El pasado fin de semana, la Xunta confirmaba la marcha atrás en el cierre de la atención a los partos y de las urgencias pediátricas en el hospital de Verín cuando estaban a punto de cumplirse dos meses desde que anunciase la supresión de ambos servicios. Después de una fuerte movilización ciudadana, la Consellería de Sanidade volvía a convocar dos plazas de pediatría -ahora negociadas de antemano con las personas candidatas- para recuperar el paritorio ya en el próximo mes de febrero. La victoria de la protesta social parece clara con una decisión que, no obstante, esconde requisitos adicionales a los habituales en el conjunto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para el personal y las usuarias del centro verinense a la hora de afrontar un nacimiento.
Lo adelantó Alberto Núñez Feijóo en un acto del pasado lunes en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) al advertir que los partos se llevarían a cabo siempre que se cuente con el “consentimiento informado y reforzado” de las familias. “Son las que nos van a autorizar para hacer los partos en Verín”, dijo el presidente de la Xunta, que aseguró que el hospital comarcal puede atender “un parto común y sin complicaciones manteniendo la práctica clínica que tiene hoy en día”.
La clave está en el añadido del adjetivo “reforzado”. El consentimiento informado es habitual en este tipo de actuaciones clínicas y en otras (más de 600 fueron firmados en el área sanitario ourensana en un año), pero no que esa autorización pueda añadir algún requisito excepcional y específico, como se pretende en el caso de Verín. Porque eso es lo que se busca, según fuentes de la Xunta consultadas por este diario: endurecer las condiciones para poder dar la luz en el hospital comarcal. Todo después de que uno de los argumentos iniciales para justificar el cierre fuese la “falta de pericia” de los profesionales por el bajo número de nacimientos atendidos.
No es de ahora. La idea rondaba la cabeza de los máximos responsables del Sergas y de la propia Xunta desde hace semanas. Desde que se desató el conflicto por el cierre del paritorio, que ha atendido ya tres partos a pesar de la supresión del servicio, uno de ellos de una concejal del PP que se negó a ser trasladada a Ourense, tal y como indicaba el protocolo de la Administración tras la polémica decisión.
El propio conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, habló el pasado martes en la Radio Galega de la próxima “recuperación de la actividad” en el paritorio, pero aludió varias veces a la necesidad de un “nuevo protocolo de actuaciones” que debía ser “adecuado” y que “cumpla las expectativas”. Preguntado el Sergas por si ese consentimiento “reforzado” implica condiciones extras para personal o madres en Verín, la contestación no lo aclara. Pero desde hace semanas, la Xunta prepara unas novedosas premisas que podrían chocar no sólo con el rechazo de los profesionales en el hospital comarcal, sino con la propia legalidad.
Fuentes del personal en Verín esperan que no se confirmen las intenciones, pero advierten de que el Sergas ya impuso hace tiempo en el hospital un protocolo de actuación para los partos que “anula profesionalmente a los trabajadores”. “Son unas indicaciones que sólo podrían ser válidas en un centro de salud o en un Punto de Atención Continuada (PAC)”, cuentan. Las condiciones impuestas para poder atender un parto eran tales que suponían, según denuncian, colocarlos “entre la espada y la pared” en un intento por “anular el hospital”.
“De cumplir con los criterios impuestos, no podríamos asumir casi ningún nacimiento; si una madre llega con alguna complicación perfectamente asumible en nuestro hospital, las indicaciones son de enviarla a Ourense, arriesgándonos a que su situación empeore de camino y en la ambulancia. Estábamos atrapados”, cuenta un profesional.
Las mismas fuentes creen que la intención de la Xunta es “anular el hospital de Verín”. “Es más de lo mismo, se empeñan en complicar las cosas, poniendo en un compromiso a las madres, advirtiéndoles de posibles riesgos que no existen”, insisten, además de advertir de un objetivo final: “Ir cerrando servicios para centralizar y favorecer a la privada”.
Otras fuentes no aventuran tanto, pero sí censuran la “obsesión” del Sergas con el hospital de Verín. “No es normal lo que ocurre si esto no es una maniobra para intentar suprimir servicios a pesar de las protestas de la plantilla y de la ciudadanía”, insisten. En el fondo, el temor de que la reapertura “política” del paritorio venga acompañada de requisitos que dificulten su actividad y hagan dudar a las madres, reduciendo el número de partos y aumentando las derivaciones a Ourense que, a la espera de la incorporación de los nuevos pediatras, son ahora las indicaciones. “Insisten en ponernos dificultades”, resumen.