Siguen saliendo a la luz nuevas irregularidades en Colisée Sa Residència, la residencia privada de mayores que gestiona este grupo francés en Eivissa. Otras dos trabajadoras están ejerciendo funciones de enfermeras sin estar colegiadas ni tener la titulación de Enfermería homologada en España, según han confirmado a elDiario.es fuentes del Consejo General de Enfermería (CGE) de España, que han comprobado los datos aportados por este diario en los registros de todas las comunidades autónomas. El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Illes Balears (COIBA) confirma que ambas empleadas no constan en sus registros. Esto significa que, en estos momentos, ninguno de los empleados que ejerce en la residencia como enfermero o enfermera dispone de la titulación de Enfermería con arreglo a la legislación española, según ha podido saber esta redacción.
La residencia privada, que pertenece al fondo de inversión sueco EQT, está en el punto de mira por las denuncias públicas de los familiares del centro. En el primer reportaje publicado por elDiario.es en febrero se explicó que un total de 135 familiares habían plasmado su firma en un documento remitido al Govern en el que desgranaban preguntas irregularidades, algunas de ellas muy graves, y cuyo contenido sigue, en gran medida, vigente, según las familias. Antonio Ribas Costa, por ejemplo, explicó que a su madre, de 92 años, paciente de alzhéimer, le detectaron una infección de orina cuando fue vista por la sanidad pública, mientras que en la residencia, según cuenta Antonio, el médico le había dicho -según su testimonio- que no hacía falta realizarle una analítica, que su madre “estaba bien”.
María (nombre ficticio), una mujer de 79 años, explicó que su marido, de 87, estuvo a punto de perder la vida después de haber sufrido un ‘shock’ séptico. Según su relato, tuvo una pequeña infección debajo del dedo gordo del pie, que presuntamente no fue tratada correctamente. La afectada contó a este diario que había pedido, en repetidas ocasiones, que se le hicieran las pruebas pertinentes. Finalmente, se le diagnosticó una infección multiorgánica: de orina, riñón y pulmón en Urgencias del hospital público de Can Misses.
En el segundo reportaje publicado sobre este caso, los familiares denunciaron que desde la residencia privada se estaban “cambiando pautas de medicación” de los usuarios sin la autorización de los médicos de Atención Primaria ni del médico especialista. Otras carencias que denuncian los familiares son hospitalizaciones tardías, deshidratación y falta de higiene. En ambos reportajes se pidió la versión de Colisée Sa Residència, que mandó un comunicado para cada uno, respondiendo a la petición de este diario, y que fue publicado en su totalidad en cada caso.
Las competencias de sanción, inspección y control de la residencia recaen sobre el Consell d'Eivissa, en manos del Partido Popular. Colisée Sa Residència recibe unos 2 millones de euros anuales de dinero público del Govern para las 84 plazas concertadas de las poco más de 100 que tiene el centro privado, después de que la Conselleria de Asuntos Sociales firmara un contrato con la empresa que gestiona la residencia. Debido a ello, el Govern puede rescindir el contrato si aprecia que no se cumplen las condiciones del mismo, y reubicar a los residentes a otros centros públicos del Ejecutivo, según informaron fuentes de Asuntos Sociales a este diario. Sin embargo, en estos momentos, hay lista de espera para entrar en las residencias públicas.
El Consell no descarta el cierre de la residencia
Carolina Escandell (PP), consellera de Bienestar Social de Eivissa, reconoció el pasado viernes, por primera vez –al menos públicamente–, que los estándares de cualificación profesional no se cumplen en Colisée, después de que este diario avanzara ese mismo día por la mañana que al menos dos empleados estaban ejerciendo funciones de enfermeros sin estar titulados en Enfermería. “Lo más preocupante, para el Consell Insular y los técnicos, es que los estándares de cualificación profesional no se cumplen”, dijo en una intervención en el pleno del Consell Insular, después de que Víctor Torres (PSIB-PSOE) le preguntara sobre esta cuestión. “Evidentemente, si los estándares de calidad o cualificación no se cumplen, está claro que las ratios no se cumplen hoy por hoy”, aseguró Escandell. La consellera insular de Bienestar Social afirmó que tal circunstancia se comprobó en una segunda inspección que se hizo la semana pasada.
Después de las preguntas del conseller insular socialista, Escandell explicó que, tras constatar la semana pasada la falta de cualificación de parte del personal, se habían requerido todas las titulaciones que faltaban, tanto de los profesionales como de la dirección del centro. En cuanto a sus competencias, dijo que su departamento podía inspeccionar, sancionar, suspender cautelarmente o retirar la autorización de la licencia de actividad de Colisée Sa Residència. “Es un proceso administrativo muy farragoso, complejo, sujeto a plazos y a una serie de regulaciones para garantizar que las decisiones que se toman no puedan luego generar más problemas”, argumentó Escandell.
En este aspecto, la consellera insular de Bienestar Social recalcó que “a lo mejor hubiera sido una decisión a tomar (la suspensión cautelar)”. “Pensábamos y entendíamos, y es lo que se nos trasladó, aunque tal vez no lo hayamos entendido bien, que la voluntad de todos es resolver el problema y que se garantice una atención de calidad, adecuada y que se restablezca la normalidad de la situación”, dijo Escandell, dado que el cierre implicaba dejar sin servicio a 105 usuarios, “altamente vulnerables y con un grado de dependencia elevado”. Sin embargo, reconoció que si no se solucionan los problemas, “se tomarán las medidas contundentes que se tengan que tomar”.
A la pregunta sobre desde qué momento tenía conocimiento de la situación del centro privado, Escandell explicó que los técnicos se habían dado cuenta de “un exceso de rotación y cambios en la dirección de Sa Residència, por inspecciones previas que se habían hecho”, antes de la denuncia formal que entró por registro de entrada el 11 de enero. Dos días después se realizó una inspección extraordinaria que constató diferentes “deficiencias”, por lo que se instó a la dirección a “enmendarlas”.
Un grupo de representantes de los familiares se reunió, por primera vez, el 19 de diciembre de 2022 con la consellera insular, Carolina Escandell. En esa cita, los familiares pusieron en conocimiento a la institución supramunicipal de la gravedad de la situación que afirmaban estar sufriendo los usuarios de Colisée.
Según explicó la consellera en el pleno del Consell Insular, ese día pidió a un grupo de familiares que hicieran una petición por registro de entrada, detallando todos los puntos, “para favorecer que no se hiciera una inspección genérica, sino muy detallada”. “Se valoraron todos los ítems aportados por las familias y alguno más”, afirmó Escandell. Entre ellos, se estudiaron protocolos y registros (que no estaban actualizados), así como las medidas de higiene, protocolos de cambio postural y otros detalles. Después, se instó al centro privado a presentar un “plan de actuación”.
Paralelamente, dijo la consellera insular de Bienestar Social, llevó a cabo reuniones presenciales con algunos familiares, pero también por teléfono y videoconferencia. “Me he ofrecido a desplazarme las veces que haga falta (a la residencia) e incluso a reunirme con las personas que están hoy (el viernes pasado) aquí para estar con ellos y escucharlos”, manifestó. Escandell detalló que, una vez que se ha constituido el Consejo de Familias –requisito indispensable de todas las residencias–, se podrán planificar reuniones en las que estén tanto ellos como representantes de Colisée, del Consell Insular y del Govern, “dado que tiene 84 plazas concertadas”, afirmó la consellera del ramo.
Finalizado su turno de intervención, Torres se mostró atónito ante algunas de las explicaciones que había dado Escandell. “¿Cómo es posible que se permita el incumplimiento flagrante de la normativa autonómica teniendo personal no cualificado ejerciendo funciones que requieren titulación?”, se preguntó. Torres citó también el titular de la noticia que avanzaba aquella mañana elDiario.es, que indicaba que al menos dos trabajadores estaban ejerciendo funciones de enfermeros sin tener el grado o diplomatura de Enfermería. Asimismo, lamentó que cuatro meses después “la situación continúe siendo grave” en la residencia de mayores.
A esta cuestión, Escandell respondió que el Ejecutivo insular había escogido dos vías: por un lado, la inspección, y por otro, las reuniones bilaterales para llegar a una solución satisfactoria, que no deje sin servicio a más de un centenar de residentes. “Si hay que llegar a una medida contundente se llegará, pero primero tiene que hacer su trabajo el órgano competente”, insistió. La consellera criticó a Torres porque, según ella, en la anterior legislatura en la que hubo un gobierno progresista no se hizo ninguna inspección en la residencia. “Al menos eso he visto en los registros que me han pasado”, comentó. “¿Qué hubiera hecho usted, cerrar el primer día? (...) A lo mejor nos hemos equivocado, no le digo que no. Pero nos parecía demasiado arriesgado”, aseguró Escandell.
Torres recordó también que, como explicaron los familiares en el punto dos de su escrito, las tarjetas sanitarias continúan “retenidas” en la farmacia que se encuentra a apenas un kilómetro de la residencia. “¿Cómo puede ser que incluso se realice su renovación cuando estas caducan, mientras que los familiares no tienen acceso a ellas?”, preguntó Torres en su interpelación a Escandell, que no respondió a esta cuestión.
Por otro lado, a partir de ahora, los familiares participarán en las comisiones de seguimiento del Consell Insular con la dirección de Colisée, tal como reclamaban, algo que se les había negado hasta ahora bajo el argumento de que se trataba de “reuniones técnicas”. Antonio Saucedo, conseller de Unides Podem en la oposición, presentó esta moción en la sesión plenaria que fue aprobada con los votos del PSIB-PSOE, PP y Ciudadanos. Saucedo, que criticó en su intervención “el gran negocio de las residencias propiedad de los fondos de inversión”, modelo que calificó de “enfermo”, agradeció al gobierno insular que votaran a favor de la propuesta.
“Un sistema democrático tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de sus ciudadanos mayores de las residencias”, indicó Saucedo. Después de leer algunos de los puntos del escrito que los familiares han hecho llegar a los partidos políticos e instituciones de gobierno, calificó el escenario de “auténtica película de terror”. “No podemos seguir esperando ni mirando para otro lado”, dijo y añadió que había que “actuar ya”. Finalmente, felicitó a las familias, algunas de ellas presentes en el pleno, por la “lucha” que habían emprendido.
El COIBA insta a los órganos competentes a “actuar”
El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Illes Balears (COIBA), competente en cuanto a la colegiación de los profesionales del sector, ha mostrado su rechazo ante los posibles casos de intrusismo en el sector de la enfermería de Colisée Sa Residència, según explican fuentes del órgano colegial de enfermería a este diario. Las mismas fuentes recuerdan que las entidades sanitarias, antes de contratar los servicios de enfermera o enfermero, “es fundamental que verifiquen mediante consulta con el COIBA si la persona reúne los requisitos exigidos por ley”.
En referencia a las informaciones publicadas por elDiario.es, sobre empleados de Colisée Sa Residència que supuestamente ejercen como enfermeros sin tener el título ni estar colegiados, el COIBA insta a todos los órganos competentes a unirse con el órgano colegiado en “la toma de las medidas que están al alcance de cada uno, no solo para solventar ese caso, sino para evitar futuros peligros”.
El órgano colegiado informa de que su Comisión Deontológica ya ha activado, consecuencia de haberle llegado estos hechos a su conocimiento, “las medidas pertinentes”. “El intrusismo es un fenómeno preocupante con consecuencias trascendentales porque puede afectar la salud de los pacientes de manera directa e inmediata, y, a la vez, anula las garantías sociales del ejercicio de la profesión enfermera, lo cual deja además al usuario en una situación de indefensión”, indican las mismas fuentes a este diario.
“Hacerse pasar por una enfermera, incorporar a personas que no son enfermeras, pero que ejercen como tales, o no comprobar la titulación correspondiente, repercute directamente en la seguridad de los pacientes y en la calidad asistencial del sistema sanitario y sociosanitario”, insiste el COIBA. El COIBA detalla que la profesión de enfermería es una profesión reglada, titulada y colegiada, “a fin de garantizar la protección de la salud y el derecho fundamental a la integridad física de las personas”, extremo que viene refrendado por los artículos 43 y 15 de la Constitución Española.
Del mismo modo, el Colegio recuerda que las enfermeras de Balears tienen el deber, según reconocen sus estatutos, “de denunciar en el Colegio todo acto de intrusismo que tenga lugar en su ámbito territorial y llegue a su conocimiento, así como aquellos casos de ejercicio ilegal, tanto debido a la carencia de colegiación como al hecho que la persona en cuestión se encuentre inhabilitada”, afirma citando el artículo 54.3.
En consecuencia, el órgano colegiado concluye que estas normas son de obligado cumplimiento, tanto en el ámbito jurídico respecto al requerimiento de la titulación y colegiación obligatoria, como en las normas éticas de la profesión de enfermería. “Las residencias tienen que garantizar que la realización del plan de curas a las personas mayores se lleve a cabo por parte de enfermeras, especialmente las especialistas en Geriatría, que son las profesionales que tienen la formación y las competencias necesarias para planificar, ejecutar y evaluar las curas”, concluye el COIBA.
La versión de Colisée
Las dos trabajadoras que están ejerciendo funciones de enfermeras sin tener la titulación de Enfermería homologada en España responden a las iniciales de A.N.M. y G.Z.M. elDiario.es se puso en contacto este martes por la mañana con Colisée Sa Residència y General Medical Care para verificar esta nueva información, consultarles si ambas trabajadoras (aportando nombres y apellidos completos) son empleadas de la residencia privada y si pueden aportar el número de colegiación de las trabajadoras para que tanto el COIBA como el CGE puedan comprobar los datos en sus registros. Esta redacción también ha llamado –sin éxito– a la residencia privada de Eivissa para pedir la versión de las afectadas, consultarles si las informaciones de las que dispone este diario son ciertas y para que aportaran sus números de colegiación.
Estas dos trabajadoras se suman a los otros dos empleados que tampoco poseen dicha titulación, J.J.P.R. y J.R.A.I., según publicó el pasado viernes elDiario.es. En realidad, J.J.P.R. y J.R.A.I. habrían estudiado Medicina en Cuba y Venezuela, respectivamente. En estos momentos, estarían en proceso de homologación de sus titulaciones en España, según ha podido saber este diario. Ambos son trabajadores de General Medical Care SLP, empresa que habría sido subcontratada por La Saleta Care SL (que gestiona la residencia privada de la isla).
Pasamos a reproducir el comunicado de la dirección de Colisée en su totalidad:
Actualmente, todos los profesionales de Sa Residència desarrollan las funciones correspondientes con su titulación y de acuerdo con la normativa vigente. El centro está en contacto y coordinación constante con las administraciones e instituciones sanitarias y sociales competentes, actuando de acuerdo con las pautas y recomendaciones acordadas, y dando respuesta en tiempo y forma a cualquier petición de información.
Desde Sa Residència, seguimos poniendo todos los esfuerzos económicos, humanos y materiales necesarios para asegurar la satisfacción de las necesidades de las personas residentes y la confianza de sus familias. Con todas ellas, estamos en contacto para que estén debidamente informadas y para escuchar sus opiniones y aportaciones.
Por su parte, General Medical Care ha negado a elDiario.es tener relación laboral con las trabajadoras (A.N.M. y G.Z.M), dice que no tiene personal de enfermería en el centro y que presta el servicio médico con médicos homologados y colegiados actualmente. Este diario ha vuelto a preguntar sobre los casos de J.J.P.R. y J.R.A.I., sobre cuya situación no recibió ninguna respuesta cuando se puso en contacto por primera vez con la empresa.
El Consell Insular, con competencias en inspección y sanción, ha contestado a este periódico que “la ausencia de acreditación de titulación por parte del personal es una de las carencias detectadas en la última inspección”. “Se trata de un expediente abierto y en plazo para poder hacer alegaciones, así que no podemos dar más datos”, han añadido.