Más de dos años después del inicio de la pesadilla de la COVID-19, las consecuencias de la enfermedad se mantienen en la sociedad desde el punto de vista sanitario, con más de 1.300 fallecidos en lo que va de año, pero también desde el punto de vista económico. Euskadi tiene todavía vigentes 1.486 ERTE por fuerza mayor como consecuencia de la COVID-19, que pueden afectar hasta 12.007 trabajadores. La vigencia de estos ERTE finalizará el próximo 1 de abril, momento en el que termina su prórroga -acababan en principio en febrero-, con la incógnita de qué pasará ahora con estas empresas, cuando han ido encadenando una crisis con otra. En total, y a la espera de si se produce un aumento de los ERTE como consecuencia de la huelga del transporte, que se considerarán ahora también como causa de fuerza mayor, en Euskadi hay un total de 2.118 ERTE activos, que pueden afectar hasta un máximo de 43.436 trabajadores. Esta es la cifra máxima, porque las empresas suelen jugar con esta herramienta como fórmula de flexibilidad y alternan a la plantilla en regulación, por lo que no todos los trabajadores están afectados a la vez. De este total de ERTE vigentes, 1.486 están aprobados como causa de fuerza mayor a consecuencia de la pandemia, es decir, suponen un 70% del total, y están vigentes desde 2020.
La cifra puede parecer pequeña en comparación con el número de trabajadores que se vieron afectados por un ERTE durante el pico de la enfermedad y el confinamiento, en mayo de 2020, cuando llegaron a registrarse hasta 160.000 vascos inmersos en un expediente temporal. Pero, el hecho de que haya ahora más de 12.000 trabajadores sujetos a los vaivenes de la regulación de empleo después de dos años de que los efectos de la pandemia se empezaran a notar en la economía da una idea de lo que está costando a las empresas salir de la crisis de la COVID-19. A ello se unen ahora las dificultades por el precio de la energía, la crisis de suministros, la guerra de Ucrania, y finalmente los graves problemas ocasionados por la huelga del transporte, que está dificultando a las empresas contar con materias primas y también dar salida a lo producido.
Por eso, la duda está en lo que va a pasar ahora con estas empresas que, según fuentes del Departamento de Trabajo y Empleo, están en su mayoría relacionadas con la hostelería, hoteles, bodegas, restauración, turismo o comercio. Son unos sectores en los que, por cierto, son mayoría las mujeres: de los 12.007 trabajadores afectados, más de la mitad, 6.597 son mujeres. A partir del 1 de abril, estas empresas deberán solicitar acceder a otro tipo de ERTE si lo necesitan, como las nuevas modalidades incluidas en la reforma laboral. Por ejemplo, para el caso de las agencias de viajes, muy afectadas por la crisis, parece que el Gobierno central va activar el mecanismo RED, modalidad de regulación contemplada en la reforma. Las empresas que se acogieron a los ERTE de fuerza mayor por COVID se han beneficiado de mejores condiciones en los pagos de las cotizaciones a la seguridad social, pero tienen la obligación de mantener el empleo.
elDiario.es/Euskadi
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