A falta de la letra pequeña, el ingreso mínimo vital ya ha hecho historia. España implementará por primera vez una renta mínima en todo el Estado destinada a los hogares con muy escasos recursos, con el objetivo de reducir la pobreza y, en especial, la más severa. “Todos los países de la eurozona tienen sistemas de rentas mínimas estatales, muchos de ellos compatibles con el empleo”, recuerda Olga Cantó, economista e investigadora sobre pobreza y desigualdad. España dejará de ser una anomalía entre sus socios europeos con este nuevo ingreso, que triplicará el número de hogares en pobreza protegidos por una renta mínima hasta llegar a las 850.000 familias.
España no es solo una rareza en la UE por no garantizar hasta ahora un mínimo de ingresos a nivel estatal. Con una de cada cinco personas en riesgo de pobreza (21,5%) y casi una de cada diez que vive por debajo del umbral de la pobreza severa (9,2%), el país destaca como es el sexto con peores registros de los 28 de la Unión Europea. En algunos colectivos las cifras son mucho peores, como entre los menores de edad, con la segunda mayor tasa de pobreza (26,8%). Es decir, con uno de cada cuatro niños en esta situación de vulnerabilidad económica. Solo nos adelanta Rumanía, con una tasa del 32%.
La pobreza en los países ricos como España a veces es puesta en duda. En 2014, la bancada del PP en el Congreso de los Diputados se mofó de Pedro Sánchez con un sonoro ¡ohhh! cuando el secretario general del PSOE afirmó en el debate de los Presupuestos Generales del Estado que uno de los principales problemas del país era la pobreza infantil. La derecha acusó al líder socialista de demagógico.
En algunos discursos se reduce a las situaciones de miseria más absoluta y se rechaza que sea un problema social relevante, de magnitud. ¿Pobreza en España? ¿Dónde? ¿En la cuarta economía de la eurozona? Pero la pobreza no es eso, sino que mide las limitaciones económicas de la población en relación a la renta mediana de la sociedad donde reside. En España, viven por debajo del umbral de la pobreza las familias que ingresan menos de 1.552 euros mensuales en un hogar formado por dos adultos y dos niños.
Para los que tuvieran dudas de su existencia, el coronavirus ha destapado la pobreza y las situaciones límite que afrontan muchos hogares en el país, a la vista en las largas colas de personas que han necesitado ayuda para comer durante la pandemia.
Aumentarán las familias protegidas y las cuantías
Para reducir la pobreza, el Gobierno de coalición aprobará este viernes uno de sus compromisos de legislatura: un ingreso mínimo vital dependiente de la Seguridad Social en todo el territorio nacional. El Ejecutivo ha adelantado su puesta en marcha debido a la emergencia derivada de la pandemia, pero será una medida permanente como estaba planteada, no temporal.
Lucía Gorjón considera que será “fundamental”. “No había una última red de seguridad que garantizara unos ingresos mínimos para todos los ciudadanos sino una combinación compleja de diferentes prestaciones regionales. Sí es cierto que en algunas regiones ya existía un sistema de renta mínima similar, pero el ingreso mínimo vital llega para actuar como un nuevo suelo o punto de partida que alcance a todas las personas independientemente de la región en la que vivan”, explica la economista e investigadora de la Fundación Iseak.
Se trata de una de las políticas más ambiciosas que se han implementado en la lucha contra la pobreza en España. De entrada, prácticamente triplicará el número de hogares con escasos recursos que a día de hoy reciben una renta mínima en todo el estado: de los casi 300.000 a los 850.0000. Esto mejorará notablemente la cobertura de estas ayudas contra la pobreza, es decir, la protección que alcanzan sobre las personas en pobreza susceptibles de beneficiarse de estas rentas. Entre los colectivos que se quedan fuera del ingreso mínimo destacan los inmigrantes en situación irregular, que el ministro José Luis Escrivá ya ha afirmado que no podrán acceder a ella.
En la actualidad, la cobertura de las rentas mínimas regionales es limitadísima y muy diferente según las Comunidades Autónomas. Un reciente estudio para la Comisión Europea de los investigadores Adrián Hernández, Fidel Picos y Sara Riscado detalla que la cobertura media de estas ayudas autonómicas alcanza de media al 13% de los hogares en pobreza severa, con grandes diferencias entre regiones: alcanza el 100% de las familias en esta situación extrema en Euskadi mientras que solo cubre al 3,6% de los hogares de Castilla-La Mancha.
El ingreso mínimo vital también incrementará el dinero que reciben las familias sin recursos en algunos territorios. Como mínimo, para un hogar de una sola persona, alcanzará los 461 euros mensuales, según ha explicado ya el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Aunque los suelos mínimos de renta dependerán de los tipos de hogares, que desglosa la medida en 14 tipologías diferentes. El máximo llegará a algo menos de 1.100 euros para hogares con más miembros y entre ellos menores.
Además de lo limitadas que han sido hasta ahora las rentas mínimas a la hora de llegar a la población pobre, otro de los factores que explican la escasa incidencia de las políticas públicas en España para reducir la pobreza en comparación con otros países de la UE pasa por lo reducidas que son las cuantías en algunas Comunidades.
Frente a los 461 euros de mínimo del nuevo ingreso estatal, la investigación 'Avanzar hacia sistemas de rentas mínimas más justos en España' de Hernández, Picos y Riscado para la Comisión Europea recoge otras cuantías mínimas regionales vigentes mucho más limitadas: 400 euros mensuales en la Comunidad de Madrid y 403,4 euros en Galicia, entre otras.
Retos para el éxito contra la pobreza
Todas las expertas en pobreza consultadas destacan la nueva renta mínima estatal como un paso “sin precedentes”, “fundamental”, “histórico” en España, pero también precisan que de su diseño y su funcionamiento real depende cómo de efectiva sea finalmente la medida para reducir la población en situación de pobreza.
Estas rentas mínimas funcionan, reducen la pobreza. La clave está en que sean lo más efectivas posibles. La economista Lucía Gorjón ha estudiado los efectos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca, la primera renta mínima en España, lanzada en 1989. La investigación de la Fundación Iseak, junto a la catedrática Sara de la Rica y los investigadores Gonzalo Romero y Ainhoa Vega, concluye que la RGI “ha jugado un papel fundamental al suavizar notablemente el aumento de la pobreza y desigualdad de la sociedad vasca durante los años más críticos de la recesión económica del 2008”.
Sin esta política, los investigadores apuntan que “la tasa de extrema pobreza se situaría en 2018 en el 8% frente al 5,1% real, es decir, 61.262 personas más serían extremadamente pobres en Euskadi en ausencia de la RGI”. Aun así, detalla el estudio de la Fundación Iseak, “hay 39.986 personas perceptoras de RGI que no salen de la extrema pobreza”, pero la renta mínima vasca “reduce notablemente el grado de pobreza (cuánto de pobres son los hogares pobres), pues en ausencia de RGI el grado de pobreza sería prácticamente el doble”.
“Ahora lo más importante es asegurarnos que la implantación es rápida y ágil y que la ayuda llega en la mayor brevedad posible a todas las personas que lo necesitan”, sostiene Sara Ayllón, profesora de Economía de la Universidad de Girona e investigadora especializada en pobreza infantil.
El mencionado estudio de rentas mínimas en España para la Comisión Europea destaca la existencia de obstáculos que impiden que la población que debería beneficiarse de estas ayudas pueda acceder realmente a ellas. Las rentas mínimas regionales incluirían a un 48% de hogares más si llegaran a todas las familias que cumplen los requisitos de estas ayudas, según esta investigación.
Entre los impedimentos para que sea efectiva esa protección figuran el estigma social, que puede hacer a algunas personas no pedir la ayuda, pero también hay cuestiones como la falta de información, el exceso de burocracia y las limitaciones presupuestarias de las Comunidades Autónomas, entre otras.
“Los esfuerzos de las políticas públicas contra la pobreza deberían centrarse en asegurar que todas las personas que cumplen los requisitos están informadas, se les facilita la solicitud de la ayuda, se tramita de forma rápida y reciben el dinero. Algunas familias realmente no pueden esperar”, insiste Ayllón.
La coordinación con las Comunidades Autónomas
Otra cuestión fundamental, en la que coinciden todas las especialistas, consiste en la efectiva coordinación del ingreso mínimo estatal con las rentas mínimas que existían hasta el momento y que las expertas consideran que deberían adaptarse para funcionar de manera complementaria.
“Si las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital no son complementarias y se produce un efecto sustitución de las primeras por el segundo, entonces sería más un retroceso que un avance”, advierte Marga León, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona y experta en políticas públicas y protección social.
“Sobre todo porque no sabemos cuánto tiempo va a funcionar el ingreso mínimo vital”, apunta León, aunque en el Gobierno insisten en que esta política será permanente y no solo temporal para atender a esta emergencia.
En opinión de Olga Cantó, cuando esté asentado el ingreso mínimo estatal, las políticas públicas deben centrarse “en proteger a colectivos que sin estar en pobreza extrema tendrán todavía muchas necesidades y son muy vulnerables”. La economista menciona políticas complementarias que ayuden a las familias de renta baja con menores a su cargo, como “el diseño de instrumentos que reduzcan la segregación educativa por origen social en las escuelas y el desarrollo de políticas de acceso a vivienda social”.
Lucía Gorjón considera que las Comunidades podrán decidir cómo complementar “en función de las necesidades específicas de cada territorio”. Por ejemplo, “cubriendo a colectivos que se queden fuera del ingreso mínimo vital o complementando necesidades no cubiertas, como pueden ser ayudas al alquiler o de emergencia social”. También, en las regiones donde la ayuda estatal no alcance el umbral de extrema pobreza, las autonomías podrían complementar “la cantidad otorgada”, opina la investigadora.