El Gobierno dará a Extremadura 24,4 millones para avanzar en nuevos cuidados de dependencia

El Gobierno ha aprobado el reparto de 783,2 millones de euros a las Comunidades Autónomas, de los que 24,46 serán para Extremadura, para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y avanzar en el nuevo modelo de cuidados.

El Consejo de Ministros ha autorizado esta semana, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, esta distribución para 2024 entre las comunidades (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La cifra propuesta revalida el máximo alcanzado en 2023 en la financiación del sistema y supone un incremento de hasta 500 millones la dotación presupuestaria de 2021. “En el año 2012 cuando gobernaba el Partido Popular, la dependencia sufrió un importante recorte que fue letal para el sistema y que año tras año este Gobierno ha ido restaurando”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Ha destacado que el sistema de la dependencia atiende a más de 1,5 millones de personas, 300.000 más que en 2021 y se ha reducido la lista de espera un 30 por ciento. “La Dependencia es una cuestión de Estado y vamos a destinar todos los recursos posibles que estén en nuestra mano para reforzar el sistema”, ha destacado por su parte el ministro Pablo Bustinduy, quien ha reiterado el objetivo de seguir aumentando esta cifra en los próximos años hasta alcanzar el 50 % de la financiación total en cada territorio con el compromiso de que los gobiernos autonómicos mantengan su inversión, tal y como figura en el acuerdo de coalición.

La dotación está destinada a implementar la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados y desinstitucionalización, que prioriza que los dependientes reciban atención profesional en su domicilio y en entornos comunitarios “para que puedan disponer de un proyecto de vida más digno frente al actual modelo de macrorresidencias”, ha aseverado.

De esta forma, se debe dar preferencia a servicios centrados en la persona, como los cuidados a domicilio, la teleasistencia y los centros de día.

El reparto tiene en cuenta las personas atendidas de la población potencialmente dependiente en cada región, la reducción de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector o el nivel de gasto que ejecute cada gobierno autonómico en este ámbito.

El dinero se distribuirá a través del mecanismo de financiación conocido como “nivel acordado”, suspendido en 2012 y recuperado en 2021, que permite a la Administración General del Estado distribuir créditos suscribiendo convenios entre el ejecutivo central y el de cada región.

La propuesta de distribución será debatida para su aprobación definitiva en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.