El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso que PSOE y Sumar presentaron contra la decisión del Govern de Balears de retirar el requisito de saber catalán para trabajar en la sanidad pública regional. La decisión, que no acarrea la suspensión de esta medida del ejecutivo de Marga Prohens, fue denunciada por vulnerar “el principio de igualdad y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatut d'Autonomia”, explicaron los partidos, además de considerar que “atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente”.
El recurso es admitido a trámite pero no se planteó ningún tipo de medida cautelar, por lo que la norma sigue en vigor hasta que el Constitucional dicte su sentencia sobre el fondo del asunto, lo que implica un plazo de varios meses como mínimo.
La exigencia o no del catalán para obtener plaza en la sanidad pública es uno de los debates que en Balears se suceden legislatura tras legislatura, teniendo en cuenta que el Estatut d'Autonomia reconoce, en su reforma de 2007, el derecho de la ciudadanía a conocer y utilizar la lengua propia (en referencia al catalán), sin que nadie pueda ser discriminado por ello.
Se trata de un derecho que también está recogido en el artículo 2 de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística, que establece que el derecho a dirigirse en catalán, oralmente o por escrito, implica a la Administración Pública. La normativa que debe regular su uso en la sanidad pública ha ido cambiando con el paso de las legislaturas y los gobiernos, debido a las diferencias entre los distintos partidos políticos.
La reforma de PP y Vox
La eliminación del requisito del catalán para trabajar en la sanidad pública era una de las 110 medidas que adoptaron PP y Vox en su acuerdo para hacer presidenta del Govern a la popular Marga Prohens. En el documento, en el que los conservadores asumen gran parte del ideario de los de Santiago Abascal, ambas formaciones se comprometen a modificar las normas que “supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales”. “Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública”, puntualizaron.
A finales de agosto, apenas unos meses después de hacerse con el poder en las Islas, el Ejecutivo autonómico del PP aprobó esta medida mediante un decreto de medidas urgentes y, con él, convirtió la acreditación del idioma en un simple mérito. La consellera de Salud, Manuela García (PP), comentó que esta medida tenía la finalidad de facilitar la captación de profesionales sanitarios y “poner alfombra roja” para que “el mayor número de ellos” trabaje en las Islas.
Sin embargo, la misma responsable señaló que su departamento desconoce cuántos sanitarios se han ido o han dejado de venir al archipiélago por el requisito del catalán. Además, reconoció que será complicado evaluar el impacto de la supresión como medida de captación de sanitarios. García manifestó que, a pesar de que el Govern no dispone de datos, el requisito del catalán era “excluyente y disuasorio”. Las Islas, al igual que otras autonomías en las cuales no se habla catalán, padecen un déficit estructural de trabajadores de la salud, principalmente por las condiciones laborales y los precios de la vivienda.
García afirmó que el Govern pondría a disposición de los sanitarios cursos de lengua catalana para “potenciar” que la comunicación entre los médicos y los pacientes pueda mantenerse “en absoluta normalidad”. “Intentaremos por todos los medios facilitar la formación del personal sanitario en esta lengua. Nuestro objetivo es que lo acaben alcanzando, pero que no sea un requisito excluyente para que no vengan a las Islas”, subrayó el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa. El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) fue escogido como el encargado de ayudar a la Conselleria de Salud en la realización de estos cursos.
La legislación cuando gobernaba la izquierda
Durante la primera legislatura del Govern de Francina Armengol (coalición entre el PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca), el Ejecutivo progresista aprobó la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública. Esta normativa, que incluye algunas excepciones, volvía a establecer el catalán como requisito para los profesionales de la sanidad pública. Y es que en el mandato anterior (2011-2015), con la modificación de la Ley 3/2007 de la Función Pública por parte del Govern de José Ramón Bauzá (PP), el catalán suponía un mérito, pero no un requisito, para los trabajadores sanitarios.
Sin embargo, la polémica saltó a la palestra el pasado mes de diciembre después de que el Govern balear, también presidido por Armengol y gobernado por la coalición formada por PSOE, Unides Podem y Més per Mallorca, eliminara el requisito de acreditar los niveles de catalán para el personal de medicina y enfermería para el proceso de estabilización convocado el 20 de diciembre de 2022 de 4.114 plazas, a pesar de que la norma reclamaba un nivel B2 de catalán a médicos y enfermeros y un nivel B1 a auxiliares y el resto de profesionales.
La entonces consellera de Salud (cartera controlada por el PSOE), Patricia Gómez, se defendió justificando que el proceso se había hecho “conforme a la ley de normalización lingüística, que permite excepcionar las categorías deficitarias”. Gómez se refería, en concreto, a la disposición transitoria segunda de la Ley 4/2016 de medidas de capacitación lingüística, que podía eximir los requisitos de conocimientos de la lengua catalana “excepcionalmente y cuando la prestación asistencial pueda resultar afectada por la carencia o insuficiencia de profesionales”, en referencia a los profesionales del IB-Salut (el servicio público de salud de Balears).
Tras la polémica suscitada entre los socios de Gobierno (especialmente, PSOE y Més per Mallorca), el Ejecutivo decidió revisar las categorías consideradas “deficitarias” en la sanidad pública. Al final, de una cuarentena de categorías de los procesos que estaban en marcha, en 34 de ellas fue necesario tener el nivel de catalán para poder presentarse, tras la constatación de que no había déficit de profesionales. En el resto de categorías, las consideradas deficitarias, se dio un plazo de dos años para acreditar el nivel de catalán.