El endurecimiento de la jubilación anticipada se centrará en las pensiones más altas

Las pensiones han vuelto a primera línea de la agenda pública. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, compareció este miércoles en la comisión sobre el Pacto de Toledo para informar de los planes del Gobierno para la futura reforma de las pensiones y de la Seguridad Social. La hoja de ruta es lograr que la edad efectiva a la que se jubila la población en España se acerque a la edad legal para hacerlo y una de las líneas de actuación para conseguirlo pasa por endurecer la jubilación anticipada voluntaria. El ministro anunció una revisión de los desincentivos a esta posibilidad, pero los cambios centrarán sus efectos en un destinatario: las pensiones más altas, que se ven menos perjudicadas que las pensiones más bajas con el actual sistema de penalización.

En 2020, la edad legal de jubilación ordinaria está situada en los 65 años y 10 meses y, en los casos de trabajadores con carreras de cotización de 37 o más años, en los 65 años . Sin embargo, la edad efectiva a la que se jubila la gente es inferior, con una media de 64,6 años. El ministro Escrivá defendió acercar la edad efectiva a la legal de jubilación como uno de los principales mecanismos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el medio plazo.

Para alcanzar este objetivo, la Seguridad Social planea actuar por dos vías: tratar de reducir las jubilaciones anticipadas voluntarias, que han aumentado mucho desde 2014, y aumentar las “jubilaciones demoradas” con mayores incentivos, por los que los trabajadores sigan en sus puestos más allá de la edad legal de jubilación y retrasen el cobro de su pensión.

Aunque el ministro no ha detallado cómo se aplicarán ambos planes, que en cualquier caso están a la espera del acuerdo en el Pacto de Toledo y de ser sometidos al diálogo social con empresarios y sindicatos, Escrivá ya ha adelantado que las penalizaciones en la jubilación anticipada pretenden acabar con “distorsiones” del actual sistema, que convierten el sistema en “regresivo”. Es decir, que los coeficientes reductores en la pensión benefician a los jubilados con mayores pensiones frente a los de pensiones más bajas.

“Si tienes una pensión relativamente baja, la penalización anual es del 8%, pero a medida que vas aumentando para los que cotizan por la base máxima, que es sensiblemente más alta que la pensión, la reducción efectiva en realidad es del 2%”, explicó el ministro en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Escrivá confirmó este jueves que pretende abordar este “mal diseño de los desincentivos para la jubilación anticipada”, ya que “que aunque formalmente el coeficiente de reducción es del 8% 'de facto' para muchas personas es del 2 o 3%. Es un desincentivo bajo”, afirmó en una entrevista en Onda Cero.

El objetivo, respondió el ministro, consiste en que este colectivo con pensiones más elevadas también vea limitada su pensión con desincentivos más elevados que acaben con la desigualdad actual. “Estamos dándole vueltas para que realmente sea un desincentivo”, apuntó.

La aplicación práctica del actual sistema supone que, por ejemplo, un trabajador que cotiza por la base máxima y tiene 44,5 años cotizados sufra una reducción de su pensión del 4% por adelantar su jubilación dos años, mientras que otro trabajador que cotiza por la base media (con los mismos años trabajados y que anticipa lo mismo su retiro) ve mermada su pensión un 13%, explican en la Seguridad Social.

El origen de las diferencias entre las penalizaciones a las pensiones más altas y más bajas pasa porque los coeficientes reductores se aplican sobre la base de cotización, no sobre la cuantía que percibe el pensionista. La diferencia entre la base de cotización y la cuantía de la pensión no es muy significativa en general, pero sí llega a serlo en el caso de las pensiones más altas. La base máxima de cotización (4.070,10 euros en el Régimen General) está bastante por encima de la cuantía de pensión máxima, de 2.683,34 euros mensuales en 2020. Así, cuando se aplica la penalización sobre la base de cotización, aún hay margen para que la pensión no se vea tan reducida como en las pensiones menos cuantiosas.

Escrivá ha apuntado que esta escasa penalización alcanza a un “número importante” de pensionistas y confía en poder reducir el número de retiros anticipados voluntarios. Según el último dato de agosto, de los 9,8 millones de pensiones que se abonaron en España, unas 341.000 eran superiores a los 2.683,33 euros mensuales. Otras casi 200.000 pensiones son de una cuantía superior a los 2.500 euros al mes.

Queda por ver si también se incrementarán algo o de alguna manera las penalizaciones a la jubilación anticipada del conjunto de pensionistas y cuándo empezarían a aplicarse estos cambios. Por la postura del ministro sobre las reformas de pensiones, no parece que las modificaciones vayan a aplicarse de manera inmediata y abrupta, ya que Escrivá siempre ha defendido que hay que dar algún tiempo a los trabajadores de edad más elevada para planificar su jubilación.

En cualquier caso, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insistió en el Pacto de Toledo en que el Gobierno pretende aprobar la reforma de las pensiones a partir del consenso político y social. Una vez el conjunto de partidos políticos lleguen a un acuerdo en la comisión parlamentaria, el Ministerio presentará sus planes al propio Pacto y negociará la reforma con los empresarios y sindicatos, por lo que sus planes pueden sufrir cambios.