El “fruto del árbol envenenado”: el juez y el fiscal que cercaron al magnate Cursach buscan tumbar el juicio contra ellos
Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán se enfrentan en la actualidad a las mayores peticiones de condena formuladas en España contra un juez y un fiscal. La Fiscalía Anticorrupción pide la friolera de más de cien años de cárcel para cada uno. Ellos, que durante años investigaron las supuestas actividades corruptas del magnate Bartolomé Cursach, se han convertido en procesados en una causa en la que el Ministerio Público les acusa de desplegar supuestas prácticas ilegales para incriminar al considerado 'rey de la noche mallorquina' y a varias decenas de investigados más. La crónica del caso Cursach es, sin duda, la historia de una metamorfosis judicial.
Desde este lunes, Penalva y Subirán se sientan en el banquillo de la máxima instancia judicial de Balears. Durante el primer día de juicio por los anteriores hechos, que juzga la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), la defensa de ambos ha reclamado la nulidad “absoluta” y “radical” de todo lo investigado contra ellos por estar sustentado, según los dos juristas, en la adopción de medidas “invasivas” e “ilegales”. Hasta el momento, los dos han buscado sin éxito tumbar las investigaciones contra ellos.
Junto a exjuez y exfiscal también están siendo juzgados cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo –un inspector, dos subinspectores y un agente– con los que Penalva y Subirán trabajaron estrechamente para perseguir al magnate. El juicio se celebra varios meses después de que la Audiencia Provincial de Balears absolviera a Cursach, a su mano derecha, Bartolomé Sbert, y a otros quince procesados, acusados inicialmente de integrar un entramado político, empresarial y policial dirigido a proteger los intereses del propietario del mayor imperio del ocio de Balears.
Bajo la batuta de Penalva –quien cogió las riendas del caso Cursach a mediados de 2015 y acabó recusado en marzo de 2018 por falta de apariencia de imparcialidad–, tomó forma la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios, unos hechos por los que hasta cuarenta personas acabaron encarceladas, entre ellas el propio Cursach. Con el transcurso de los años, la causa, que llegó a sumar más de un centenar de imputados, fue desinflándose poco a poco hasta quedar prácticamente dinamitada y el pasado mes de diciembre el magnate era finalmente absuelto tras no haber quedado acreditados los hechos de los que se le acusaba. En paralelo, el TSJIB abría juicio contra los antiguos investigadores del caso Cursach.
Investigaciones contra el exconcejal Álvaro Gijón
Los hechos que en este juicio se imputan a Penalva, Subirán y los cuatro policías se enmarcan, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma.
En el marco de este fleco, en octubre de 2016 fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.
El Ministerio Público sostiene que los acusados “se habían fijado como meta demostrar la implicación de A.G. [en referencia a Álvaro Gijón]” en los hechos investigados y entre todos ellos, postula, “comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”.
Móviles incautados, clave en la investigación
En medio de la expectación generada por la celebración de la vista oral, Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales han llegado a los Juzgados de Palma pasadas las 9.00 horas para responder de los supuestos delitos que pesan sobre ellos: detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial. Todos ellos niegan haber delinquido para construir a la carta sus investigaciones en torno al conocido empresario mallorquín y al resto de antiguos encausados y reclaman su absolución.
La defensa de Penalva y Subirán, ejercida por el abogado Javier Barinaga, ha centrado su intervención en el hallazgo del chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Sancus', mantenían abierto los dos juristas y los cuatro policías nacionales en paralelo a la instrucción del caso Cursach y cuyo contenido ponía en entredicho su actuación al frente de la causa. La Fiscalía Anticorrupción y una treintena de acusaciones particulares sostienen que las conversaciones halladas revelarían la actuación presuntamente coordinada que juez, fiscal y policías llevaron a cabo para, supuestamente, presionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y alargar de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados del caso Cursach con el objetivo de reforzar sus acusaciones.
El letrado ha alegado, sin embargo, que la localización del chat se produjo de forma ilegítima y, por tanto, invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra los dos juristas y los cuatro miembros de Blanqueo. En concreto, el hallazgo del chat se produjo en el teléfono móvil de uno de los policías que desde este lunes se sientan en el banquillo, Iván Bandera. El agente fue arrestado el 18 de diciembre de 2018, meses después de que varios abogados denunciasen la revelación a la prensa de diversas actuaciones del caso Cursach que estaban declaradas secretas. A partir de ese instante, afloraron indicios de que se habían filtrado documentos, declaraciones de testigos e informes en al menos una veintena de ocasiones, un despliegue acusatorio que llevó finalmente al juez a ordenar la detención del agente, uno de los policías hoy acusados.
“21 minutos de oscuridad”
“Iván fue detenido un 18 diciembre a las puertas de la Navidad, cuando iba a ser padre por primera vez. Eran las cinco de la tarde”, ha manifestado la defensa de Penalva y Subirán, quien ha recriminado que tras su arresto le fueron leídos sus derechos “sin asistencia letrada”. Hasta que pudo ser asistido por un abogado, transcurrieron “21 minutos de oscuridad”, ha enfatizado Barinaga, aseverando asimismo que la detención fue llevada a cabo “bajo una situación de jerarquía funcional”, dado que Bandera era un policía nacional “raso” que, además, no tenía “padrinos”. “No puede despreciarse este dato”, ha remarcado el abogado, que se ha referido a una “situación ambiental dura, muy dura”, en la que, al parecer, uno los superiores policiales del detenido le dijo: “Tú sabrás lo que haces, o nos das el móvil o bajas a calabozos”.
“Se ha tildado de voluntaria la entrega del móvil, pero ni fue una entrega ni fue voluntaria”, ha recalcado el letrado. En este sentido, ha insistido en que fue durante ese “acto de terror” de 21 minutos cuando se produjo la “incautación” y fue cuando ésta se había consumado y “ya estaba todo el bacalao vendido” cuando Bandera acabó siendo asistido por un letrado de oficio. “El hallazgo no fue casual, era lo que se estaba buscando”, ha remarcado respecto a la localización del chat, descartando así que el material probatorio fuese descubierto en el marco de las investigaciones de forma imprevista y fortuita, requisitos que establece la doctrina penal para poder hablar de un hallazgo casual. “Toda la instrucción, absoluta y completamente contaminada, está presidenciada por la información obtenida del móvil de Iván, lo que nos lleva a reclamar la nulidad absoluta y radical de lo investigado”, ha manifestado.
Se ha tildado de voluntaria la entrega del móvil, pero ni fue una entrega ni fue voluntaria. Iván, que es policía raso y no tiene padrinos, fue detenido un 18 diciembre a las puertas de la Navidad, cuando iba a ser padre por primera vez
Los alegatos de la defensa contrastan con lo manifestado por el TSJIB en varios de sus autos. El órgano judicial, que ha denegado en varias ocasiones la petición de nulidad reclamada por Penalva y Subirán, señala que Iván Bandera, tras su arresto, hizo entrega voluntaria de su dispositivo y autorizó que tanto éste como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. En una de sus resoluciones, el tribunal alegaba que el agente hizo “expresa renuncia a la preservación de su intimidad” toda vez que el volcado de la información de su teléfono se efectuó en presencia del abogado del policía y ante el letrado de la Administración de Justicia, lo que garantizaría la validez de la diligencia.
Filtraciones
Las defensas sostienen, además, que nunca se habría podido llegar hasta esta diligencia –la incautación del teléfono de Bandera y el hallazgo del chat de WhatsApp– si varias semanas antes no se hubiera acordado otra medida que califican de “invasiva” e “indiscriminada”: en diciembre de 2018, el juez que les investigaba, Miguel Florit, en medio del fervor indagatorio para averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa, acordaba la intervención de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa, una decisión que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados.
Las defensas de los acusados sostienen que el rastreo de llamadas de los informadores condujo, inexorablemente, a la detención de Bandera y, con ello, al hallazgo del chat en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’, en virtud de la cual toda prueba obtenida de forma ilícita debe quedar invalidada, y con ella, si es necesario, el resto de pruebas relacionadas.
Como ha manifestado Barinaga, “toda la investigación policial estaba orientada a la obtención de fuentes de los periodistas”. La intervención de los dispositivos de los informadores fue más tarde declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional mediante una sentencia a la que se aferran los acusados para apelar a la nulidad del caso, dado que, aducen, la confiscación de los móviles llevó a impulsar una macroinvestigación contra ellos fundamentada en los datos obtenidos de medidas “invasivas e ilegales”.
La defensa de Penalva y Subirán sostiene que la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas, declarada una práctica ilegítima por el Constitucional, dio lugar a una investigación contra los juristas, y que por ello la causa debe decaer
“Si declaramos nula la intervención contra los periodistas, debe anularse esta investigación y dictarse una sentencia absolutoria”, ha aseverado, en esta línea, el abogado Álvaro Martín, en representación del antiguo inspector jefe del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, José Luis García, también acusado. El letrado ha reclamado del mismo modo la nulidad de las investigaciones contra ellos.
Intercambio de mensajes con una testigo clave
Al respecto, el TSJIB determinó en su día que las pesquisas impulsadas para investigar las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach no arrancaron a partir de la incautación de los móviles de los periodistas ni con la localización del chat, sino que fueron iniciadas “con mucha anterioridad”, por lo que “ya se disponía de elementos de investigación que apuntaban” a Penalva y Subirán. Para entonces, ya habían aflorado grabaciones y mensajes de WhatsApp que tanto el exjuez como el exfiscal habían remitido a una testigo clave del caso Cursach para indicarle qué debía declarar en un momento determinado.
Por su parte, el abogado y exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien defiende al subinspector Miguel Ángel Blanco, se ha adherido a las peticiones de nulidad formuladas por sus compañeros de estrado. “No quiero volver a vivir el caso Cursach. Pero voy a hacer un esfuerzo para convencer al tribunal de que hay que poner fin a este juicio en los próximos días. Todas las acusaciones coinciden con nosotros, eso sí, en su fuero interno”, ha aseverado sobre los alegatos que Fiscalía y demás acusaciones vierten contra los procesados.
Tras el turno de las defensas, el fiscal Tomás Herranz ha tomado la palabra. Lo ha hecho para defenderse de una de las incriminaciones lanzadas por las defensas en el sentido de que no estaría legitimado para dirigir la acusación en este juicio: “Este fiscal no está aquí por casualidad, está porque se le asignó por decreto de 24 de abril de 2019”, ha aseverado Herranz, quien ha presentado a su vez un informe policial que destierra que supuestas filtraciones producidas en la causa contra Penalva y Subirán estuvieran bajo secreto. Asimismo, sobre las críticas de las defensas a la labor de los policías nacionales que investigaron a exjuez y exfiscal, ha considerado “lamentable intentar engañar a la sala diciendo que alguien ha hecho lo que no ha hecho”.
El representante del Ministerio Público –fue el fiscal que rompió a llorar al término del juicio del caso Cursach al considerar que la causa contra el empresario del ocio había sido “un fracaso total de la Justicia”– reanudará su intervención el próximo miércoles, durante la segunda sesión de la vista oral, para entrar de lleno en el asunto de las nulidades.
Peticiones de las acusaciones
En concreto, la Fiscalía reclama 118 años de cárcel para Penalva y 121 y nueve meses para Subirán, además de 105 años y medio para el subinspector Miguel Ángel Blanco, 71 años para la subinspectora Blanca Ruiz, 85 y medio para el inspector jefe José Luis García y 94 para el agente Iván Bandera. Por su parte, los directivos del grupo Cursach solicitan más de treinta años de cárcel para Penalva y Subirán por hasta catorce hechos presuntamente delictivos así como multas que ascienden a 2,3 millones de euros. Las acusaciones reclaman en conjunto más de 5,5 millones de euros en indemnizaciones.
Mientras tanto, la defensa de Gijón solicita para el expolítico un millón de euros, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. Según uno de los atestados de la Policía Nacional incorporados a la causa, los antiguos investigadores del caso Cursach buscaban, con el arresto de los familiares de Gijón, que el exconcejal llegara “jodido” a su declaración en la causa, en la que indagaban, en concreto, el supuesto cobro de un millón de euros en comisiones y la entrega de una vivienda a cambio de la adjudicación del servicio de regulación de aparcamiento.
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