La política subterránea y las consecuencias futuras del caso Pegasus

La comparecencia del ministro Félix Bolaños el lunes 2 de mayo marcaba un cambio de rumbo en la estrategia del Gobierno sobre el caso Pegasus. De la estrategia inicial basada en las declaraciones de Margarita Robles en el Congreso afirmando que el espionaje se había hecho con orden judicial y justificándolo como necesario frente a “quienes declaran la independencia”. Unas declaraciones que recordaban a aquella frase pronunciada en su momento por el presidente Felipe González: “El Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas”. El Ejecutivo ha pasado, ahora, a una segunda estrategia consistente en presentar a Pedro Sánchez y la propia ministra como víctimas de Pegasus, condenar los hechos y afirmar que se han realizado sin orden judicial por instancias ajenas a los organismos estatales. Ello implica sacudirse la responsabilidad política del asunto y desplazarla hacia una tercera instancia fantasma a la que, en tanto que desconocida, difícilmente podrá, a pesar de teatralizar una supuesta investigación, rendírsele cuentas nunca. Ambas estrategias son, por igual, formas gubernamentales de ocultar prácticas ilegales de Estado.

Todo Estado tiene, inevitablemente, dos esferas: una esfera secreta y oscura donde se vulneran derechos, las llamadas “cloacas del Estado”; y una esfera pública y visible, conformada por las instancias representativas, que se rige por las reglas de la democracia. Sin embargo, la relación entre ambas esferas (la oculta y la pública) es, según el país, de distinto tipo:

Existen países donde la esfera pública y visible persigue imponerse por encima, reducir el espacio de las cloacas y ponerles luz mediante investigaciones, imposición de sanciones a los responsables de vulnerar derechos, el cese de cargos políticos, policiales, etc. Estos son los que podemos llamar “democracias autónomas”.

Por el contrario, existen otros países donde la esfera secreta y oscura se impone, dirige, controla y amenaza a las instituciones públicas competitivas y formalmente democráticas. Las cloacas tienen la capacidad de intervenir, alterar u obstaculizar ciertos resultados políticos indeseables para sus intereses. La esfera invisible tiene el control ex ante y ex post sobre el poder público. Éstos son los que podemos llamar “democracias tuteladas”.

El hecho de que, una vez más con el caso Pegasus, las prácticas de las cloacas del Estado sean encubiertas por las instituciones representativas y dejadas sin resolver, ponen de manifiesto la existencia, en España, de un poder oculto e intocable y un poder público “que lo oculta”, lo que ubica al Estado en la categoría de democracia tutelada. 

Pero si bien ello no es ninguna novedad, durante los más de 40 años de vida del régimen del 78 se han ocultado repetidos episodios de guerra sucia, terrorismo de Estado, torturas, extorsiones, corrupción del monarca, etc., sí me atrevo a afirmar que, a diferencia de casos anteriores, la complicidad entre “poder (secreto) oculto” y “poder (público) que oculta” en el caso Pegasus puede tener consecuencias políticas importantes, en tanto puede contribuir a acelerar una mutación del campo político en Catalunya con efectos, a medio plazo, en la vida estatal. ¿A qué me refiero?

La suma del asunto Pegasus a la violencia policial impune y la persecución judicial contra el movimiento independentista (801 personas siguen hoy en Catalunya con causa judicial abierta), hace evidente para la, aproximadamente, mitad de la sociedad civil catalana favorable a la autodeterminación y la amnistía, que no existe ninguna posibilidad de poder procesar sus reivindicaciones y acciones en el interior de la esfera pública con garantías de que sus derechos humanos más elementales no se verán vulnerados. Y ello hace, a la vez, que adquieran conciencia de que la única manera que tienen para organizarse, participar y hacer política es hacerlo, de manera oculta, en el espacio político invisible para el Estado.

La existencia de poder oculto que vulnera derechos impunemente con la complicidad del poder público implica siempre, y al mismo tiempo, la existencia de un contrapoder también oculto. En la medida que los proyectos políticos democráticos alternativos y mayoritarios de un territorio no pueden operar en la esfera pública y visible sin ser objeto de vulneración de derechos, solo les queda operar en el espacio invisible, de manera que el subsuelo político, lo subterráneo, se amplía enormemente. Este ya no es un simple espacio minoritario de grupúsculos extremistas sin incidencia social, sino un nuevo campo político de gran riqueza y densidad donde se encuentran e interactúa una parte muy importante de la población que participa en política. Y esto no es baladí, puesto que los distintos espacios de la política generan lógicas diferentes que modelan los imaginarios de sus operadores también de manera distinta. 

Mientras los espacios integrados e institucionales de la política son los lugares que articulan la producción y reproducción del orden y el statu quo. Los espacios subterráneos y ocultos de la política son, por el contrario, lugares laboratorio de ideas y prácticas que problematizan con el orden y lo cuestionan de raíz. Y cuando la mitad de la sociedad de un territorio pasa a hacer política en este espacio, se configura un ancho campo para  nuevos ciclos de sacudidas, enfrentamiento y conflictividad que, a medio plazo, pueden generar nuevas crisis de régimen. 

Precisamente por ello, afirmo que el cierre en falso del escándalo Pegasus puede, a corto plazo, permitir al Gobierno salir airoso del escándalo, pero contribuir a consolidar un amplio y rico subsuelo político en Catalunya que, a medio plazo, abra una nueva crisis de Estado.

La comparecencia del ministro Félix Bolaños el lunes 2 de mayo marcaba un cambio de rumbo en la estrategia del Gobierno sobre el caso Pegasus. De la estrategia inicial basada en las declaraciones de Margarita Robles en el Congreso afirmando que el espionaje se había hecho con orden judicial y justificándolo como necesario frente a “quienes declaran la independencia”. Unas declaraciones que recordaban a aquella frase pronunciada en su momento por el presidente Felipe González: “El Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas”. El Ejecutivo ha pasado, ahora, a una segunda estrategia consistente en presentar a Pedro Sánchez y la propia ministra como víctimas de Pegasus, condenar los hechos y afirmar que se han realizado sin orden judicial por instancias ajenas a los organismos estatales. Ello implica sacudirse la responsabilidad política del asunto y desplazarla hacia una tercera instancia fantasma a la que, en tanto que desconocida, difícilmente podrá, a pesar de teatralizar una supuesta investigación, rendírsele cuentas nunca. Ambas estrategias son, por igual, formas gubernamentales de ocultar prácticas ilegales de Estado.

Todo Estado tiene, inevitablemente, dos esferas: una esfera secreta y oscura donde se vulneran derechos, las llamadas “cloacas del Estado”; y una esfera pública y visible, conformada por las instancias representativas, que se rige por las reglas de la democracia. Sin embargo, la relación entre ambas esferas (la oculta y la pública) es, según el país, de distinto tipo: