El daño de la inflación es muy distinto en los hogares más pobres respecto a los hogares más ricos. Hace apenas unos días, la OCDE constató que la renta real de las familias en España cayó 6 puntos por las subidas de precios desde el último trimestre de 2021 hasta el segundo de este año, tres veces más que en el conjunto de la organización internacional. Según un cálculo del Banco Central Europeo (BCE) que disecciona este golpe, esta pérdida de poder adquisitivo es mucho grave para las hogares con menos ingresos.
Concretamente, la diferencia es de 2 puntos en toda la eurozona entre el 20% de familias con menor renta frente al 20% con más. Es la mayor brecha desde 2006, cuando el BCE comenzó a estudiar esta cifra. Es decir, esta crisis se está ensañando con los trabajadores más vulnerables, como se observa en el gráfico, porque son los que dedican una mayor parte de su gasto total a alimentación y energía. Precisamente, lo que más ha subido en estos meses.
“Además, los hogares con rentas bajas consumen una proporción mayor de sus ingresos, ahorran menos y sufren más restricciones de liquidez que los de rentas altas, por lo que su margen para amortiguar aumentos acusados en su coste de vida a través del ahorro es menor”, advierten los economistas Evangelos Charalapakis, Bruno Fagandini, Lukas Henkel y Chiara Osbat en el último Boletín Económico de la institución.
La clave de esta situación está en que “las cestas de consumo varían según los grupos de renta, y los hogares con rentas bajas gastan más en bienes de primera necesidad”, continúan los economistas. Según detalla su informe, las familias más pobres destinan una proporción mayor de su gasto total en consumo a alimentos, electricidad, gas y calefacción, y una proporción menor a transporte, ocio, restaurantes y artículos del hogar que aquellas más ricas.
En el gráfico del BCE, se observa esta conclusión, y también la gran desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Para los primeros, el gasto discrecional, en ocio, decoración, lujos o servicios extraordinarios, supone casi tanto respecto al consumo total como el resto de partidas. Este tipo de gasto se puede reducir, o incluso eliminar por completo sin dañar las condiciones de vida. No ocurre lo mismo con las necesidades básicas. Si se pone menos la calefacción se pasa frío. Si se compran alimentos de menor calidad, o si se renuncia a la variedad, se pone en riesgo la salud. Y en el último extremo, la amenaza es pasar hambre.
El componente energético del IPC (Índice de precios de consumo) en nuestro país llegó a dispararse cerca de un 53,6% en marzo, respecto a septiembre de 2021 (como mes de referencia del inicio de la crisis energética). Este pico fue consecuencia de las perturbaciones más agudas en el mercado de gas y petróleo por la invasión rusa de Ucrania. Y se repitió en agosto.
Los precios de estas y otras materias primas importantes para la industria o la agricultura venían al alza desde el verano del año pasado por la propia tensión geopolítica y por los desequilibrios de la salida de la pandemia, y desde marzo no han dado tregua. Solo han sido aliviados en los últimos meses por las medidas de choque del Gobierno, como la rebaja de impuestos en la factura de la luz, la bonificación a los carburantes y, sobre todo, el tope al gas.
Por su parte, el indicador que reúne los alimentos subió un 13,6% en septiembre, también desde septiembre de 2021 (el martes 15 de noviembre el INE publicará el detalle del IPC de octubre, y se prevé un aumento más intenso). En su caso, por el traslado de los mayores costes de electricidad, transporte o de los propios productos, sobre todo de los importados, a los precios de venta final en los supermercados y en las tiendas.
“Además, los hogares más ricos tienden a consumir variedades más caras de artículos que se encuentran dentro de la misma categoría de productos (por ejemplo, adquieren artículos de marca en vez de productos de marca blanca, que son más baratos). Estos hábitos de compra diferentes también ponen de relieve que los hogares con rentas altas disponen de otra vía para reducir su gasto (sustituir los productos caros por alternativas menos costosas), mientras que los hogares con rentas bajas ya suelen comprar variedades más baratas y, por tanto, tienen menos capacidad para amortiguar el impacto de la inflación a través de la sustitución”, inciden los expertos del BCE, quienes advierten de que sus cálculos no incluyen ese “efecto sustitución”.
“Las medidas que ha adoptado el Gobierno han permitido reducir la inflación en 3,5 puntos. Además, para el 40% rentas más bajas (es decir, los cuatro primeros deciles de renta) se ha compensado otros 3,5 enteros. Estamos hablando de medidas como la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el incremento de las pensiones no contributivas, las rebajas del transporte público o las medidas generales para la reducción en un 80% de los impuestos sobre la electricidad. Son medidas que han tenido un efecto importante para los trabajadores y las familias de rentas más bajas. Vamos a seguir en esa línea”, defendió el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, a elDiario.es en una entrevista publicada esta semana.
Mientras, los salarios apenas han subido en el sector privado (tampoco el SMI, que depende el Ejecutivo, que sí ha acordado un incremento para los funcionarios). Los sueldos pactados en los convenios colectivos revisados en lo que va de año solo han aumentado un 2,6%. Con el agravante de que en 2022 se están actualizado un 20% menos de convenios que en 2019 por la negativa de los empresarios a firmar subidas de sueldos con el IPC como referencia, como piden los sindicatos para evitar la histórica pérdida de poder adquisitivo.
Y eso que muchas empresas están consiguiendo elevar sus ganancias al trasladar los costes a los precios de venta. Principalmente en sectores como el energético, la hostelería o la banca.
Subida de los tipos de interés
Las entidades financieras se están beneficiando indirectamente. Su rentabilidad o margen de intermediación en los préstamos a empresas o hipotecas está mejorando por la estrategia del Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación. Su decisión desde julio ha sido incrementar los tipos de interés oficiales para “enfriar” la economía, dañar la demanda con el endurecimiento generalizado de la financiación y así moderar las subidas de precios.
Esta respuesta asume el riesgo de contracción de la actividad, y de recesión. Y, de nuevo, se ceba con los hipotecados más vulnerables, sin garantía ninguna de poder influir en los precios del gas o del petróleo, que dependen de la guerra y de las dictaduras de Oriente Medio, respectivamente.
“La desaceleración de la actividad económica en España ya se está observando y responde a la pérdida de poder de compra que se ha experimentado”, lamenta la economista Cristina Nogaledo, para el último informe trimestral de perspectivas de BFF. “Analizando los términos de intercambio (los precios de las exportaciones frente a los de las importaciones), o el deflactor del PIB respecto al del consumo (el precio de lo que producimos frente a lo que consumimos), se observa un empobrecimiento que difícilmente se revertirá a corto plazo”, continúa.
“Este mismo escenario lo enfrentan los hogares y las empresas en la eurozona. Por lo tanto, es de esperar un ajuste por parte de la demanda en todo el continente, lo que debería reducir la contribución de las exportaciones al crecimiento en España, además de contener la evolución del consumo interno”, añade Cristina Nogaledo.
El mercado de trabajo es el dique de contención
La gran amenaza para Ángel de la Fuente, economista del centro de análisis Fedea, “es que el incremento de costes sea lo suficientemente grande como para causar el cierre de un número significativo de empresas, y no sólo ajustes en sus niveles de producción y precios”.
“La economía española se encuentra mejor preparada que en otros períodos recesivos recientes y continúa su recuperación, que favorece sectores con un peso relevante en el PIB e intensivos en el uso de mano de obra. La inflación se ha convertido en el mayor riesgo, por lo que es necesaria la toma de decisiones que ayuden a distribuir los costes de manera equitativa y a evitar que se enquiste, lo que aumentaría el riesgo de recesión”, finaliza Cristina Nogaledo.
El gran dique de contención de esta crisis de inflación está siendo el mercado de trabajo por la reforma laboral. Aunque la cifra de parados todavía roce los 3 millones, el FMI deja la tasa de desempleo en el 12,6% en 2023. Y el Gobierno habla de “casi” 21 millones de ocupados y de que la tasa de paro caerá al 12,2% de media durante el próximo año. También es muy relevante que la temporalidad ha caído a mínimos.
“Un apunte favorable respecto a la tasa de paro, que no por conocido debe omitirse: por vez primera en más de cuatro décadas, una severa crisis no redundó en una devastación del empleo”, apuntan los expertos que firman el último Observatorio económico de Fedea.
“Antes de la reforma laboral, hay que detenerse en la respuesta a la pandemia. Ya marca claramente un cambio cualitativo en el comportamiento del mercado de trabajo español. Ante una situación crítica de la economía, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que no eran nuevos pero sí se adaptaron a la crisis sanitaria, consiguieron limitar al máximo la destrucción de empleo”, explicó el secretario de Estado Gonzalo García.