“No tengo ningún conflicto de intereses”. Joanes Labayen (Donostia, 1971), el abogado y socio-director de Cuatrecasas en Euskadi contratado personalmente por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, para asesorarle con la crisis abierta en el transporte escolar de la red pública, que es a la vez miembro del consejo de administración de una de las adjudicatarias de esos contratos, Autocares URPA, niega cualquier tipo de irregularidad en su proceder con rotundidad -y en numerosas ocasiones- en una conversación con este periódico.
El conflicto con las empresas del transporte escolar lleva años larvándose. En 2016, la Autoridad Vasca de la Competencia destapó la existencia de un cártel en Gipuzkoa por el cual se produjeron hasta 14 reuniones de diferentes compañías para repartirse, entre otros contratos públicos, las rutas escolares de la provincia. Una de las empresas sancionadas por estos hechos era Autocares URPA. Después, caducó el contrato y tras una sucesión de licitaciones y recursos han pasado varios cursos sin acuerdo. En 2022, en la noche previa al inicio del curso, se llegó a una tregua 'in extremis' con las empresas del sector a cambio de una subida del 24% de los precios.
En 2023, se volvieron a sacar a concurso todas las rutas. En Gipuzkoa se adjudicaron 65 pero en Bizkaia -15 de ellas para URPA, que copa el 11% de los lotes de Gipuzkoa y el 3% de Euskadi- y en Álava las empresas boicotearon el proceso y ni siquiera presentaron ofertas. Con la mayoría de servicios desiertos y sospechas de que el cártel se haya vuelto a reproducir, Educación ofreció una prórroga a las adjudicatarias anteriores y, finalmente, decidió promulgar una orden de cumplimiento forzoso para cubrir las líneas sin autobuses pagando el coste real del servicio más un 6% de beneficio industrial.
Labayen indica que es en esta fase final donde le llaman del Gobierno vasco. No oculta, como tampoco lo ha hecho Bildarratz, que las conversaciones las mantienen directamente, sin intermediarios. Al más alto nivel. El contrato aún no aparece en los portales de transparencia del Gobierno vasco y Labayen rechaza ofrecer ese dato apelando a la confidencialidad entre cliente y letrado: “Por deontología profesional nunca hablamos de esto”. Sí recalca que el asesoramiento ha finalizado ya y que ahora mismo no le une ninguna vinculación contractual con el Gobierno vasco. Además, añade -sin ocultar su cercanía con el PNV o que su esposa es la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria- que los contratos públicos apenas representan un 1% en el mejor de los supuestos de la facturación anual de su bufete.
El letrado indica que no participó en las licitaciones de Autocares URPA para las rutas de Gipuzkoa, que todo el papeleo lo realizaron otras personas. “No había cuestiones jurídicas”, señala. También afirma que la compañía no estaba afectada en ningún momento por el encargo que le hizo Bildarratz, porque era para hallar una fórmula para las líneas que no tenían adjudicataria, básicamente las de Bizkaia y las de Álava. “El asesoramiento no se refiere a mi empresa de ninguna manera”, afirma en referencia Autocares URPA. Y sigue: “¿Tengo algún conflicto de interés? Pues no. No tengo ninguno”. Eso sí, participó en el lado de la mesa del Gobierno en una reunión que tuvo lugar el 22 de agosto y, en el otro, había dos representantes de URPA. Según 'El Correo', uno de ellos era el hermano de Labayen. El aludido matiza que, en total, había más de cuarenta personas en una gran sala del Gobierno vasco.
Agrega que Cuatrecasas es una casa grande y de prestigio que lleva “a rajatabla” el control de posibles incompatibilidades. Da a entender que si tuvieran dudas jamás aceptarían embarcarse en algo que pudiera ser polémico. “¿Es estético? Cada uno tiene su opinión. Pero desde el punto de vista de conflicto de intereses no hay ninguno. Nada de lo que yo le dije al consejero y nada del asesoramiento jurídico tiene que ver con URPA. Lo hicimos pensando que echábamos un cable para una situación muy complicada para mucha gente”, insiste.
Sobre el pasado de URPA como empresa sancionada por manipular para maximizar sus beneficios, entre otros contratos, los lotes de transporte escolar, Labayen admite que él ejerció de asesor jurídico de la compañía y que lideró un recurso contra el Gobierno vasco para tratar de evitar la multa impuesta por Competencia, que fue de 9.000 euros. Pero asegura que “esas prácticas son ajenas a la actual propiedad” de la mercantil, ya que él llegó cuando el grupo Transitia se hizo con el control de esta compañía guipuzcoana de autobuses. “De alguna forma, nos encontramos con esa situación al llegar”, explica. Y abunda: “Hay una realidad y es que a URPA le sancionaron. Eso es indiscutible. Y que ese acto administrativo de sanción fue ratificado por un tribunal. Eso no admite la mínima duda y, por tanto, hay que suponer que está bien impuesta la sanción. Pero la actual propiedad de URPA no tiene nada que ver con esos hechos”.
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