Feijóo aplica su principal estrategia política de los últimos meses también en eduación: desviar responsabilidades hacia otras administraciones. Pese a que las competencias en la materia son de la Xunta, lleva semanas insistiendo en la necesidad de un “protocolo único” para todo el Estado sobre el regreso a las aulas en tiempo de coronavirus. “No puede haber 17 protocolos distintos”, insistió este miércoles. Curiosamente, las escasas medidas que va anunciando el Gobierno gallego al respecto contradicen las recomendaciones del ministerio, entre ellas la de rebajar la ratio de alumnos por aula, o enervan a profesorado y familias.
Con la comunidad educativa en armas, el presidente en funciones intentó, al término de la última reunión este miércoles del comité clínico que lo asesora, achacar los problemas al Ejecutivo central. “Es imprescindible tener un protocolo único único en toda España para Primaria, Secundaria y Formación Profesional”, señaló, “el retorno a las aulas es una de nuestras principales preocupaciones, desde el punto de vista familiar, de la conciliación y económico”. Según su versión, son necesarios “criterios claros y homogéneos para el sistema educativo español”. No se extendió en las razones de esa necesidad ahora perentoria, ni tampoco aclaró por qué algunas ideas clave de su Gobierno -si esa homogeneidad es tan decisiva- chocan con las de Madrid.
Es el caso de la ratio de alumnos por aula, que el ministerio insta a que no supere los 20, 15 como ideal. Para la Consellería de Educación, que dirige la discutida Carmen Pomar, 25 estudiantes por clase es suficiente. El propio Feijóo avaló esta divergencia con una singular teoría: “Hay bastante más riesgo en los recreos que en las aulas”. Además, no deja de repetir que, en ese índice, Galicia se encuentra mejor que el resto de España. “No pensemos que vamos a solucionarlo todo si no somos capaces de convencer a los alumnos de la distancia física y, en su defecto, de la máscara”, dijo tras una reunión en junio de las autonomías con el ministerio del ramo. Este miércoles, de hecho, anunció que propondrá al Gobierno central el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas e institutos para el alumnado mayor de seis años. Lo que no explicó es por qué la Xunta no adopta por sí misma la medida, independientemente de los que decida Madrid.
La proporción de estudiantes por aula no es la única muestra de la estrategia del desvío de responsabilidades. Cuando el Ejecutivo central anunció, en junio, que transferiría a las comunidades autónomas 2.000 millones de euros para invertir en Educación, Núñez Feijóo reclamó “libertad para gastarlos” en lo que el Gobierno gallego considerase. Un mes después, y a un mes y medio del inicio de curso, la Consellería de Educación parecía haber olvidado aquella reivindicación del presidente. “Estamos esperando a que el Ministerio nos concrete el cuándo, cuánto y cómo de los fondos que nos comprometió”, afirmaron desde el departamento de Pomar. Los sindicatos, que llevan semanas de protestas y declaraciones críticas ante lo que entienden como “inacción”, aseguran que el único criterio de la consellería es “el coste cero”.
Con él está relacionada, a decir de la representación de los trabajadores, otro anuncio al que este miércoles también aludió Feijóo: la contratación de 240 nuevos profesores, que la Xunta enmarca dentro de la lucha contra la epidemia pero que la comunidad educativa entiende como “trámite habitual” dirigido a cubrir las vacantes por jubilación y “cumplir la ley” de los 25 alumnos por aula. Catalunya o Valencia, por ejemplo, sí han reforzado el personal de la escuela pública con varios miles de docentes. Tampoco los apartados de lo que Feijóo definió este miércoles como “protocolo amplio” elaborado por la Xunta satisface a las asociaciones de padres y madres de los centros públicos de una de las zonas más densamente pobladas de Galicia, Pontevedra, Marín y Vigo. La mayoría de ellas se niegan a prestar los servicios de comedor y actividades extraescolares -algo que en algún caso sucedía desde hace más de 20 años- al considerar que la norma autonómica “carece de seguridad sanitaria y jurídica”.