El nuevo equipo de gobierno -conformado por PP, Vox y ASI- del municipio mallorquín de Llucmajor ha aprobado este miércoles colocar dos nuevos asesores, uno en materia de urbanismo y medio ambiente y otro en economía y hacienda, cada uno de los cuales pasará a cobrar 31.412 euros anuales. Asimismo, han dado luz verde a una subida generalizada de sus sueldos de un 11%, un porcentaje que llega a elevarse a aproximadamente un 20% en el caso de los regidores con dedicación parcial.
Se trata de una de las primeras medidas adoptadas en el consistorio en esta nueva legislatura. En su propuesta para la creación de dos nuevos asesores, la alcaldía justifica los nombramientos teniendo en cuenta que la regulación vigente permite el nombramiento de hasta siete puestos reservados a personal eventual. Además, defiende la necesidad de los nuevos puestos en aras a desarrollar una “adecuada gestión de las distintas áreas de gobierno” y llevar a cabo funciones calificadas “como de confianza o asesoramiento especial, de acuerdo con lo que establece la normativa reguladora de este tipo de personal”.
Respecto a los sueldos, la nueva alcaldesa, Francisca Lascolas (PP), pasará a cobrar 55.682 euros anuales -frente a los 51.584 brutos que cobraba el anterior primer edil, el también popular Éric Jareño-; los cinco regidores con dedicación exclusiva, 46.917 euros; los cuatro con dedicación parcial (seis horas al día), 38.473 euros, y los cuatro portavoces, que estarán a tiempo parcial, 20.279 euros.
El pleno aprobó, asimismo, elevar la dotación económica asignada a los partidos políticos con representación en el pleno, de tal modo que se destinarán 600 euros a cada grupo y cien por regidor electo. De esta forma, el PP pasará a cobrar un total de 1.300 euros públicos; el PSOE, 1.000; Vox, 900; Llibertat Llucmajor, Més per Mallorca y S'ULL, 800, y Agrupación Social Independiente (ASI), 700.
Desde el partido vecinal Llibertat Llucmajor, su portavoz, Alexandre Gaffar, recrimina, en declaraciones a elDiario.es, el nombramiento de los dos nuevos asesores “teniendo perfiles técnicos entre los concejales”. “Yo soy economista de profesión y fui teniente de alcalde de Economía en 2019. Tengo relación con los empleados públicos, sé las problemáticas que hay e incluso en las rondas de negociaciones transmití algunas propuestas a la actual alcaldesa”, señala Gaffar.
“Por eso no entiendo mucho el afán de, en vez de negociar una inclusión en el equipo de gobierno, en el que te puedes ahorrar los asesores y cubrir esas plazas que faltan, recurran a asesores para ello. El problema que tienen es que no tienen ningún perfil económico dentro del equipo de gobierno”, incide. “Los únicos concejales que contamos con un perfil técnico en cuanto al área de Economía estamos actualmente en la oposición. En vez de querer negociar la inclusión de medidas y la entrada de gobierno de, por ejemplo, Llibertat Llucmajor, han optado por la creación de estas plazas de asesor político”, sentencia.
Pese al voto en contra emitido por Llibertat, la formación volvió a ofrecer su asesoría y apoyo en materia de gestión económica “si hay voluntad de negociación para medidas que beneficien a Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y Foravila como, por ejemplo, aumentos de inversiones públicas en los servicios básicos (limpieza y mantenimiento urbano) o reducción de la carga fiscal en la tasa de basuras”.
Precisamente, en el mismo municipio, fue reelegido en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo el edil Joaquín Rabasco como candidato de su nuevo partido, S'Arenal, Llucmajor y Urbanizaciones (S'ULL). Rabasco fue en su día condenado a seis años de cárcel por regar con fondos públicos a una enmarañada red de empresas de su propiedad, si bien el Tribunal Supremo rebajó la pena a dos años de prisión. Además, en 2012 un juzgado lo sentenció en primera instancia por difundir, a través de la página web del partido, un vídeo que mostraba veinte formas de matar a una mujer. La Audiencia Provincial de Balears finalmente lo absolvió.