Mucho se ha escrito y debatido durante el último año sobre políticas públicas de vivienda y su trascendencia para garantizar a la ciudadanía un proyecto de vida digno. El llamado quinto pilar del Estado de Bienestar, puerta de entrada al resto de derechos como la salud o la educación, sufre graves impactos desde la crisis del 2008, empeorados por la pandemia de la covid-19.
La tardía tramitación de la primera ley estatal por el derecho a la vivienda, coincidiendo con la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas y locales de mayo 2023, propició su aparición en la acalorada agenda política y social, convirtiéndose, al menos en el discurso, en una prioridad para las formaciones políticas. La próxima será la legislatura de la vivienda, decían, prometiendo cada semana la construcción de miles de viviendas asequibles nuevas.
Pocos artículos tan atinados como el de la profesora de Derecho Civil de la UV, María Dolores Mas La vivienda, ese derecho incómodo, han retratado mejor, a través de un nostálgico y a la vez tan actual recorrido cinematográfico, la realidad del problema estructural de la crisis habitacional de nuestro país, fruto de un modelo caduco y alejado del interés general.
En nuestro territorio, al gobierno del Botànic le han bastado cuatro años para dar un salto de una década, desarrollando por primera vez legislación, normativa y acciones de calado. Dirigidas a cimentar un nuevo y avanzado modelo: con la agilización de la ampliación del parque público; la reactivación de la vivienda protegida no descalificable; la movilización de viviendas vacías; el impulso de nuevos modos de habitar; iniciativas contra la despoblación y la priorización de protección de la población en situación de emergencia residencial…
Además, con el impulso de los fondos europeos se han creado innovadores programas de promoción de vivienda pública y de rehabilitación energética para mejorar el tan envejecido parque edificado. Añadamos el ambicioso Plan de Barrios de regeneración urbana de entornos residenciales vulnerables, de la mano de los ayuntamientos.
Pese a los esfuerzos seguimos con décadas de retraso, lejos de los estándares europeos avanzados, lo que sitúa a nuestra Administración en franca desventaja frente al feroz mercado inmobiliario. Por eso era tan necesario ampliar los cimientos construidos, con el horizonte puesto en la creación de un verdadero sistema público de vivienda, sólido y estable, como se defiende para la sanidad y la educación.
Hasta entonces, mientras el acceso a la vivienda siga dependiendo de los ciclos inmobiliarios y su especulación característica, cada vez más capas de la población verán dificultado este derecho y seguirá siendo urgente actuar desde lo público considerando todos los horizontes temporales.
Lamentablemente, el derecho a la vivienda ha vuelto a desaparecer del debate público, de la misma manera que con el cambio de ciclo político han desaparecido las ambiciosas políticas públicas de vivienda en la Generalitat Valenciana. Víctima de la reducción del mal entendido, a mi juicio, “gasto político”, la anterior Conselleria de Vivienda ha quedado diluida en una única dirección general adscrita a la Conselleria de Servicios Sociales. Toda una declaración de intenciones.
Los derechos básicos requieren de recursos públicos, tanto presupuestarios como técnicos y humanos. Actualmente, los destinados por las administraciones a vivienda son totalmente insuficientes.
Sin duda, disminuyendo y dificultando la capacidad de gestión de las administraciones, también se contribuye a mantener desigualdades, y en este caso a seguir consolidando la segregación urbana y social. Es el modelo de la derecha funcionando a pleno rendimiento, tal como diría Jorge Dioni, periodista y autor del libro El malestar de las ciudades.
Se suele decir que en vivienda no hay recetas únicas, pero sí caminos y medidas con buenos resultados a corto, medio y largo plazo. Desde que se abrió el nuevo ciclo inmobiliario hace una década, los movimientos sociales vienen reclamando medidas coyunturales mientras se asientan las políticas de fondo. Véase la actividad de las plataformas de afectados por la hipoteca, y la reciente creación de los sindicatos de inquilinas.
Actualmente, la alerta está puesta en la crisis del alquiler. Y aunque la ley estatal de vivienda abre la puerta a frenar los desorbitados precios de los arrendamientos, el nuevo Gobierno Valenciano se suma a recurrirla y a su vez anuncia la “reforma” (¿derogación?) de toda la normativa de vivienda impulsada durante los últimos años y una nueva “ley autonómica que incluya medidas de protección a la propiedad y lucha contra la ocupación”.
Las noticias hacen prever que muchas medidas van a ir en dirección contraria a las impulsadas por el Botànic durante la pasada legislatura. Lo cual significa que se seguirá ampliando la brecha de las desigualdades en el acceso a la vivienda por varias generaciones.
*Elena Azcárraga Monzonís, arquitecta urbanista. Exdirectora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana.
Sobre este blog
En un moment en què la lluita contra el canvi climàtic guanya protagonisme, aquest blog pretén aprofundir en el debat sobre el territori i els impactes que suporta. Es tracta d'un espai dedicat a l'anàlisi i la reflexió, en què col·laboraran professionals de diferents disciplines. El territori, la ciutat, el medi ambient i la cultura són els eixos d’un imprescindible debat, amb l'objectiu de lluitar a favor de la salut del planeta i contra les desigualtats socials.
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