La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, colabora cada año con la actividad de la Federación Galega de Caza, a través de un convenio por el que le hace una aportación económica. El referido a 2021, formalizado en julio, concede 25.000 euros para inciativas de formación y campañas para “defender la figura del cazador” o para prevenir los accidentes que cada cierto tiempo saltan a las noticias y terminan con heridos e incluso fallecidos en los montes gallegos.
La Consellería justifica el acuerdo con la ley gallega de caza, que defiende un ejercicio “más responsable, más sostenible y más ético” de la actividad. El texto legal, añade, pone “especial empeño” en que las condiciones sean “de máxima seguridad para las personas y los bienes” para que las salidas al monte se desarrollen “sin sobresaltos”. El Gobierno gallego reserva 16.000 euros de su presupuesto para la realización de cursos, entre mayo y octubre de este año, sobre asuntos de actualidad relacionados con la actividad cinegética, su seguridad y su gestión. En el caso de que sean online, la duración será de 16 horas. En la modalidad presencial, se limitará a cuatro horas.
Los 9.000 euros restantes del convenio tienen como fin poner en marcha campañas de “divulgación y fomento de la actividad cinegética, poner en valor la caza, defender la figura del cazador y prevenir la siniestralidad”. Los medios que el Gobierno gallego y la Federación Galega de Caza prevén para este objetivo son la publicidad, jornadas informativas y distribución de material con estos mensajes. La elección de esta federación para conceder este apoyo económico se debe a que es la entidad “más representativa” de los cazadores gallegos y a que está declarada de utilidad pública, de acuerdo con el convenio.
El Gobierno gallego estuvo atento a las demandas de los cazadores en las restricciones aplicadas en diferentes fases de la pandemia de la COVID-19. En noviembre de 2020, en plena segunda ola de contagios, la Xunta publicó una circular con la que daba vía libre a los cazadores, federados o no, para que circulasen por toda la comunidad y se reuniesen en grupos de no convivientes, en un momento en el que estaba en vigor la prohibición de moverse entre ayuntamientos y de hacer reuniones con personas con las que no se compartía techo en buena parte del territorio gallego. El permiso era para abatir, en concreto, ejemplares de dos especies: el lobo y el jabalí.
Dos meses después, en enero de 2021, cuando la tercera ola dejaba cifras máximas de contagios y muertes a cauda de la COVID-19, el Gobierno gallego decidió cerrar espacios públicos como las bibliotecas y los museos para frenar la transmisión. Sin embargo, mantuvo la actividad en las iglesias y permitió que los cazadores pudiesen seguir con las batidas. También en este caso, los disparos debían tener como objetivo a lobos y jabalíes. El Gobierno gallego argumentó en todas estas ocasiones la preocupación derivada de los ataques al ganado y los destrozos en terrenos agrícolas, además de los accidentes tráfico en los que se veían implicados. La inquietud no se ha reducido con el paso de los meses y en agosto la Xunta decidió permitir la caza de jabalíes sin límite de ejemplares en el 68% del territorio gallego.