El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha decidido admitir a trámite una denuncia presentada por el colectivo 'Impunidade Carioca' que cuestiona la participación de la Fiscalía en la mayor causa contra el proxenetismo que ha habido en España y en la que figuraban como investigados policías, guardias civiles y cargos políticos. La investigación del caso se inició en Lugo en 2008, se investigó a un total de 90 personas y se identificó a 400 mujeres como víctimas de explotación sexual. Apenas ha habido condenas en la multitud de piezas separadas en las que se fue ordenando el proceso y cuando las ha habido han sido irrisorias. Sirva como ejemplo que el cabecilla de la trama y dueño del lucense club Queens fue condenado por haber forzado el aborto de una de las chicas que se había quedado embarazada tras mantener sexo con uno de los clientes habituales del local. En la intervención participó un ginecólogo que provocó el aborto contra la voluntad de la mujer en una clínica deficiente y sin anestesia. Como resultado de ello, el responsable aceptó una condena de un año de cárcel. La jueza que impulsó el caso, Pilar de Lara, acabó siendo sancionada por el Consejo General del Poder Judicial y discutida entre sus compañeros por su tendencia al impulso de macrocausas.
En el escrito, con el que ahora trabaja el Defensor del Pueblo, se asegura que el papel de la Fiscalía de impulsar la constante apertura de piezas separadas tuvo el efecto contrario a la agilidad que se le supone a ese tipo de práctica procesal. “La pasividad de la Fiscalía fue clamorosa”, asegura la carta de queja. Las piezas separadas más importantes que conforman la Operación Carioca han sido archivadas total o parcialmente y, según la queja, en muchos de los casos lo fueron “por el empeño de la Fiscalía en no seguir con la acusación”.
El documento que Francisco Fernández Marugán ha admitido a trámite enumera una serie de ejemplos en los que la acusación pública dejó de acusar. Aquí, algunos de ellos: la pieza que investigaba el patrocinio por parte del dueño de un burdel del club de fútbol de la policía, la que estudiaba la captación continuada de mujeres en sus países de origen para ser explotadas sexualmente o la que investigaba el uso que los propios agentes hacían de los prostíbulos, a los que llegaban en sus coches patrullas y en los que participaban en fiestas en las que, según los testigos, el dueño de uno de los clubs se despachaba con frases como la siguiente: “Mira, ahí tenéis a mis vacas, solo saber comer, beber y pacer”.
La entrada del Defensor del Pueblo en el asunto no afecta en ningún modo directo al desarrollo de las causas que permanecen abiertas. Fuentes de la institución consultadas por elDiario.es aseguran que se está en permanente contacto con la Fiscalía para interesarse por las quejas remitidas en la carta. Según un portavoz de la institución, el Defensor del Pueblo no puede excederse de sus funciones de realizar “magistratura de la persuasión”. Dicho en otras palabras, realizar recomendaciones, recordatorios o sugerencias. En un escrito de respuesta con fecha del pasado 6 de octubre, el departamento asegura: “El Defensor del Pueblo se ha interesado por la atención prestada a las víctimas, por el respeto a sus derechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por la situación de protección de los testigos extranjeros. La actuación sigue abierta y se está en permanente contacto con el Ministerio Fiscal para conocer el desarrollo del procedimiento”.
Una de las integrantes del colectivo 'Impunidade Carioca', Mónica González, celebra la respuesta positiva del Defensor del Pueblo porque cree que contribuye a “que se visibilice lo que ha pasado y cómo está cayendo en la impunidad un caso que es atroz”. Implicar a las instituciones, dice, es uno de los objetivos de la plataforma de la que forma parte.
González llama la atención sobre “las historias de terror” que contaron las mujeres afectadas y sobre la cantidad de personas involucradas. Considera que estos aspectos hacían del caso algo “brutal”, pero, al llegar al juzgado, se ha tratado de “reducir lo que era un entramado de trata con la connivencia de poderes públicos y privados” a la existencia de “un proxeneta malo, malísimo”. “Sí, lo hubo, pero esta red no se habría podido dar si no hubieran estado implicadas todas las personas estaban implicadas”, asegura. Cree que lo ocurrido “se está tratando de silenciar y archivar”.