Feijóo replica en la política nacional sus tropiezos con los datos económicos y trata de borrar su gestión en Galicia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (centro), junto a la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Economía, Juan Bravo.

Daniel Salgado


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Alberto Núñez Feijóo, formado en Derecho, nunca fue un experto en economía. Pero, empujado por el contexto de una inflación desbocada en Occidente y las dificultades energéticas derivadas de la guerra de Ucrania, ha decidido convertirla en el núcleo de su oposición al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Sucede que su discurso de 'no' a toda medida de Pedro Sánchez tropieza a veces con su propio partido europeo –como en el impuesto a los beneficios de las eléctricas– o con su discutida aunque electoralmente exitosa gestión durante los 13 años que presidió la Xunta. Es el caso, por ejemplo, de la deuda. El Feijóo que dice una cosa y la contraria y que se apoya en una relación oblicua con los datos ya había ensayado su método en Galicia.

Feijóo no elevó una sola propuesta desde la Xunta para incluir en el plan nacional contra la espiral inflacionista

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En sus embestidas contra el Ejecutivo, este mecanismo básico para la financiación de los Estados ocupa lugar prominente. El pasado julio, en una entrevista en el diario El Mundo, dejaba como titular la afirmación de que el presidente del Gobierno “ha metido un pufo a cada español de 6.000 euros en deuda”. A continuación, prometía reducir ministerios y usar menos el Falcon. Lo que obviaba en sus declaraciones era el contexto y la historia de esa deuda. Entre 2019 y 2020 registró una subida de 23,5 puntos, al pasar del 95,5% del PIB en 2019 al 118,8% en 2020. En 2021, es del 118,4%, con solo Grecia, Italia y Portugal por encima dentro de los países de la Unión Europea.

Las políticas públicas desplegadas para contener la pandemia de coronavirus y amortiguar las consecuencias económicas de los confinamientos se encuentran detrás de ese aumento inaudito. Pero estas circunstancias desaparecen de sus intervenciones. Como también desaparece la realidad de sus sucesivos gabinetes en Galicia, cuyas cifras económicas no lucen especialmente brillantes. Tampoco las referentes a la deuda pública, que se triplicó entre 2009 –cuando Feijóo obtuvo la primera de sus mayorías absolutas– y 2022 –cuando se enroló en la operación de Ayuso para liquidar a Casado y ocupar su puesto–. Pasó del 6,8% del PIB al 18,5%, 2.708 euros de “pufo” por gallego, en sus propios términos.

Inflación y populismo fiscal

La elevadísima inflación que recorre Europa y otras de las llamadas economías occidentales también forman parte de la munición que Feijóo emplea contra Sánchez. Lo hacía antes de su salto a la política estatal y lo continúa haciendo en su nuevo puesto. “Las continuas subidas del IPC desde hace dos años suponen el más injusto de los impuestos que nos ha dejado el Gobierno”, declaraba hace dos días, de nuevo sin referencia alguna al contexto internacional. Sus piruetas retóricas son, además, recurrentes: según él, la inflación supone “un beneficio para el Estado” y para el Ejecutivo de Sánchez porque, dice, “recauda más”.

Al margen de sus peculiares teorías sobre impuestos y recaudación, atravesadas de populismo fiscal de derechas, Feijóo vuelve a olvidarse de quien fue durante casi la última década y media. El índice de precios de consumo (IPC) lleva meses en Galicia por encima de la media española. En agosto, último dato disponible, alcanzó el 11%, frente al 10,5% estatal. Este fenómeno, que la Xunta nunca ha acertado a explicar, no corresponde a la etapa de Alfonso Rueda, iniciada en mayo: dura más de año y medio. La vivienda es uno de los principales factores de explicación –se ha encarecido un 29,2% desde 2021–, pero las exiguas políticas autonómicas al respecto quizás expliquen que ni Feijóo ni Rueda lo mencionen.

La bajada masiva de impuestos es, así, lo que el presidente del PP receta para superar la crisis de precios. Esa propuesta es sobre todo una guerra cultural. A menudo le cuesta detallarla, más allá de los ecos reganianos de “así el Gobierno dejará de asfixiar a los españoles”. Un repaso a la labor fiscal de sus sucesivos gabinetes en Galicia puede dar pistas. Presumía una y otra vez de haber bajado impuestos. Lo repitió como un mantra en el último debate de estado de la Autonomía en que participó. “Queremos facilitar llegar a fin de mes a los ciudadanos y evitar que Galicia sea parte de una subida indiscriminada”, dijo entonces.

Pero la realidad es que sus medidas en la Xunta, dentro del estrecho espacio de maniobra fiscal de una comunidad, no refrendan su discurso. Las rebajas en tasas e impuestos que el Gobierno gallego aplicó en 2022 beneficiaron principalmente a personas con rentas entre medias y altas y a contribuyentes de elevado patrimonio. En concreto, lo notaron sobre todo los que tienen que pagar el impuesto sobre el patrimonio –con un mínimo exento de 700.000 euros–, con una bonificación del 25%; y quienes presentaron declaraciones de la renta con entre 47.600 y 60.000 euros de base liquidable. No acaba de compadecerse con su estribillo de “bajar impuestos a las rentas medias y bajas” esgrimido contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Su relación con las eléctricas

Es la problemática energética la que más se le ha atragantado, sin embargo, al PP de Núñez Feijóo. Su oposición a gravar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas y de la banca condujo a la formación a votar en contra en el Congreso solo un día antes de que la Unión Europea promoviese una medida similar con el apoyo del Partido Popular europeo. El giro fue de 180 grados, aunque con ciertas triquiñuelas argumentales: la derecha pone el foco en la supuesta diferencia entre las iniciativas europea y española. “Una cosa es la tasa que plantea Europa, enfocada a bajar los recibos. Mientras que el impuesto va a subir la recaudación”, aseguró Cuca Gamarra, número dos del partido, y repitió horas después el presidente de la Xunta Alfonso Rueda. La escenificación disimulada de una marcha atrás había dado comienzo.

Hace ya unas semanas que el Partido Socialista ataca a Núñez Feijóo por su presunta cercanía a la cúpula de las grandes eléctricas. Hay una imagen en su álbum de fotos que lo corrobora, la del efusivo abrazo de Ignacio Sánchez Galán –presidente de Iberdrola– en su primera toma de posesión como presidente del Gobierno gallego. Todavía esta semana, el BNG se lo recordaba al PP en el Parlamento gallego. “Hay a quien le sorprende que el PP votase en contra de un impuesto a las eléctricas”, dijo Ana Pontón, líder de los nacionalistas, “a nosotros no. Solo hay que ver a quien abraza el presidente de Iberdrola”.

El pasado año, la Xunta no hizo nada por impedir que Iberdrola vaciase los embalses de As Portas y Cenza (Vilariño de Conso, Ourense) y comprometiese la lucha contra los incendios. Fue el propio Feijóo el que negó conocer los planes de la compañía, lo que desmintió una información de elDiario.es: dos correos electrónicos remitidos al servicio de conservación de la naturaleza del Ejecutivo gallego habían avisado de los planes de la empresa. La administración no hizo nada al respecto. Una vez transcendió públicamente, anunció sanciones.

Y es que el medio ambiente no encuentra lugar entre las preocupaciones principales de Feijóo. La política que esboza como alternativa del PP a las medidas gubernamentales contra la crisis energética –cuyas conclusiones el partido copió palabra por palabra de un documento del Gobierno gallego– relegan el cambio climático a segundo plano. Como mínimo. No siempre afina su discurso al respecto. “Cerrar las centrales nucleares, que suponen un 20% de la producción, sin tener a cambio otro 20% instalada, es una irresponsabilidad”, dijo este viernes, a pesar de que ese escenario no se abrirá antes de 2027, con la clausura de Almaraz I (Cáceres, Extremadura), y acabará en 2035 con el de Trillo (Guadalajara, Castilla La Mancha). En esa misma intervención contradijo todos los datos al afirmar que en España “hay centenares de noches calurosas y sin viento, con producción de energía renovable de cero megavatios” y por eso pidió un retorno a fuentes de energía contaminantes. Cuando todavía presidía Galicia, no dudaba en presumir de la reducción de emisiones de CO2 en la comunidad. No explicaba la causa fundamental de esa caída: el cierre de la central térmica de As Pontes que ahora ha propuesto reabrir. Su sucesor, Alfonso Rueda, se ha internado por el mismo y contradictorio camino.

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