El Ayuntamiento de Palma multará a quien habite en caravanas pese a la emergencia habitacional: “Aquí se vive en viviendas”

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado de forma inicial la nueva Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, con la que prevé multar, con sanciones de entre 750 y 1.500 euros, a quienes utilicen las autocaravanas como viviendas, a pesar de que muchos de quienes duermen en estos vehículos son trabajadores que pernoctan en ellos ante los elevados precios del mercado inmobiliario, atravesado desde hace años por la especulación, la voracidad de los fondos de inversión y la oferta turística ilegal, lo que les impide acceder a un hogar digno para vivir.

Habitar sobre el hormigón no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en una alternativa habitacional cada vez más extendida en el archipiélago, donde alquilar una habitación puede llegar a costar más de 700 euros. Según un reciente estudio del portal inmobiliario Idealista, hasta 91 personas compiten en la actualidad por cada habitación que se anuncia en la capital balear. La imposibilidad para arrendar una vivienda ha disparado la demanda de este tipo de espacios, cuya oferta ha incrementado un 29% durante el último año. De acuerdo a los datos de Idealista difundidos el pasado mes de septiembre, alquilar un estudio en Palma es hoy hasta un 90% más caro que una habitación en un piso compartido.

No solo eso. Cerca de 250.000 personas, el 20,6% de la población, y uno de cada tres menores de edad (33,3%) de Balears viven en riesgo de pobreza o exclusión social, unas cifras que se han agravado por el incremento del coste de la vida o la dificultad para acceder a una vivienda digna, entre otros factores, tal como consta en el informe sobre el estado de la pobreza de la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN), presentado el pasado mes de octubre en el Parlament y que, con datos de 2023, hace una radiografía de los sectores más vulnerables de la sociedad balear y de los factores que influyen en su exclusión con datos, así como una batería de propuestas para tratar de revertir estas situaciones.

Frente a ello, una reciente investigación de elDiario.es arroja que Balears es la séptima Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, compuesto por 574.813 inmuebles. De todos ellos, 6.672 viviendas pertenecen a tenedores que llegan a poseer más de cien inmuebles.

El encargado de desgranar la nueva normativa ha sido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha explicado este miércoles, en rueda de prensa, que esta ordenanza ha recogido un centenar de propuestas de organizaciones de la sociedad civil de Palma para ser “lo más consensuada posible”. Así, entre las nuevas medidas, el Consistorio prohibirá acampar en vehículos en el término municipal, excepto en los lugares específicamente habilitados para ello, por lo que las caravanas y autocaravanas solo podrán estacionarse en lugares permitidos y no podrán permanecer en el mismo lugar más de diez días.

Martínez ha aclarado que también se restringe el uso de estos vehículos como vivienda con “signos de permanencia” en espacios públicos y las infracciones se considerarán graves, con sanciones de 750 a 1.500 euros. Asimismo, también se habilita a los agentes a proceder a la retirada del vehículo si no se encuentra al responsable del mismo. No obstante, si la infracción la comete una persona en situación de vulnerabilidad social la infracción podría quedar suspendida si dispone de un informe de vulnerabilidad social y sería derivada a Servicios Sociales.

“Un vehículo es para desplazarse, una vivienda es otra cosa”

“Entiendo que un vehículo es para desplazarse, una vivienda es otra cosa. Un coche, una caravana o una autocaravana no es para vivir”, ha respondido Martínez a preguntas de los periodistas.

La normativa ha sido aprobada de manera preliminar en Junta de Gobierno y deberá someterse a la aprobación del pleno en el mes de diciembre. Desde el Consistorio esperan tenerla aprobada definitivamente y en vigor en el mes de febrero.

Preguntado por si esta ordenanza obligará a reubicarse a las personas que viven en autocaravanas en zonas como Son Gual, Son Hugo o Es Carnatge, el primer edil ha indicado que “cada caso es un mundo” y se tendrá que determinar si están acampadas, si se emplean como viviendas o si “producen otras actitudes incívicas, además del incumplimiento de esta norma”. “La casuística es muy grande y la ordenanza tiene un objetivo que es que en Palma se vive en viviendas, no se vive en caravanas”, ha ahondado.

Prohibidas las visitas guiadas con más de 20 turistas

Por otro lado, la nueva ordenanza también sancionará las visitas turísticas que superen las 20 personas por guía o cuatro vehículos rodados -que requerirán de notificación previa-. Asimismo, los guías deberán llevar el carné oficial visible y se prohibirá el uso de altavoces o megáfonos. La infracción de esta normativa será considerada leve, con multas de hasta 750 euros.

Asimismo, de acuerdo a la normativa recién aprobada, los patinetes, otros vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas no podrán circular por aceras, parques o zonas peatonales, los conductores tendrán que disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra hasta 120.000 euros y será obligatorio llevar casco y chaleco reflectante.

En caso de no disponer de seguro, los conductores de estos vehículos podrán ser sancionados con hasta 600 euros, si no lleva casco se les podrá imponer 90 euros de multa y en caso de circular por aceras o zonas peatonales, la sanción pasa de 40 a 90 euros.

Al mismo tiempo, los agentes de la autoridad podrán inmovilizar los vehículos en caso de incumplir alguno de estos preceptos, si se detecta que están manipulados o si se conducen bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Por lo que se refiere a las empresas de alquiler de este tipo de vehículos, tendrán que tener registrados los mismos y disponer del citado seguro pero en este caso se amplía la cobertura hasta los 800.000 euros y, si circulan en grupos de más de tres personas, tendrán que disponer de autorización previa municipal.

También ha manifestado que se permitirá la circulación de este tipo de vehículos en vías con una limitación de velocidad de hasta 40 km/h aunque estos mismos no podrán superar los 25 km/h.

Multas de hasta 3.000 euros por pintar grafitis

Otro de los aspectos que regula esta norma serán las pintadas y grafitis, que en el caso que causen una “degradación grave y relevante de bienes inmuebles” se podrán sancionar con hasta 3.000 euros. Martínez ha concretado que esto significa la prohibición de estas expresiones gráficas en cualquier elemento del espacio público y en el interior o exterior de equipamientos, transportes o mobiliario urbano.

Además, ha puntualizado que si esta infracción la comete un menor, los padres o tutores legales serán responsables civiles subsidiarios, mientras que si la pintada constituye una infracción patrimonial prevista en el código penal los agentes tendrán que notificarlo a la autoridad judicial, sin que esto interrumpa el expediente sancionador.

Esta limitación se extiende a carteles, pancartas, pegatinas o folletos y solo se podrán colocar en lugares “expresamente habilitados” por la autoridad municipal. En los casos leves, las sanciones serán de 150 euros pero, si es grave, podría alcanzar los 6.010 euros. Los carteles “muy luminosos” que causen molestias con multas de hasta 750 euros y si emplean lásers podrán ser retirados cautelarmente.

Los juegos con apuestas de dinero o bienes también quedarán prohibidos en la vía pública, en cuyo caso serán sancionados por la Ley balear de Juegos y Apuestas con sanciones de entre 30.000 y 450.000 euros.

El Consistorio también prevé multas de hasta 750 euros por orinar o escupir en la vía pública pero la sanción podría ascender hasta los 1.500 euros si se defeca sobre lugares como parques, zonas de gran afluencia o monumentos.

Fruto de las aportaciones de las entidades sociales, se ha incorporado la prohibición de tener encendidos los motores de los vehículos parados --excepto de servicios esenciales-- para evitar la contaminación acústica y ambiental. Tampoco se podrá estacionar los vehículos adosados a inmuebles, de manera que pudieran permitir el “acceso furtivo”, las motocicletas tendrán que están aparcadas en batería de manera perpendicular a la vía y se impedirá el acceso a parques y jardines fuera de su horario.

Menores y personas vulnerables podrían eximirse

Martínez ha apuntado que las denuncias serán el “último recurso” si las infracciones son cometidas por menores o colectivos vulnerables, si se corrige la infracción en ese mismo momento sin reincidencia. Asimismo, ha precisado que se elimina el importe mínimo de las sanciones leves que iba de 300 a 750 euros, por lo que ahora irá de 0 a los 750 para incorporar estos casos.

El alcalde ha resumido los objetivos de la normativa en “garantizar la tranquilidad vecinal, entornos más limpios y seguros”, con el foco puesto en “las pintadas vandálicas, el uso inadecuado de patinetes y otros comportamientos que alteren la convivencia”.

Esta ordenanza vendrá acompañado de la creación de una unidad policial que tratará de hacerla cumplir, denominada Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP). Martínez ha aseverado que la norma tiene un enfoque “preventivo”, ya que busca corregir las conductas incívicas con la “mediación”.