimos años.
La oposición pide su destitución
Al menos el PSPV-PSOE y Esquerra Unida ya han pedido la destitución de Fabra al frente del órgano de dirección de una empresa estatal. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, “debe destituir inmediatamente” a Carlos Fabra, asegura Ximo Puig, líder socialista.
“No es tolerable que Carlos Fabra continúe en Port Castelló porque se trata de una entidad pública, y que un delincuente condenado ocupe un asiento en el puerto supone denigrar a esta entidad” asegura Marina Albiol, diputada de Esquerra Unida.
La Generalitat, sin embargo, dice que no puede mover ficha. Fabra no es uno de sus cuatro representantes en Port Castelló, sino el de la Cámara de Comercio. Al parecer, la autoridad portuaria, tampoco. La sentencia ni es firme ni pide la inhabilitación del expresidente de la Diputación. Alberto y Carlos Fabra compartieron asiento en la dirección de la autoridad portuaria, el primero como alcalde de la ciudad y el segundo, en representación de la Generalitat.