En los largos meses de la pandemia nos han llegado desde distintos puntos del planeta múltiples experiencias de trabajo y lucha que han situado la solidaridad, el cuidado, el apoyo mutuo, la protección comunitaria y la defensa de los bienes comunes del territorio como ejes centrales de la construcción de un mundo postCOVID-19. No es una novedad: antes de la pandemia, en muchos lugares los pueblos intentaban resistir y organizarse priorizando el mantenimiento de vidas justas y dignas, pero el virus ha visibilizado las enormes desigualdades y las formas más crueles de persecución que sufren quienes llevan años apostando por ese cambio de paradigma político y económico.
Es el caso de las comunidades lencas y garífunas, organizadas en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y en el OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), que sabían muy bien cuáles eran los riesgos de defender la vida desde mucho antes de que la emergencia sanitaria comenzara. Los territorios donde habitan han sido históricamente atacados por los intereses de empresas transnacionales que expolian la naturaleza y amenazan la supervivencia de comunidades y pueblos originarios. La lógica económica de la extracción mata gente, expectativas, culturas, tierras y aguas.
El asesinato de Berta Cáceres, una de las lideresas más conocidas del COPINH, marcó un punto de inflexión en la visibilidad de la magnitud de los procesos de acumulación por desposesión, de su violencia sobre los territorios y los cuerpos, especialmente los de las mujeres, las niñas y las personas más vulnerables. También mostró la resistencia, la resiliencia y el tenaz mantenimiento de modelos alternativos que protagonizan los pueblos originarios.
Durante estos meses, la OFRANEH y el COPINH han seguido haciendo lo que siempre han hecho: afrontar la lucha contra el virus cuidando la vida y custodiando la dignidad de sus pueblos frente a la hostilidad colonial de unos intereses económicos depredadores. Ante la fragilidad de los servicios públicos hondureños, debilitados por las políticas neoliberales, incapacitadas para asegurar el derecho a la salud de toda la población, estas organizaciones han desarrollado una estrategia de protección basada en el apoyo mutuo y la salud comunitaria. Para los pueblos lencas y garífunas, “que nadie se quede atrás” no es solo una consigna, es una forma de lucha por la que pagan un alto precio: el aumento del hostigamiento justo en el momento en el que la crisis sanitaria afecta de la forma más cruda a sus territorios.
En plena pandemia, mientras la organización garífuna hacía enormes esfuerzos para garantizar la salud y frenar al virus, las comunidades han sido acosadas, se les ha amenazado con quemar sus cosechas y una de las lagunas que les procuraban alimentos ha sido envenenada. Si luchar contra el virus ya es enormemente difícil, como estamos viendo en España, imaginen hacerlo jugándose la vida, acosados por la violencia de ese maridaje que conforman las autoridades, las grandes empresas y el crimen organizado. En mayo, la OFRANEH recibió la noticia del asesinato de su compañero Edwin Fernández, y en julio la del secuestro de cinco personas, cuatro de ellas garífunas que defienden el territorio. Desde 2019, diez integrantes de la organización han sido asesinados con total impunidad.
Resulta muy doloroso contar que, a la vez que la OFRANEH y el COPINH han tomado medidas para fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar que nadie se quede sin comer durante la pandemia, han tenido que poner en marcha una campaña internacional para protegerse de unas agresiones que se producen con la complicidad del Gobierno hondureño. Más de 100 organizaciones de todo el mundo se han unido a través de la campaña #SusVidasSonNuestrasVidas para alertar de la violencia que estas comunidades están enfrentando, pero también aprender de sus luchas y reconocer que las alternativas de vida que están impulsando son una oportunidad para construir un mundo mejor. Lamentablemente, por el momento esto no ha conseguido frenar los ataques ni movilizar al Gobierno hondureño.
Es más, durante el estado de emergencia se ha aprobado el Decreto Ejecutivo PCM 030-2020 que permite la venta de tierras nacionales y ejidales, convirtiendo los territorios en mercancías, y se ha continuado con el proyecto de ‘Ciudades Modelo’, contrarias a un modelo democrático de gobernanza. La doctrina del shock tiene aquí su aplicación particular. La emergencia sanitaria se ha usado para fortalecer el autoritarismo y reprimir las estrategias de supervivencia y defensa del territorio que defienden los pueblos lencas y garífunas. La violación a derechos humanos está poniendo en riesgo la vida y la integridad de los pueblos y afectando especialmente a las mujeres, que están padeciendo la feminización de la pobreza, la restricción de sus derechos sexuales y reproductivos, el incremento de su carga de trabajo y la obligación de confinarse a menudo con sus agresores.
La Unión Europea ha destinado una importante cantidad de fondos a Honduras para la protección de personas defensoras de derechos humanos. A la vista de lo que está sucediendo no parece que estos recursos se estén empleando para este objetivo, así como la lucha contra la impunidad y los compromisos adquiridos en materia de igualdad de género. Dado que no se están cumpliendo las salvaguardas pertinentes, la UE debería suspender los programas de cooperación con las autoridades hondureñas, así como su Acuerdo de Asociación con Honduras.
Lo que está pasando en este país no nos puede ser ajeno. No podemos permanecer pasivas ante los riesgos que enfrentan las personas que defienden la vida. Solo desde la corresponsabilidad y tejiendo redes de solidaridad lograremos frenar al virus y hacer frente a la imposición de modelos de vida que son el resultado de políticas de tierra quemada. El cuidado, la protección, el reparto y la cautela son los cimientos para reconstruir lo común en un planeta con límites ya superados. Esta es la nueva normalidad que queremos y la única que, además, puede sostenerse en el tiempo.