El CIE de Madrid ignora algunas de las peticiones de asilo de extranjeros encerrados

Cuando se echa la llave, tras la cerradura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid quedan también personas que han huido de la guerra, la violencia y la persecución en sus países. El Derecho Internacional les garantiza la opción de solicitar asilo en otro país, pero el Estado español, con frecuencia, se la quita.

Según el último informe de la Asociación Karibu, algunas de las solicitudes de asilo de estas pesonas son ignoradas, habiéndose incluso llegado a deportar a personas que afirmaban haber realizado una solicitud que nunca se llegó a tramitar.

Fue el caso de Christopher, un nigeriano de 20 años que huyó después de que una bomba de Boko Haram matara a su padre, y a quien España expulsó en un vuelo de deportación colectivo. Días antes de que le notificaran que sería deportado, dice que había rellenado la fotocopia en la que depositó todas sus esperanzas de ser protegido en nuestro país. Pero no funcionó. Aquel papel quedaría en el fondo del buzón del director del Centro, junto con otras tantas solicitudes que tampoco se tramitarían nunca.

Este es el procedimiento único y habitual. En varios casos no se les entrega a los internos un documento que pruebe que su solicitud ha sido recibida, pese a que el Juzgado de Control mencionara explícitamente su derecho a recibirlo. Así que esperan sin certeza.

El juego del asilo

Lo que le ocurrió a Christopher es el ejemplo de la enésima traba que afrontan las personas de origen subsahariano en nuestro país cuando intentan solicitar asilo. Las oficinas habilitadas para ello desde 2014 en territorio de Ceuta y Melilla se encuentran del otro lado de la valla, y la policía marroquí no les deja acceder a ellas.

Ya en el CETI, entre los que han conseguido cruzar, el informe de Karibu apunta que muchos prefieren esperar a pedir asilo al llegar a la Península, para que los trámites no alejen sus posibilidades de estar más próximos a Europa.

Así que también esperan, y cuando cualquiera de ellos es encerrado en el CIE –la mayoría, varios años más tarde de su llegada a España–, las condiciones no mejoran. Los internos conocen sus derechos a través de un folleto informativo desgastado y con partes ilegibles, según describe el informe de la ONG.

El propio Juzgado de Control del CIE describió toda esta situación como “la evidencia de que hay personas internas, especialmente procedentes del continente africano, que han huido de sus países por motivos que pudieran tener su encaje en la legislación de materia de asilo y refugio”. Es decir: podría haber entre ellos potenciales refugiados, aunque los procedimientos legales de nuestro país no lo hubieran reconocido aún.

Estas personas, además, “son internadas sin que hayan tenido ni tan siquiera la posibilidad de ejercer las peticiones de asilo que pudieran ampararles”, concluye el Juzgado.

Detenciones para llenar vuelos de deportación

Karibu denuncia que en fechas próximas a la salida de un vuelo colectivo de repatriación la policía aumenta las identificaciones y detenciones de personas originarias del país al que irá ese avión, “con el afán de aumentar la eficiencia del operativo”.

Algunos ni siquiera reciben la notificación de expulsión doce horas antes de la salida del vuelo, como exige el reglamento, o la reciben con falta de datos e información, lo que dificulta que puedan organizar su regreso e informar a sus familiares.

En ciertos casos, cuando no consiguen que la persona sea expulsada, en lugar de llevarla de nuevo al CIE la “abandonan” en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según ha documentado Karibu. “Estas personas quedan abandonadas y ni tan siquiera reciben el documento acreditativo de su estancia en el CIE, además de que si su equipaje ya ha sido facturado, desaparece con el vuelo y se quedan sin nada”, describe el informe.

Un perfil vulnerable

A la ansiedad que genera en los internos el estar privados de libertad y la incertidumbre de no saber si serán o no deportados, se suma, en algunos casos, otros factores que les convierten en personas vulnerables. “Hemos encontrado dos posibles menores, dos mayores de 65 años, 13 personas con enfermedades crónicas, 10 con enfermedades mentales, nueve con hijos menores a su cargo y cinco mujeres posibles víctimas de trata de seres humanos”, describe la ONG.

Como Kingsley, de 45 años, que huyó de Nigeria hace 17 años junto con su mujer y sus dos hijos, y a quien España denegó el asilo nada más llegar. Desde entonces trabaja como transportista autónomo en el sur de España y aporta los únicos ingresos que reciben su mujer y sus hijos.

Cuando Kingsley ingresó en el CIE, la situación de su familia no fue suficiente motivo para frenar las intenciones de deportación. Sólo cuando él se negó a embarcar en el avión en el que iba a ser expulsado, alguien canceló su viaje y le fue devuelto al CIE, donde quedó en libertad al día siguiente.

La suya es una historia con final feliz a medias. “Cuando le sacaron del CIE no tenía medios para regresar a Sevilla, por lo que la organización le compró el billete de regreso a su casa. Estaba muy preocupado por la situación económica de su familia y temía haber perdido a sus clientes habituales tras dos meses sin atenderles”, relata Karibu.

Mientras las mejoras no llegan

Tras las numerosas quejas de ONG por las “deficientes” infraestructuras de los CIE, el propio reglamento reconoce la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad del centro. Pero las mejoras nunca llegan. “El papel escrito se topa con la realidad cuando comprobamos que apenas han mejorado las condiciones de internamiento respecto años anteriores”, dice el informe de Karibu.

¿El motivo? Que el mismo texto especifica que “no conllevará un incremento del gasto público”. Es decir, que se reconoce la necesidad de mejorar las condiciones de las instalaciones, pero no se destina a ello un presupuesto adicional al empleado en años anteriores.

Mientras tanto, los internos viven sin agua caliente ni calefacción en invierno, con una única muda de ropa, y durmiendo en habitaciones (a las que la ONG prefiere referirse como “celdas”) que en ningún caso disponen los cuatro metros cuadrados recomendables por persona según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Pasan los días esperando, con la incertidumbre de saber si serán o no deportados, y de si algún día alguien hará caso a las solicitudes de asilo depositadas en aquél buzón del Director.