La alcaldesa de València, la popular María José Catalá, tiene una herencia envenenada con el millonario contrato a la empresa Acciona, que gestiona el servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de la ciudad. Sin embargo, ante el estratégico contrato, la Corporación municipal aún no ha licitado la nueva adjudicación, en manos de la empresa de José Manuel Entrecanales desde hace 17 años.
El 'macrocontrato' fue adjudicado en 2007, durante el mandato de Rita Barberá, y ha ocasionado un perjuicio económico a las arcas municipales de 11,2 millones de euros, según un informe de la Agencia Valenciana Antifraude incorporado al sumario del 'caso Azud'. Sin embargo, los cálculos de Antifraude podrían sumar un perjuicio adicional de 2,3 millones de euros si se tiene en cuenta las prórrogas que alargaron la adjudicación hasta 2023.
En la causa que instruye la jueza Pepa Tarodo figura como uno de los principales investigados el abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá. La investigación, comandada por el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, afloró el pago de una presunta mordida de 2,2 millones de euros a Corbín y al también letrado Diego Elum, amigo de este último desde que ambos militaban en la extrema derecha.
La UCO vincula el pago de la abultada comisión a los regalos de lujo que recibió en la época la alcaldesa Rita Barberá de Acciona. Antifraude, en funciones de auxilio judicial a la instructora de la causa, analizó pormenorizadamente la ejecución del contrato por parte de Acciona y cifró en, al menos, 11,2 millones el perjuicio económico entre 2007 y 2012 a consecuencia de las modificaciones contractuales y las certificaciones sin justificación. Este diario trató de recabar la versión de la empresa el pasado 15 de febrero, cuando se conoció el informe de la agencia, sin obtener respuesta.
El mantenimiento del alcantarillado de València sigue siendo responsabilidad de Acciona a pesar de que el contrato venció el pasado 31 de diciembre, tras una prórroga de dos años aprobada por la anterior Corporación municipal formada por Compromís y el PSPV-PSOE.
La concejala del Ciclo Integral del Agua en el pasado mandato, la socialista Elisa Valía, explica que la prórroga estaba prevista en el contrato y que, aunque la idea era sacar a concurso la nueva concesión antes de diciembre de 2021, finalmente no se llegó a tiempo.
La última prórroga se alargó por la pandemia, que obligó a centrar todos los esfuerzos en garantizar el buen funcionamiento de un servicio declarado esencial, y por los diferentes proyectos de una enorme envergadura, aún en fase de redacción, que se deben incluir en el contrato como inversiones, entre ellos la reforma del colector norte o la red de alcantarillado de diversos barrios de València.
Sin embargo, Valía asegura que antes del mes de agosto, cuando ya estaba el PP al frente del ayuntamiento, recibieron el visto bueno de la licitación por parte de la Generalitat Valenciana y tan solo faltaba que se llevara a la mesa de contratación para su aprobación.
Desde entonces, tal como reconoce el propio departamento gestionado por el PP a preguntas de la edil socialista, no se ha hecho nada: “En estos momentos el expediente se encuentra en el Servicio de Contratación y no resulta posible indicar una fecha de publicación de la licitación”, afirma la respuesta del área de Limpieza, Residuos y Ciclo Integral del Agua del pasado 14 de febrero.
Servicio en precario
Todo ello a pesar del perjuicio para las arcas municipales (un total de 13,5 millones de euros) reseñado por la Agencia Valenciana Antifraude. El pasado 31 de diciembre se agotó la segunda y última prórroga. Este año, el servicio funciona en precario con reconocimientos de obligación de la contrata en función de los trabajos que va realizando. Se trata de una modalidad, según recuerda Valía, que no se puede aplicar de forma indefinida.
El pliego que dejó listo para su aprobación el anterior equipo de Gobierno establecía un contrato de 15 millones de euros al año durante 15 ejercicios para mantenimiento, conservación y limpieza de la red y para inversiones con proyectos ya redactados (el colector norte y las renovaciones en los barrios), por valor de entre 70 y 90 millones a abonar en esos 15 años. Sólo para el colector norte se había previsto una inversión de 38 millones.
Elisa Valía sostiene que uno de los motivos del retraso puede estar relacionado con la rebaja en la tasa de alcantarillado aplicada por el PP, puesto que antes de la bajada, la recaudación cubría el coste del nuevo contrato, algo que no sucedería tras aplicar una reducción que implica menos ingresos para el ayuntamiento.
Además, la edil socialista anuncia que estará vigilante ante el plazo que se otorga para presentar ofertas ya que, para un contrato de tal magnitud, cuanto más corto sea más se reduce la posibilidad de que las empresas presenten ofertas.