La investigación a la consejera vasca Amaia Barredo, parada casi medio año al no estar aclarado su aforamiento

Ha pasado casi medio año y la Justicia no ha resuelto aún los pasos procesales previos para que la consejera de Imanol Pradales Amaia Barredo, del PNV, sea investigada en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por su nueva condición de aforada. La Fiscalía, en 2023, denunció a Barredo cuando era todavía viceconsejera de Arantxa Tapia por haber autorizado, junto a su colaborador Javier Aguirre Orcajo, el proyecto Valogreene Paper de Bergara a pesar de que el Ayuntamiento, de EH Bildu, modificó su visto bueno inicial y pidió paralizarlo. Barredo llegó a declarar como imputada en primavera en el juzgado de Vitoria que inició la instrucción penal. Pero desde que saltó al Gobierno como responsable de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca el expediente ha estado peloteando entre jueces sin que haya habido un solo movimiento en el fondo de la causa, como constatan varias fuentes judiciales.

El asunto de Valogreene Paper llegó a un juzgado de Vitoria luego de que la Fiscalía analizara y diera por buena una comunicación de Ekologistak Martxan sobre la tramitación de este proyecto de valorización de residuos en Bergara. La planta, inicialmente, contó con los parabienes municipales, pero, al entender que sus promotores habían cambiado sus características de modo muy importante, el Ayuntamiento de EH Bildu retiró la autorización inicial. Sin embargo, el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco firmó igualmente el plácet ambiental. La tramitación del expediente la capitaneó Aguirre Orcajo y Barredo fue quien puso la firma.

La Fiscalía de Álava, tras haber recibido la alerta de Ekologistak Martxan, interpuso una denuncia contra ambos altos cargos al entender que pudieron cometer un delito de prevaricación, es decir, dictar una resolución irregular a sabiendas de que lo es. No comportaría, en ningún caso, pena de prisión, pero sí inhabilitación. La Fiscalía de Gipuzkoa, que llegó a comisionar a la Ertzaintza para que practicara algunas diligencias, llegó a una conclusión similar tras la denuncia de otro particular pero se inhibió al estar ya abierta la causa de Vitoria. Igualmente, el propio Superior está revisando cuatro contenciosos-administrativos que buscan tumbar la autorización al controvertido proyecto de Bergara. Los recursos han partido del Ayuntamiento, de nuevo de Ekologistak Martxan y de dos particulares.

En el verano de 2023 Barredo dejó el Gobierno vasco y pasó a ser diputada foral en Álava. Fue entonces cuando este periódico adelantó la existencia de esta investigación, de la que Barredo no había informado ni al PNV de Álava ni al diputado general que la nombró, Ramiro González, al que le estalló esta crisis al inicio de su tercer mandato. Es algo que ella misma ha admitido públicamente. En su periplo foral fue cuando declaró como imputada. Semanas después fue designada para el primer gabinete de Imanol Pradales, que le confió una cartera de nueva creación vinculada con el primer sector. Este nombramiento, según el Estatuto, la convirtió en aforada. Solamente el Superior puede investigar y juzgar a los consejeros, algo muy excepcional en la política vasca en estas décadas.

Pero lo que parece un mero formalismo y que con otros casos como el de José Luis Ábalos ha sido rapidísimo, en Euskadi se ha atascado. En realidad, las dilaciones son moneda corriente en numerosas causas que afectan a la Administración. La causa de las denuncias de filtraciones en las oposiciones de Osakidetza en 2018 está totalmente paralizada sin que haya habido movimientos en al menos dos años. La gran mayoría de sumarios de corrupción (De Miguel, Margüello, Balenciaga o Bravo, entre otros) han acabado con rebajas en las penas por esos largos períodos de impás.

En este asunto, el Superior rechazó la inhibición automática realizada por la entonces titular de Instrucción 3 de Vitoria, María Elena Rodríguez Molpeceres. Le reclamó una resolución motivada, una “exposición razonada”. La respuesta de la sala tampoco satisfizo a la sala de lo civil y de lo penal del Superior, la encargada del asunto, y le volvió a pedir un tercer envío del expediente. Esto ocurrió hace ya más de dos meses y, por el momento, no consta que haya sido atendido el requerimiento. De hecho, ha habido incluso un cambio al frente de Instrucción 3 de Vitoria. Ejerce como sustituta Eider Retegi, una nueva magistrada. Es la misma sala que, desde la pasada semana, investiga el crimen de una nonagenaria en una residencia de Vitoria a manos de otro interno, sexagenario, que ya había matado a su padre en 1987. Desde el juzgado no han querido ofrecer información sobre el caso de la consejera. No existe como tal un plazo para que el trámite sea resuelto, aunque empieza a cundir cierta desazón entre las acusaciones.

Barredo, tras su designación como consejera, aludió por vez primera al tema en la Cadena Ser a principios de octubre. “Aquí no hay ninguna prevaricación ni ningún delito. No tenía que haber ido en ningún momento al juzgado de lo penal. Seguiré esperando a que esto se resuelva de una vez por todas”, afirmó la ahora consejera en una entrevista. Ella siempre ha defendido su total inocencia y que actuó siguiendo las pautas marcadas por los funcionarios. Tiene defensa jurídica del Gobierno vasco al estar los hechos de los que está acusado realizados en el ejercicio de su cargo institucional. La Comisión de Ética, en su momento, dictaminó que podía continuar con normalidad con sus funciones salvo que la investigación se complete con indicios de delito y se abra juicio oral. Entonces habría de presentar su dimisión. Pradales, como lehendakari, expresó desde el inicio su confianza en Barredo y la oposición, en este tiempo, no ha preguntado en ningún momento por el asunto.

Entretanto, Barredo ha recibido un varapalo (político) del Superior. La Justicia ha anulado la tramitación del Gobierno vasco de la marca diferenciada Viñedos de Álava para los vinos riojanoalaveses, un asunto heredado de legislaturas anteriores. La consejera, en una comparecencia ante los medios de comunicación que tuvo lugar en el Parlamento Vasco, cargó (políticamente) contra el mismo tribunal que la investiga. Aseguró que la sala de lo contencioso-administrativo, a cuyo frente está el controvertido magistrado Luis Garrido, que se dio a conocer en la pandemia por frenar por sistema las restricciones sanitarias del Gobierno de Iñigo Urkullu, había formulado una “sentencia discriminatoria”. “Este Departamento y el Gobierno es muy respetuoso con las decisiones judiciales. Otra cosa es que las comparta o no. Y en este caso no compartimos algunas de las afirmaciones de la sentencia”, señaló. Finalmente, su equipo ha decidido no recurrir el fallo ante el Supremo y renunciar a la nueva denominación al margen de Rioja.