El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el pasado martes 5 de noviembre al anunciar un paquete de ayudas a los damnificados por la DANA en València que “el cambio climático mata. Tenemos que adaptarnos a esa realidad”.
La afirmación no es gratuita, viene avalada por informes científicos desde hace años. Sin ir más lejos, en el año 2007, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) lanzó su informe de situación que decía –entre muchas conclusiones– que se esperaba “un mayor riesgo de defunciones y de lesiones por ahogamiento debido a las crecidas”. “La alteración de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, sumada al aumento del nivel del mar, tendrán previsiblemente efectos extremadamente adversos sobre los sistemas naturales y humanos”, destacaba el documento.
Sin embargo, para el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón todo lo relacionado con las emergencias y el cambio climático siempre ha sido secundario. De hecho, tras pactar con Vox, cedió al partido negacionista de extrema derecha la Conselleria de Justicia, de la que dependen la gestión de las grandes catástrofes naturales.
Además de aplicarle un recorte presupuestario de 15 millones en las cuentas del presente ejercicio, el Ejecutivo autonómico de Mazón tardó apenas cuatro meses en deshacerse de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un organismo heredado del Gobierno anterior del Pacte del Botànic y encargado de garantizar la rápida intervención en cualquier lugar del territorio en caso de emergencias de origen meteorológico o sísmico, extinción de incendios forestales y maremotos.
Pero no es el único organismo con competencias en actuaciones relacionadas con el cambio climático y por extensión con catástrofes naturales que Mazón, ya sin Vox en el Consell, tiene previsto liquidar, puesto que incluyó en el anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2025 la eliminación de la Agencia Valenciana del Cambio Climático.
Impulsada por el Gobierno del Botánico con Mireia Mollá (Compromís) como consellera de Emergencia Climática, tiene como objetivo actuar como herramienta para coordinar y ejecutar los planes para revertir el cambio climático y luchar en favor de la descarbonización en las instituciones públicas, el empresariado y el conjunto de la sociedad.
Además, debía proponer y evaluar las políticas climáticas y de los planes de acción sectoriales en el ámbito de mitigación y adaptación al cambio climático, así como analizar periódicamente la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero y los mercados de carbono; la vulnerabilidad de los recursos y los sistemas naturales, los sectores económicos y los territorios a los impactos del cambio climático y evaluará el grado de implantación de las políticas en materia de cambio climático.
En su creación, a finales de la pasada legislatura, tanto PP como Cs y Vox coincidieron en rechazar este nuevo órgano al considerar que supondría “un nuevo chiringuito” al que el Consell destinaría casi cuatro millones de euros anuales para crear una veintena de puestos de trabajo.
Una ley de transición ecológica más laxa
La Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana es otra de las que más cambios sufrirá en virtud de la Ley de Acompañamiento y no precisamente para aumentar los objetivos previstos en materia de reducción de emisiones. Por ejemplo, se suprimen y se vacían los contenidos de los artículos referidos al Comité de Personas Expertas en Cambio Climático de la Comunitat Valenciana y también se elimina la Asamblea de la Ciudadanía Valenciana por el Clima.
En materia de emisiones, mientras con la actual normativa se establece un objetivo de reducción del al menos el 40% de cara al año 2030, con la modificación introducida se establece que “para el año 2030, al menos, la reducción prevista de acuerdo con los objetivos vinculantes y fijados en el marco nacional de referencia y la Unión Europea”.