El modelo sanitario gallego está a punto de cambiar. Lo hará en cuanto entre en vigor la Ley de garantías de prestaciones sanitarias, que ha sido aprobada hoy en el Parlamento gallego solo con los votos del PP y que estará en marcha dentro de, aproximadamente, dos meses. La nueva normativa, que durante su tramitación se ganó el rechazo no solo de los grupos de la oposición parlamentaria, sino también de gran parte de colectivos y profesionales ligados a la sanidad, es presentada como la garantía definitiva de que nadie esperará más de lo que debe para recibir atención en el Servicio Galego de Saúde (SERGAS). Pero su texto abre de par en par una vía de trasvase de pacientes hacia la sanidad privada.
Según el texto avalado por la mayoría absoluta conservadora, a partir de ahora el Sergas no demorará las intervenciones quirúrgicas más de 60 días y nadie tendrá que esperar más de 45 para una consulta externa o prueba diagnóstica, siempre y cuando la consellería de Sanidad no modifique estos plazos para “adecuarlos a la realidad sanitaria” o a los “indicadores socioeconómicos”. Esto implicaría, atendiendo a las últimas estadísticas oficiales, rebajar en un promedio de casi 40 días la lista de espera quirúrgica y en alrededor de 8 días la de consultas externas. Estas cifras permiten augurar un futuro inmediato de incumplimiento de los objetivos marcados y ahí es, precisamente, donde entra en juego la sanidad privada.
“En caso de que la espera prevista supere el tiempo máximo establecido”, dice la ley, el Sergas “deberá ofertar la realización de la prestación en otro centro de la red pública o en un centro concertado”. ¿Y qué pasa si el ciudadano o ciudadana no desea que lo atiendan en un centro privado, aunque sea pagado con fondos públicos? En caso de “rechazo del centro o centros alternativos ofertados para la realización de asistencia”, “quedarán sin efecto las garantías” establecidas en la propia ley. ¿Y si no ha habido “oferta” alternativa? El enfermo puede ir directamente a la sanidad privada y adelantar el dinero, que el Sergas le “reembolsará” posteriormente.
Un “arma de destrucción masiva”
Preceptos como estos han llevado a la oposición en pleno a rechazar la norma, “una arma de destrucción masiva de la sanidad pública”, en palabras de la portavoz del BNG, Montse Prado. Su paralelismo bélico, al afirmar que la nueva ley “impacta de lleno en la ciudadanía como lo hizo la Legión Cóndor [en la Guerra Civil] en muchos ciudadanos indefensos”, le valió a la nacionalista a enésima reprimenda de la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo quien, una vez más, procedió a retirar del Diario de Sesiones las palabras de la oposición. “Somos todos muy pacifistas” y las palabras de Prado “atentan contra el decoro”, asegura.
Censuras al margen, con su “metáfora” Prado venía a criticar que esta ley de garantías “no garantiza nada”, excepto la apuesta por “poner en igualdad de condiciones a la sanidad privada”, que deja de ser “subsidiaria” de la pública. El sector sanitario privado, añade Eva Solla desde AGE, “aplaude con las orejas” ante la perspectiva de poder coger “los casos más rentables económicamente” mientras “la pública se queda con las enfermedades crónicas y las intervenciones más costosas”. La ciudadanía, lamenta, se enfrenta a la “coacción” de ir a la privada o quedar sin atención “en tiempo y forma”, una “barbaridad” que ahonda en la “progersiva pérdida de recursos en la sanidad pública”.
Mientras el PP defendía, a través de Miguel Santalices, que este es el proyecto más importante de la legislatura, la socialista Carmen Acuña concordaba, pero solo parcialmente: “es el proyecto más importante para la sanidad privada”. Prometida desde hace un lustro, la norma “tumba la sanidad pública” y solo “pretende privatizar y precarizar nuestro sistema público”. Con la huelga general sanitaria planeando sobre el debate, Santalices ha insistido en que la normativa responde no solo a la línea política del PP, sino, sobre todo, a las “demandas de la ciudadanía”.
Finalmente, los conservadores han hecho valer su mayoría absoluta para sacar adelante “una ley valiente” que hará que “las listas de espera pasen a un segundo plano”, dice Santalices. Por el camino se ha quedado la práctica totalidad de las enmiendas de la oposición, incluso aquellas que instaban al Gobierno a no redactar la ley solo en masculino y también las que se oponían a que la información de las listas de espera deje de publicarse trimestralmente para hacerlo cada seis meses.