Castellón, 18 oct (EFE).- El juicio por el conocido como “caso Castor” ha comenzado este lunes a las 10.30 en al Audiencia Provincial de Castellón, donde hoy está previsto que declaren dos directivos de Escal UGS acusados, que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma submarina Castor, situada frente a las cosas de Vinaròs (Castellón) y clausurada desde 2017.
Además de los dos acusados, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, ex presidente de Escal UGS y el consejero delegado de la empresa concesionaria, respectivamente, declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos.
Los dos acusados han llegado a los juzgados sobre las 09.30 horas junto a sus abogados, y han declinado hacer declaraciones ante los numerosos medios de comunicación que se han desplazado a Castellón a seguir el juicio.
La abogada del bufete BCV Lex, Esther Abellán, que representa a la Asociación de afectados por la plataforma Castor (Aplaca) como acusación particular, ha informado en declaraciones a los periodistas de que pedirán una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los 123 vecinos afectados por los seísmos.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500, que notaron vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.
Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron “daños de consideración” en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.
Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por “la ola de pánico generalizado” consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.
La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente “con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico”.
Las sesiones han comenzado este lunes y continuarán los días 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de octubre, con pruebas testificales, y los días 2, 8, 9, 10 y 15 de noviembre, con testigos, peritos y, en la última sesión, con las conclusiones e informes de las partes.