Abril de 1994. El Banco de España abre los sobres de las pujas en la subasta de Banesto tras haber tenido que ser intervenida por el Estado por el desfase contable de la entidad. El Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria se disputan el control del grupo que había estado presidido por Mario Conde. Es finalmente el banco que preside Emilio Botín el ganador de la puja: ofreció 762 pesetas por acción, frente a las 667 del banco vizcaíno y las 556 de la entidad con capital público.
Desde entonces, la subasta ha sido utilizada por el Estado para desprenderse de buena parte de las entidades en las que salía al rescate. Así ocurrió durante la crisis financiera donde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) saneó y posteriormente adjudicó las cajas a otras entidades en mejor disposición en procesos en los que hubo en algunas ocasiones varios pujantes. También se abrió un proceso de competencia cuando se probó con el Banco Popular el nuevo método de rescate conocido como resolución, que consistía en cargar las pérdidas del proceso sobre accionistas, bonistas y acreedores y no a las arcas públicas. Si bien, entonces la única oferta que se consideró que cumplía con los requisitos necesarios fue la el Santander.
Ahora, en 2020, un banco rescatado y controlado por el Estado vuelve a verse implicado en una operación de privatización que supondrá su pérdida de control de la entidad resultante: la fusión de CaixaBank y Bankia. En este caso no ha habido subasta pública, sino una negociación entre los gestores de dos entidades cotizadas que se traducirá en un canje de acciones, cuyo reparto ha centrado las negociaciones durante los últimos días. Este jueves, se cerró un acuerdo que fue refrendado por los consejos de administración de ambos bancos. La operación no supondrá crear una nueva sociedad sino que será CaixaBank quien absorba a los accionistas de Bankia, entre ellos el Estado que se quedará con el 16%.
Consultado por este medio, el FROB ha optado por no valorar la operación a pesar de que es el primer accionista de Bankia con más del 60% del accionariado, mientras que el Ministerio de Asuntos Económicos, pese a que la vicepresidenta Nadia Calviño ha participado en las negociaciones, tampoco ha querido explicar por qué se le adjudica a dedo la entidad rescatada con 24.000 millones del erario público -solo se han devuelto 3000 millones- a CaixaBank. ¿Por qué no se ha hecho una subasta que permitiera al mayor accionista -el Estado- optar por la mejor oferta y recuperar parte del rescate? No hay respuesta.
El presidente de Bankia, y futuro de CaixaBank, ha explicado en rueda de prensa que el FROB “no ha intervenido en absoluto” durante la operación y que su papel comienza ahora al valorar las condiciones de la fusión. Sobre un eventual procedimiento de subasta, Goirigolzarri ha asegurado que “puede haber otra entidad que pueda hacer otra contraoferta como contepla la ley del mercado de valores”.
No siempre la privatización de entidades públicas ha seguido la vía de la subasta. Coetánea de Banesto era Argentaria, un grupo surgido tras la fusión de varios grupos financieros estatales como el Banco Exterior o el Hipotecario. Durante los años noventa se produjeron sucesivas colocaciones en Bolsa del capital del banco, hasta que fue finalmente privatizado. El impulsor de la última fase fue Francisco González, ya bajo el Gobierno de Aznar, que acabó convirtiéndose en el presidente del BBVA tras su fusión con el BBV durante el cambio de siglo. Fueron años en los que tanto el BBV como el Santander fueron construyendo su hegemonía bancaria en España a base de fusiones. El primero, con Argentaria; y el segundo, con el Central Hispano.
Una década después la concentración financiera se convirtió en una constante acelerada por la crisis bancaria y con claro protagonismo estatal en el proceso. Desde el 2010 se puso sobre la mesa un proceso conocido como SIP (Sistema Institucional de Protección) que incentivaba desde el Gobierno la unión de los negocios bancarios de las cajas de ahorros para intentar crear entidades más viables. El más conocido fue el que dio lugar a Bankia, que en torno a Caja Madrid sumó a siete cajas de ahorros. Banca Cívica, Liberbank, BMN o Kutxabank nacieron de la misma manera. En la comisión sobre la crisis financiera que se desarrolló en la anterior legislatura en el Congreso se concluyó que estos instrumentos no fueron precisamente exitosos.
Por otro lado, el FROB, que había entrado a sanear numerosas cajas de ahorros, comenzó con algunas de ellas procesos de adjudicación a las entidades que estaban en mejor situación, como BBVA, Santander o Sabadell, que aumentaron su desarrollo territorial a golpe de absorber las antiguas cajas.
Pujas a un euro
En muchos de estos casos se realizaron procesos de subasta para que el Estado se saliera del accionariado de estas entidades. Así ocurrió con CajaSur, arrebatada por BBK a Unicaja; con Unnim, que BBVA adquirió frente a Santander o Ibercaja; o cuando Sabadell se hizo con el Banco Gallego frente a Banesco y Banco Espirito Santo. No fueron pocos los ejemplos de estas subastas por parte del FROB que acabaron en adjudicaciones por un simbólico euro, a cambio de que estos bancos se hicieran cargo de una entidad en problemas, aunque contratando un seguro sobre parte de las pérdidas cubierto por el Estado, los llamados EPA. Fue el caso de Banco de Valencia, otorgado a CaixaBank por un euro; misma cantidad simbólica que pagó Sabadell por la CAM o BBVA por Unnim.
La subasta fue, por tanto, una herramienta recurrentemente utilizada por el FROB para desprenderse de las participaciones de bancos que había tenido que absorber por culpa del rescate financiero. Volvió a recurrir al proceso competitivo en 2017 para el Banco Popular, aunque sin más candidato válido que Banco Santander.
No se recurrirá a esta herramienta por parte del FROB para la privatización de la última gran entidad sobre la que tiene el control. En el caso de Bankia no se ha apostado por un proceso competitivo. En los últimos meses se había apuntado a Bankia como una de las entidades que iba a protagonizar alguna de las fusiones que se esperaban en el sector, presionado por el BCE para construir entidades más rentables.
También será la única operación de privatización en la que el FROB –el Estado– siga, por el momento, siendo accionista. No lo será de control, puesto que cambia el 60% de Bankia para convertirse en el segundo accionista por detrás de la Fundación La Caixa de un grupo bancario más grande. Será a partir de entonces cuando el Estado pueda decidir si desinvertir, vendiendo paquetes de acciones como ha hecho en el pasado, hasta salir finalmente del negocio bancario al que volvió tras la crisis del 2008.