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El archipiélago balear protagonizó a finales del mes de mayo manifestaciones multitudinarias e inéditas que pusieron el foco en los efectos adversos de la turistificación en la vida de las personas que residen en las Islas. “Mallorca no es ven” (“Mallorca no se vende”) y “Si ens neguen el sostre, ens neguen el futur. Dret a un habitatge digne” (“Si nos niegan el techo, nos niegan el futuro. Derecho a una vivienda digna”) fueron algunos de los lemas de la manifestación convocada en Palma a finales de mayo y que también tuvo lugar en Eivissa y Menorca. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las Islas recibieron 17,8 millones de turistas en 2023.
El alquiler turístico está limitado en todo el archipiélago balear, pero el problema es la proliferación de esta práctica que se realiza ilegalmente en el conjunto de las Islas. Para combatirla, las instituciones insulares desarrollan varias estrategias. Por un lado, cuentan con un cuerpo de inspectores encargado de vigilar que el alquiler turístico se desarrolla por los cauces legales. Por otro, los Consells Insulars (disponen de las competencias en materia de inspección y sanción) llegan a acuerdos con comercializadoras y plataformas digitales como Airbnb, Booking o Expedia para que colaboren en la lucha contra la oferta turística ilegal.
En el caso de Mallorca, donde el alquiler turístico en edificios plurifamiliares está permitido aunque con limitaciones, el Consell Insular dispone de 20 inspectores de turismo que trabajan para atajar los alquileres ilegales. El año pasado, cuando todavía había una coalición progresista en el Consell de Mallorca, la Dirección Insular de Ordenación Turística elaboró “un plan de choque específico” para luchar contra el alquiler turístico de viviendas plurifamiliares en Palma, con una partida económica de 700.000 euros. El plan de acción vino dotado de la incorporación de cinco inspectores más, por lo que la plantilla pasó de 15 a 20 efectivos.
El anterior Ejecutivo progresista explicaba que una de las medidas del plan implicaba incrementar “las horas de inspección, que se alargan a las tardes y a los fines de semana”, con el objetivo de detectar más anuncios. En el año 2022, el Consell Insular localizó 237 viviendas que se publicitaban ilegalmente en Mallorca, aunque la institución sospechaba que podría haber en torno a las 500. Cabe recordar que las infracciones muy graves se sancionan con multas entre 40.001 y 400.000 euros en la isla. “Esta lucha también mejora la convivencia entre visitantes y residentes”, aseguró Andreu Serra (PSOE), entonces conseller insular de Turismo.
Mallorca tiene 959.801 habitantes empadronados en la isla, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de abril de 2024. El Consell Insular fijó, a través del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), el límite máximo de plazas turísticas en 430.000, cuando gobernaba Catalina Cladera (PSOE). Un número de plazas que ha sido reducido un 4,2%, hasta las 412.000, según anunció recientemente Llorenç Galmés (PP), presidente del Consell de Mallorca, después de las elecciones locales y autonómicas de 2023.
De este modo, el Ejecutivo insular da un giro de guion, ya que el PP se había opuesto un año antes a la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) que proponía eliminar 17.000 plazas de la bolsa de vivienda; votó en el Parlament, junto con Vox, en contra de la moratoria de nuevas plazas turísticas y rechazó la eliminación de las plazas del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT). “Hay que poner límites”, justificó Galmés, en referencia a la reducción de plazas turísticas.
Entre 10.000 y 15.000 plazas ilegales en Mallorca
El Consell de Mallorca tiene abiertos a día de hoy 650 expedientes por oferta turística ilegal, de los que 239 se han abierto en los últimos seis meses y cuyas sanciones podrían ascender, en el caso de estos últimos, a 16,9 millones de euros. Hay que tener en cuenta que los últimos datos actualizados son del pasado mes de febrero. “Desde septiembre de 2023, el número de expedientes abiertos en viviendas donde se realizaban alquileres ilegalmente ha aumentado un 248,5% en Mallorca, de los 95 que se abrieron en el mismo periodo del año anterior a los 239 actuales”, aseguró José Marcial Rodríguez (PP), conseller insular de Turismo. “Las sanciones han supuesto la propuesta de multas por valor de 16,9 millones de euros. Desde la puesta en marcha del plan en los últimos seis meses la recaudación por este tipo de sanciones se ha disparado hasta los 2,353 millones de euros, frente a los 1,09 millones del mismo periodo del año anterior”, afirmó José Marcial Rodríguez.
La mayoría de estos expedientes se han abierto en Palma y, principalmente, por alquileres en plurifamiliares -en la capital están prohibidos-, que se enfrentan a sanciones mínimas de 40.000 euros y máximas de 100.000 euros. El conseller insular de Turismo señaló que con los datos que cuenta a día de hoy la institución insular, en Mallorca habría entre 10.000 y 15.000 plazas turísticas ilegales y ha avanzado que se está trabajando con una empresa de geolocalización para lograr una mejor determinación de esta cifra. Por otro lado, Rodríguez destacó que el plan del Consell Insular se basa en cuatro aspectos: fiscal, turístico, urbanístico y diálogo con las comercializadoras.
En materia fiscal, después de haber cruzado los datos con la Agencia Tributaria, el 83% de los alojamientos turísticos registrados confirman que pagan el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y que el resto (17%) no lo hacen, según se desprende de los datos detectados por el Consell Insular. El siguiente paso es comprobar, además, los casos de alojamientos que están pagando la tasa pese a no disponer de licencia. “Hay casos sorprendentes que actúan pensando que tienen licencia”, afirmó Rodríguez.
En Mallorca habría entre 10.000 y 15.000 plazas turísticas ilegales. El 3% de los alojamientos turísticos registrados confirman que pagan el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la 'ecotasa'
Eivissa prohíbe el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares
En el caso de Eivissa no está permitido el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, mientras que está restringido en Formentera: pese a que se permite en determinadas áreas, está prohibido en las zonas residenciales de Sant Francesc, Sant Ferran y La Mola. Por su parte, la mayor de las Pitiüses tiene 162.000 personas residiendo en la isla -según datos del INE del pasado mes de enero-, 80.000 plazas en establecimientos hoteleros y 18.500 licencias turísticas en casas particulares -según datos del Consell Insular-. Hay que tener en cuenta que durante los meses de julio y agosto, Eivissa sobrepasa los 300.000 habitantes de media diaria, según el Índice de Presión Humana (IPH) del Instituto Balear de Estadística (Ibestat).
No hay datos exactos sobre cuánto alquiler turístico ilegal hay en la isla, pero es posible que entre 30.000 y 40.000 personas se alojen en pisos turísticos ilegales durante la temporada alta. Para vigilarlo, el departamento de Ordenación Turística del Consell Insular incorporará un nuevo inspector -que habrá que sumar a los ocho que ya tiene-, un instructor y seis administrativos, según informó Mariano Juan (PP), conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo.
Respecto al debate que se ha generado en torno a la saturación turística, el Consell d’Eivissa considera que está provocada por la comercialización de viviendas residenciales como turísticas -lo cual está prohibido por ley-, “lo que provoca que los precios suban y haya dificultades en el acceso a la vivienda”, afirmó Vicent Marí (PP), presidente del Consell Insular. Igual que en el caso de Mallorca, fuentes de la máxima institución insular explicaron a elDiario.es que “lo importante es el acuerdo con Booking”. Después de este acuerdo, la plataforma digital ha retirado 35 anuncios ilegales detectados por el departamento de Ordenación Turística del Consell Insular. En uno de ellos se publicitaba una casa de madera situada en pleno Parc Natural de ses Salines.
“El departamento lleva cinco años trabajando, de manera perseverante y esto está dando sus frutos”, aseguró Mariano Juan, conseller insular de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo. “Con las herramientas que tenemos se pone coto a los infractores”, añadió. Del mismo modo, el Consell Insular pone el foco en la recaudación por multas a los infractores “que ha aumentado hasta alcanzar el récord”. “El tema de los expedientes sancionadores va a un ritmo potente. Además, se han aumentado las cuantías de las sanciones, pasando la mínima de 20.000 euros a 40.000 y quedando la máxima en 400.000 euros”.
En cuanto a las últimas acciones emprendidas, el Consell Insular ha informado recientemente que una empresa comercializadora se enfrenta a una multa de 80.000 euros por alquilar dos viviendas en un mismo edificio de Eivissa, mientras que otras nueve se enfrentan a una multa de 40.000 euros cada una por la comercialización de viviendas turísticas ilegales en Eivissa, Sant Josep y Santa Eulària des Riu y una última ha sido sancionada con 4.000 euros por “obstaculizar la tarea inspectora”. En total, las multas ascienden a 444.000 euros. Durante el año 2024, el Consell Insular ha recaudado más de 153.000 euros por sanciones en materia de turismo ilegal.
Respecto a Formentera, que cuenta con 11.511 habitantes empadronados, la isla cuenta con un techo de plazas turísticas fijado en 20.585, de las cuales 12.081 son para hoteles y 8.504 para comercialización de estancias turísticas. Fuentes del Consell Insular explican a elDiario.es que, en estos momentos, las funciones inspectoras las realizan los celadores. Por otro lado, la institución insular está a la espera de contratar a un funcionario que realice la tarea de inspector de turismo, y que contará con la colaboración de la Policía Local, como ya venía sucediendo hasta ahora.
No hay datos exactos sobre cuánto alquiler turístico ilegal hay en Eivissa, pero es posible que entre 30.000 y 40.000 personas se alojen en pisos turísticos ilegales durante la temporada alta
“La plaza de inspector no es de lo más agradable”
“Inspector de turismo, programa de ‘alquiler seguro’ y fomentar el alquiler anual mediante deducciones de impuestos, como las tasas del IBI y de la basura”, respondió Artal Mayans (Sa Unió), conseller insular de Turismo, Vivienda e Innovación, en una entrevista en Formentera Radio, sobre la política del Consell Insular d'Eivissa. “Es verdad que Formentera no deja de ser un pueblo pequeño, todos nos conocemos, y las funciones del inspector, es como quien pone una multa: no es una plaza de lo más agradable”, respondió Mayans sobre las dificultades para conseguir que alguien ocupe la plaza de inspector de turismo. “Pero es un trabajo que se tiene que hacer”, aseguró.
Interrogada sobre esta cuestión, Alejandra Ferrer (Gent per Formentera), expresidenta del Consell Insular, quien tuvo responsabilidades políticas en materia de turismo, afirma a elDiario.es que la institución no podía tener inspector porque el traspaso de esta plaza se debía hacer desde el departamento de Ordenación Turística del Consell de Mallorca. “Creamos un área de inspección con un equipo muy variado: policías locales, celadores y funcionarios de diferentes disciplinas”, afirma Ferrer. Así, la expresidenta destaca que los planes de inspección no se realizaban exclusivamente en los establecimientos turísticos, sino sobre todo “en los residenciales que se alquilan turísticamente”.
“Siempre es mejor tener un inspector, pero siendo creativo y con la ayuda de la Policía Local y de los funcionarios se puede hacer muy buen trabajo”, defiende Ferrer. Hasta abril de 2023 -último año de la legislatura progresista-, se abrieron 72 expedientes por alquiler sin licencia turística con sanciones de 248.462 euros, según datos facilitados por la expresidenta. En años anteriores se abrieron entre una decena y medio centenar de expedientes que recaudaron entre 43.000 y 504.000 euros.
“Hay unas 45.000 personas que no sabemos dónde se alojan”
En lo que se refiere a Menorca, con una población de 96.467 habitantes, dispone de 84.058 plazas turísticas, según datos del departamento de Ordenación Turística del Consell Insular. La institución menorquina ha abierto este año 20 expedientes por alquiler turístico ilegal, según anunció Núria Torrent, consellera insular de Ordenación Territorial y Turística, en una rueda de prensa de este mes de mayo. Los siete inspectores de los cuales dispone la institución insular podrían haber detectado otros 40 posibles casos que se están estudiando en estos momentos. De hecho, el alquiler turístico de viviendas en los cascos urbanos está prohibido desde 2018 –excepto para aquellas viviendas que tuvieran en vigor una licencia anterior a la zonificación– aunque en las plataformas digitales se siguen anunciando ilícitamente.
El grupo ecologista GOB Menorca calcula que durante los meses de verano hay unas 45.000 personas -no residentes- que no se sabe dónde se alojan. “Después de sumar la población empadronada, las plazas turísticas legales, una estimación (generosa) de gente que tiene casa pero no está empadronada y una estimación de gente que duerme en casa de familiares, nos quedan unas 45.000 personas que no sabemos dónde duermen”, afirma a elDiario.es Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB Menorca. Así, según el estudio del grupo ecologista, la mayor parte de estas personas duermen en casas residenciales, pero que se alquilan a turistas. Hay que tener en cuenta, destaca Camps, que solo cerca de 6.000 casas están dadas de alta oficialmente para ejercer el alquiler turístico. “Aunque puede haber un margen de error, la cifra es enorme”, denuncia Camps.