“La propiedad está pidiendo que desaloje la vivienda, tiene que buscar otra vivienda. ¿No va a buscar un alquiler, no va a salir a la calle a buscar alquiler entonces? Si usted no sale a buscar no va a conseguir y se va a quedar ahí siempre. Le ofrecemos una ayuda económica, el montante es 3.200 euros”.
Alejandra, de 28 años y con tres hijos de 3, 4 y 13 años, recibe este tipo de llamadas prácticamente a diario por parte de Promontoria Coliseum, fondo que se quedó su vivienda ubicada en el barrio de la Fuensanta de València tras una subasta del Banco Sabadell, y que a preguntas de elDiario.es ha declinado hacer comentarios sobre el caso.
“Es un acoso constante y diario que acaba destruyendo moralmente y psicológicamente a quien lo padece. Mis hijas pequeñas por suerte no se dan cuenta pero la mayor sí que me pregunta si nos van a echar de casa y dónde nos vamos a ir si eso sucede. Eso es algo durísimo. Además, tenemos miedo de irnos y dejar la casa sola por si nos cambian las cerraduras porque, además de llamar por teléfono casi a diario, alguna vez ha venido también un señor a ver si la casa está vacía, a preguntar cuándo nos vamos a ir”, relata Alejandra.
La mujer explica que sus padres compraron la vivienda y, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, se quedaron sin empleo y no pudieron hacer frente a la hipoteca: “Solicitaron una dación en pago pero, a la hora de firmar, no leyeron bien los documentos y lo que hicieron en realidad fue rehipotecarse, con lo que la deuda se incrementó. Ellos se fueron al extranjero y me quedé yo en la vivienda, donde pago puntualmente los gastos de comunidad y de luz, gas y agua”.
En marzo de 2020 le comunicaron que había pasado a ser propiedad de Promontoria Coliseum y que tenía que irse porque el fondo había iniciado el proceso de desahucio, pero gracias a los informes de los trabajadores sociales que acreditaron que se trata de una persona vulnerable el juez le otorgó una moratoria que vence en marzo de este año.
“Antes me llamaban para decirme que dejara la vivienda un par de veces al mes pero desde enero es casi a diario porque saben que, si el juez tiene que volver a decidir, es muy probable que vuelva a otorgar otra moratoria por mi situación. Yo no quiero que nadie me regale nada, solo pido un alquiler social y vivir en mi casa con tranquilidad porque hoy en día un alquiler en València y alrededores es imposible de asumir para mí, que estoy en el paro, aunque buscando empleo activamente y cobrando el ingreso mínimo vital”, explica.
Ante esta situación y de la mano de la PAH, Alejandra ha denunciado por acoso inmobiliario al fondo en las dependencias del PROP de la Generalitat Valenciana.
El nuevo decreto contra el acoso inmobiliario aprobado por el Gobierno valenciano, que entró en vigor el 28 de febrero del año pasado tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), reconoce este tipo de infracción. Sin embargo, desde la PAH denunciaron este jueves: “Hemos vuelto a poner tres denuncias de casos que ya notificamos hace un año y de los que no se ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte de la administración”.
Además de Promontoria Coliseum, también han sido denunciados los fondos Global Pantelaria y Global Zappa, que se enfrentarían a multas de hasta un millón de euros en virtud de la nueva normativa que define como acoso inmobiliario “toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarle en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generándole un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante, especialmente si dicha conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda”.