La Fiscalía de Cáceres ha solicitado una pena de ocho años de prisión y la inhabilitación absoluta durante 20 años para el exdiputado del PP Alberto Casero, acusado de prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de Trujillo. La fiscal también pide que abone más de 69.500 euros al ayuntamiento en concepto de indemnización.
El juicio se celebrará el 28 de noviembre en la Audiencia Provincial de Cáceres y según consta en el escrito de acusación, entre los años 2017 y 2018 Casero concertó contratos con diferentes personas y entidades “incumpliendo todo tipo de formalidad que exige la normativa”, y aunque en general se trata de contratos menores, no consta su existencia en el ayuntamiento puesto que no hay expedientes con la aprobación del gasto, la justificación de la necesidad del contrario ni las correspondientes facturas por los trabajos realizados.
La fiscal expone que marzo de 2017 el entonces regidor contrató a un psicólogo para que prestara asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, aunque las competencias correspondían a la concejala de Servicios Sociales. Días más tarde, el psicólogo se dio de baja en la Seguridad Social pero emitió y cobró del consistorio cuatro facturas por importe de 6.120 euros por las sesiones que dijo haber realizado entre marzo y junio. Pero Casero, para mantener al psicólogo percibiendo una remuneración “a costa” del Ayuntamiento, suscribió un contrato de un año de 18.000 euros de servicios de psicología “sin informar ni aportar al Ayuntamiento el contrato suscrito ni instruir el expediente de contratación”.
Por otro lado, el exdiputado del PP suscribió en septiembre de ese año un convenio de cooperación con la Cámara de Comercio de Perú en España, por el que el consistorio trujillano se comprometía a aportar 25.000 euros. Pero Casero ni informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento ni llevó al pleno este acuerdo y, según recuerda la fiscal, al superar los 18.000 euros no se podía adjudicar de forma directa y tendría que haber salido a licitación. El ayuntamiento tuvo que abonar los 25.000 euros después de que la Cámara de Comercio de Perú denunciara la situación por la vía contenciosa-administrativa.
Otro contrato, también en 2017. El entonces alcalde acordó verbalmente con la asociación cultural Bon Vivant que la celebración de la gala anual de los Premios Pop Eye se celebrarían en la localidad, para lo que se comprometió a aportar 18.000 euros. El acusado no informó a los servicios municipales y tampoco tramitó el expediente administrativo de contratación y ni siquiera se contó con el informe que motivara la necesidad del contrato y el gasto.
Pero es que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación, también por 18.000 euros y con el reconocimiento de la obligación de la cantidad convenida el año anterior. Alberto Casero no llegó a abonar ninguna de estas facturas.
En el escrito de acusación también se hace referencia a un contrato con la empresa Ícaro Consultores de Comunicación SLU para la organización de la Feria del Queso por valor de 14.303 euros más IVA, que se firmó a pesar de los reparos del interventor. Este contrato también acabó en los tribunales con una condena contra el ayuntamiento, que tuvo que abonar a la empresa 17.303,63 euros.
Por último, el exdiputado del PP suscribió en diciembre de 2018 un contrato con la empresa Radio Interior SL para los servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso y tampoco se cumplieron los procedimientos. A pesar de ello, el ayuntamiento volvió a perder en los tribunales y un tribunal le condenó a pagar 18.119,75 euros a la empresa.